Documento es custodiado en Trujillo por la Corte Superior de Justicia de La Libertad
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al Acta de Instalación de la Corte de Justicia del Norte, fechada el 30 de abril de 1824. Esta decisión se basa en su relevancia histórica como la primera Corte de Justicia del Perú en la era republicana.
La Resolución Viceministerial N° 000091-2024-VMPCIC/MC, publicada en el Diario Oficial El Peruano, lleva la firma de la Viceministra Haydee Rosas Chávez. Destaca los valores históricos, políticos, sociales y simbólicos del documento.
La primera Corte de Justicia del Perú marcó un hito en la lucha por la independencia frente al dominio español. Trujillo se convirtió en la capital de la República durante una crisis provocada por el conflicto.
La instalación de esta corte fue crucial para los departamentos y regiones liberados del yugo español. La población respondió con recursos para consolidar la guerra contra los realistas, bajo la convocatoria universal de diversos sectores.
El Acta de Instalación, custodiada por la Corte Superior de Justicia de La Libertad, es un testimonio vital de los esfuerzos por la independencia. Con la llegada de Simón Bolívar en 1823, se buscaba poner fin al dominio de la Corona española.
Trujillo, como capital provisional, estableció las primeras instituciones republicanas mientras se liberaba el territorio. La creación de la Corte de Justicia del Norte en 1824 garantizó la aplicación de la justicia en un Estado en búsqueda del bien común.
La emisión del Acta no fue una respuesta de emergencia, sino parte de un ejercicio constitucional en la lucha contra el dominio español. Se buscaba generar identidad en las regiones liberadas y establecer una patria unificada.
El documento revela un significativo valor biográfico al incluir a personajes ilustres como José Faustino Sánchez Carrión y Manuel Lorenzo de Vidaurre. Es un reflejo de una nueva concepción de la condición humana frente al establecimiento de la República.
El Acta de Instalación representa el derecho de los habitantes a ser libres del yugo español. Su declaración como Patrimonio Cultural resalta su importancia para comprender la historia y la identidad del Perú Republicano.