Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una licitación fraudulenta a una compañía promovida por el empresario Giancarlo Valer Enciso, quien ofreció una coima de S/1 millón si le daban el contrato, y así fue. Pero los controles del BID descubrieron el complot en el que participó activamente la suspendida fiscal de la Nación.
El empresario Giancarlo Valer Enciso ofreció una “recompensa” de un millón de soles a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, si conseguía que el Ministerio Público contrataba a la compañía Italtel Perú para la instalación de un Data Center Principal y un Data Contingencia por US$46,8 millones. Benavides cumplió con su parte y el Comité de Selección del Ministerio Público eligió la propuesta de la firma Italtel Perú.
Sin embargo, como se trataba de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se requería de la validación del sistema de control de este organismo. Finalmente, el BID rechazó darle el visto bueno porque detectó deficiencias en el burdo proceso de adjudicación montado por Benavides y sus cómplices. E incluso cuestionó la transparencia de los funcionarios asignados a la licitación.
Los hechos se iniciaron en la primera semana de junio de 2023 cuando la empresaria Grika Assayag O’Besso, allegada a Palacio de Gobierno, amiga de la presidenta Dina Boluarte, llamó a su amigo el entonces asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva Barreto, porque quería presentarle a un conocido que era contratista del Estado especializado en tecnología e informática, Giancarlo Valer Enciso, quien estaba interesado en una licitación en el Ministerio Público.
FALLIDO PRIMER INTENTO
Se trata de uno de los proyectos más importantes y costoso del Ministerio Público que financiaba el BID para la modernización del sistema de justicia peruano: la habilitación de un Data Center Principal y un Data Contingencia por US$46,8 millones, conocido como Proyecto Carpeta Fiscal Electrónica.
Con la finalidad de orientar la licitación en beneficio de Italtel Perú, el empresario Giancarlo Valer sostuvo reuniones con los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, y con el gerente central de la Oficina General de Logística del Ministerio Público, Jorge Palomino Quesada. Pero la conspiración fracasó porque una empresa postora mexicana no presentó su oferta, por lo que el 7 de septiembre el proceso se declaró nulo.
De acuerdo con la resolución del juez Raúl Justiniano Romero, quien por este caso dispuso la detención de Giancarlo Valer, Miguel Girao y Jorge Palomino el martes por la mañana, los confabulados no pudieron cumplir con su cometido porque había funcionarios del MInisterio Público que se negaron a favorecer a Italtel Perú. Por lo que recurrieron a Patricia Benavides para que designe a nuevos funcionarios, esta vez captados para beneficiar a la compañía que promovía Giancarlo Valer. Como dueños de Italtel Perú aparecen Walter Aguirre Vidaurre y Carlos Fernández Gates.
Antes de convertirse en proveedor del Estado, Giancarlo Valer trabajó varios años en entidades públicas, especializándose en contrataciones y adjudicaciones, como en ProCiencia (dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros), el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entre otros. Estos contactos le sirvieron de mucho cuando pasó al campo de los proveedores del Estado, vinculandose con las empresas Italtel Perú e Inversiones Tecnológicas del Perú.
No está de más apuntar que la única vez que Italtel Perú ganó un contrato con el Estado fue con el OEFA por S/20 millones, en 2021. Coincidentemente, en ese organismo trabajó Giancarlo Valer.
EL VIEJO VÍNCULO
Fue en ProCiencia que Giancarlo Valer conoció a Blanca Arce Barboza. Para el nuevo proceso de licitación para beneficiar a Italtel Perú, Valer pidió a la suspendida fiscal Patricia Benavides, por intermedio de sus exasesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, que nombrase a Blanca Arce como directora de la Unidad Ejecutora N.º 011 Carpeta Fiscal Electrónica, que financia el BID.
Luego de una entrevista personal con Patricia Benavides, Blanca Arce, con experiencia en proyectos del BID en diferentes entidades públicas, fue nombrada directora de la mencionada Unidad Ejecutora, el 17 de octubre de 2023.
Pocas semanas después, con la misión de manipular la licitación financiada por el BID, el 3 de noviembre de 2023 Blanca Arce reconstituyó el Comité de Selección y designó como presidente a Félix Jiménez Cheque y como integrantes a Igor Villanes Vergara y Jenny Ochante Cahuana. Según las declaraciones de los testigos obtenidas por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Jenny Ochante actuó como “topo” de los confabulados. Por eso, durante la Operación Valkiria XI ejecutada el martes, fueron allanadas las viviendas de Blanca Arce y Jenny Ochante.
A PEDIR DE BOCA
Y, efectivamente, el Comité de Selección del Ministerio Público manipulado por Benavidfes y sus cómplices escogió la oferta de la empresa Italtel Perú que propuso US$46,8 millones, mientras que la compañía Estructuras Digitales de México Comercializadora solicitó US$47 millones.
El 17 de noviembre, el Comité de Selección informó a la directora Blanca Arce que el proyecto había sido adjudicado a Italtel Perú, y el mismo día solicitó al BID la no objeción para luego recibir las transferencias correspondientes.
Pero el 19 de diciembre, después de una evaluación de su sistema de control interno, el BID desestimó el pedido, entre otras razones, por deficiencias en el proceso de licitación y puso en cuestión la idoneidad de los miembros del Comité de Selección. Un fraude completo.
La organización de Patricia Benavides hasta el momento en que esta fue suspendida, no pudo adjudicar el proyecto a Italtel y hasta el momento sigue pendiente de contratación.
Empero, según el Eficcop, Giancarlo Valer consiguió consumar solo un contrato mucho menor respecto al monto del que financia el BID. Logró que el Ministerio Público compre a la compañía Inversiones Tecnológicas del Perú, representadas por Johan Chauca Iparraguirre y Gustavo Bullón Ausejo, computadoras por S/7,5 millones. Por eso, las casas de Chauca y Bullón fueron intervenidas durante la Operación Valkiria XI.
Según las declaraciones de los testigos ante la Eficcop, Giancarlo Valer pagó sobornos por S/70,000 por estos contratos con Inversiones Tecnológicas del Perú, de los cuales S/30,000 correspondió a Patricia Benavides. Pudieron ganar el S/1 millón que ofreció Valer, pero fueron descubiertos por los auditores internos del BID. (LA REPÚBLICA)