El Ministerio Público anunció la suspensión de los servicios periciales, por lo que esto significaría un grave riesgo en las investigaciones para casos emblemáticos y principalmente por los asesinatos en las protestas sociales contra el régimen de Dina Boluarte. Para la abogada Cruz Silva, esto representaría visos de impunidad. Los exfiscales supremos, Avelino Guillén y Víctor Cubas, alertan de un entorpecimiento y burocratización en estos casos.
Por Jair Sarmiento
Las indagaciones para determinar si los 48 fallecidos en las protestas sociales murieron o no por impacto de bala, o qué tipo de armas se usaron, o si esos proyectiles provinieron de la PNP o las Fuerzas Armadas estarían en riesgo. Toda esa investigación podría verse entorpecida debido a la última decisión de la cuestionada Fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Hace tres días el Ministerio Público anunció la “reestructuración» o «reorganización” de la Oficina de Peritajes. ¿Por qué esta acción causa preocupación? Esta oficina se encuentra a cargo de las diligencias en casos emblemáticos (Fujimori, Cuellos Blancos, Repsol, etc.) y las últimas muertes de civiles por la represión militar y policial del régimen de Dina Boluarte.
Según un oficio del Ministerio Público firmado por el gerente de peritajes, Augusto Bambaren Arteaga, se dispuso la suspensión de los servicios periciales. Por ende, los fiscales a cargo ya no podrán recurrir a esta entidad, y en su lugar, deberán dirigirse a las Juntas de Fiscales Superiores a nivel nacional.
Además de ello, hay un informe de la Fiscalía en donde se plantea cerrar esta oficina y reemplazarla por una Oficina Técnica de la Labor Pericial, la cual estaría bajo el mando de la Junta de Fiscales, los cuales responden a la Fiscal de la Nación.
RIESGO DE IMPUNIDAD
Al respecto, Cruz Silva del Carpio, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), manifestó su preocupación debido a que estos cambios ocurren en un contexto donde se han violado derechos humanos. “Hay un serio riesgo de impunidad”, indicó.
Para del Carpio, los resultados y el resguardo del material que se tiene que someter a peritaje está en peligro porque las nuevas personas a cargo podrían ser no idóneas y sus decisiones afectarían las investigaciones que se estaban realizando.
De igual forma, recordó que esto se suma a otros cuestionamientos que viene teniendo la Fiscal de la Nación. “Desde que asumió el cargo, comenzaron diversas preocupaciones. La contratación de personas que estaban involucradas en presuntos casos de corrupción, los cambios en el equipo especial del caso Cuellos Blancos, el cambio de fiscal que investigaba a su hermana, la reorganización de fiscalías de derechos humanos”.
Para la abogada, esto significa un retroceso imparable en el Ministerio Público, no solo en su independencia interna y el acceso a justicia que sus investigaciones pudieran lograr, sino que también genera un escenario de violación de independencia de sus propios fiscales.
Por su parte, el exfiscal supremo y renombrado abogado, Víctor Cubas, recuerda que durante la dictadura de Alberto Fujimori y la gestión de la exfiscal Blanca Nélida Colán también se pretendió controlar el trabajo fiscal, lo que constituía una injerencia. “Esto no es nada nuevo”, apunta.
“Como la fiscal ignora cuestiones elementales de derecho, se mete a hacer este tipo de cosas, ilegales e inconstitucionales, con eso sirve a intereses corruptos para generar impunidad, se pretende favorecer a altas autoridades del gobierno actual”, manifestó.
En tal sentido, Cubas agregó que la Oficina de Peritajes está al servicio de la actividad fiscal, y los fiscales recurren a peritos. “Nada tiene que hacer la Fiscal de Nación ni la Junta de Fiscales, simplemente, por ley orgánica, la Junta no tiene facultades para controlar el trabajo fiscal, la cual es independiente”.
Para el exfiscal Cubas, con esta acción solo se pretende encubrir la verdad.
HACEN LENTO EL PROCEDIMIENTO
Ahora la solicitud o el pedido de pericias se tendrá que hacer ante el presidente de la Junta de Fiscales Superiores o ante el Coordinador del área especializada.
“Lo que se está haciendo es burocratizar el procedimiento, esto hará el proceso mucho más lento, sujeto a la decisión de un tercero que ni conoce la investigación”, explicó el exfiscal supremo, Avelino Guillén.
Para el abogado y jurista, si bien la Oficina de Peritajes arrastra una serie de problemas, estos son debido a la desidia del Estado para implementar recursos económicos necesarios para contar con el número de peritos suficientes y los responsables del Ministerio Público tampoco han hecho una correcta gestión de los recursos.
“Dictar una medida así, me parece una medida absolutamente inoportuna, es una decisión que debe revocarse, de ninguna manera se puede suspender un servicio esencial para investigaciones de carácter penal”, acotó Guillén y señaló que la Fiscalía tiene la obligación de presentar al país, en un tiempo razonable y breve, los resultados de su trabajo. “Y ese trabajo se basa en pericias”, añadió.(Wayka.pe)