Con 8 votos a favor y 7 en contra, se aprobó modificar artículos de ordenanza que establecía nueva estructura órganica del Gobierno Regional de La Libertad
La sesión ordinaria mixta (continuada) no contó con la presencia de la consejera por Pacasmayo, Olanda Torres Cancino, de Trabajo Más Trabajo (T) y cuyo voto habría impedido la aprobación de dicho dictamen.
A los votos a favor de cinco consejeros por Alianza para el Progreso (APP) se sumaron los de Segundo Cépeda Uriol (Acción Popular), Gissela Crisólogo Polo (Fortaleza Perú) y Lorena Carranza Blas, quien renunció al partido liderado por Elías Rodríguez Zavaleta y actualmente es vinculada a APP.
Posiciones
El exconsejero regional Greco Quiroz Díaz comentó que la ordenanza nueve establecía una nueva estructura orgánica del gobierno regional, además de aprobar un reglamento de organización y funciones que precisaba los cargos y qué función iba a desarrollar cada funcionario.
Pese a estas precisiones, agregó el abogado, la gestión de César Acuña nombró a gerentes y subgerentes que no cumplían el perfil establecido por la ley y, en algunos casos, en cargos que ya no existían. Esta situación también fue observada por la Contraloría y el 24 de marzo, Acuña se vio obligado a cesar del cargo a seis funcionarios.
“Lo que se ha hecho es que el Ministerio Público ya no puede denunciar por el delito de nombramiento ilegal, porque el Consejo Regional está dándole una norma en la que se dice que pueden quedar convalidados todos los actos administrativos que hicieron después de la ordenanza. Se ha lanzado un salvavidas a César Acuña”, criticó Quiroz, quien adelantó que denunciará penalmente a los consejeros que votaron a favor de modificar ambos artículos. “Han sido cómplices: no hay retroactividad administrativa”, enfatizó.
Quien también lamentó la postura de la mayoría del Consejo Regional fue Robert De La Cruz Rosas, consejero por Trujillo por la “T”: “Hay incoherencias, contradicciones. Seguro esto va a pasar a la Contraloría, a la Fiscalía. Yo tengo una posición clara: lo que se ha buscado es blindar a los funcionarios, darles más chamba a más personas, utilizar este argumento legal de derogar dos artículos para que muchos de los funcionarios hoy encajen en el perfil y favorezcan al amigo del partido y a quien ha hecho la campaña”.
(CORREO)