La Asamblea Nacional tenía previsto continuar este miércoles con el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso; sin embargo, el mandatario se adelantó y, en un mensaje televisado, anunció la disolución del Parlamento ecuatoriano.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles, 17 de mayo, la disolución de la Asamblea Nacional por “grave crisis política y conmoción interna”, un día después de que el Congreso ecuatoriano culminara la primera jornada del juicio política en contra del mandatario acusado de supuesta corrupción.
En un mensaje a la Nación, el mandatario del vecino país anunció la activación de la denominada “muerte cruzada”, una herramienta establecida en la Constitución que permite al presidente disolver el Legislativo, convocar nuevas elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses.
Asimismo, Lasso informó que ha pedido al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales, un acto al que calificó de “acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el dignatario podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
El presidente ecuatoriano aplicó esta medida después de comparecer ante el Parlamento de su país, dominado por la oposición, por el pedido de destitución por el presunto delito de peculado.
El debate debía retomarse hoy antes de que se vote la moción de censura, que requería de 92 votos para aprobarse, pero Lasso se adelantó y optó por la “muerte cruzada”.
¿De qué se trata la ‘muerte cruzada’?
Justamente, el internacionalista Ramiro Escobar explicó en La Rotativa del Aire los alcances de este mecanismo, contemplado en la Constitución ecuatoriana desde 2008. Según detalló, esta herramienta responde más a “una decisión política”.
“Le iban a hacer un juicio político y, con 92 votos, lo iban a destituir. Antes de que eso ocurra, él ha apelado al mecanismo constitucional de la muerte cruzada, que consiste en que nos vamos todos. Disuelve el Congreso y está obligado a llamar elecciones; es decir, se va el presidente y el Congreso”, comentó el especialista.
“Si [el presidente] ve que la situación se le va de las manos o es inmanejable el país, apela a la muerte cruzada y, en ese caso, se disuelven ambos poderes”, agregó.
Escobar también dijo que no se podría hablar de un golpe de Estado – tal como lo intentó Pedro Castillo en Perú, en diciembre de 2022 – puesto que la muerte cruzada establece la salida de ambos poderes del Estado ecuatoriano.
Así, el internacionalista precisó que lo que ahora corresponde al Perú y al resto de naciones de la región es “llamar a la inestabilidad interna" en Ecuador.
“Lo que corresponde a las cancillerías es decir lo que habitualmente se dice: Es un problema interno en Ecuador, que se ha resuelto con mecanismos constitucionales; es decir, acá no ha habido un intento de golpe de Estado”, puntualizó.
¿Por qué la oposición buscaba destituir a Guillermo Lasso?
La oposición legislativa sostiene que Guillermo Lasso es responsable político de presuntos actos de corrupción que se habrían registrado en la administración estatal bajo su mandato.
En un inicio, la acusación fue formulada por concusión y peculado (malversación), pero la Corte Constitucional solo aprobó la realización del juicio político por peculado.
Con ello se quedó fuera del caso el capítulo más mediático y que había centrado la opinión pública durante los primeros meses de 2023, ante una supuesta trama de corrupción en empresas públicas que involucraba al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
La oposición señala que Lasso tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado de un contrato suscrito por la naviera estatal Flopec con la firma privada Amazonas Tankers y que no actuó para rescindirlo.
Por su parte, la defensa del presidente alega que los contratos fueron suscritos bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, ya con Lasso en el poder, se requirió a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) un análisis cuyas recomendaciones fueron acogidas a la hora de renovar los contratos.(RPP)