Un informe de la Contraloría revela que personajes vinculados a César Acuña y su partido accedieron a altos cargos en la entidad dirigida por Josué Gutiérrez sin cumplir requisitos mínimos. El órgano de control alerta sobre irregularidades en proceso de selección y conflictos de interés.
En la Defensoría del Pueblo, dos alfiles de César Acuña fueron colocados en puestos clave, pese a no cumplir con los requisitos.
Así lo concluye un informe de la Contraloría General de la República del 25 de febrero, al que accedió Perú21. El documento revela serias irregularidades en la designación de dos altos funcionarios con vínculos directos al partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por Acuña.
Se trata de María del Carmen Olórtegui Risco, nombrada jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, designado el 24 de junio de 2024 como jefe de Gabinete de la Defensoría del Pueblo por orden de Josué Gutiérrez, actual defensor del Pueblo. Canales renunció a la entidad tres días después de que la Contraloría emitiera el informe de control.
EXPERIENCIA A LA MEDIDA
Olórtegui Risco es psicóloga y, sin éxito, intentó ingresar a la política con Fuerza Popular en las elecciones congresales de 2020 y 2021.
Luego, se afilió a APP el 4 de julio de 2023, según el Jurado Nacional de Elecciones. Un año después, asumió un rol clave en el comité del partido en La Libertad.
El informe de Contraloría que revisó Perú21 evidencia que Olórtegui Risco no cumple con los requisitos mínimos para el puesto al cual se aferra hasta la fecha. El cargo exige cinco años de experiencia en la función o materia, pero ella solo pudo acreditar cuatro. Además, los documentos presentados para respaldar su experiencia laboral no guardan ninguna relación con la defensa de derechos ciudadanos.
El órgano de control identificó que ejerció la docencia en instituciones educativas y centros psicológicos, funciones sin vinculación con el trabajo defensorial. Desde 2005 fue docente en la Universidad César Vallejo, propiedad de Acuña, y también trabajó como psicóloga en diversos colegios.
Olórtegui, quien recibió una invitación directa de Josué Gutiérrez para ocupar el cargo, no adjuntó más de un certificado de trabajo para respaldar su experiencia. La Contraloría también determinó que su afiliación al partido APP sigue vigente, pese a que ella indicó a inicios de su gestión que solicitaría una licencia partidaria. Esto infringe la normativa de neutralidad de la Defensoría, según el informe.
En el caso de Juan José Canales Durand, quien también mantiene su militancia activa en APP desde 2018, la Contraloría concluye que su designación no se ajustaba a los criterios de experiencia establecidos para el cargo de jefe de Gabinete.
El cargo exige cuatro años de experiencia en la materia, pero Canales solo acreditó tres años y 29 días, según el informe revisado por este diario.
“Se evidenció que el funcionario designado no cumple con el requisito mínimo de experiencia específica exigido para el cargo de jefe de Gabinete, lo que compromete la idoneidad de la designación y afecta los principios de meritocracia y transparencia en la gestión pública”, se lee.
Asimismo, la Contraloría advierte en su informe de control que ambos procesos internos carecieron de imparcialidad. “La omisión en la declaración de bienes y rentas, así como la falta de transparencia en la información económica del funcionario designado, genera un escenario de posible conflicto de intereses que vulnera la normativa de integridad y buen gobierno”, relata el documento.
A OJOS CERRADOS
Uno de los hallazgos más graves identificados por la Contraloría recae sobre la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo. Esta dependencia aprobó las hojas de vida de Olórtegui y Canales, pese a que no cumplían con los requisitos para sus cargos.
Además, la Oficina de Asesoría Jurídica, que debía garantizar la legalidad del proceso, tampoco hizo observaciones. Su omisión permitió que ambas designaciones avanzaran sin contratiempos. “No se hallaron observaciones jurídicas que evidencien un análisis crítico sobre la idoneidad de los candidatos seleccionados”, detalla el informe.
El hecho de que estas oficinas no hayan puesto reparos en las contrataciones abre la puerta a un cuestionamiento mayor: ¿se trató de simples errores administrativos o hubo una intención deliberada de favorecer a personas con vínculos partidarios?
Perú21 conversó con Olórtegui, quien, mientras llegaba a su despacho en la Defensoría del Pueblo, mencionó que no había sido notificada por la Contraloría sobre el informe de control, por lo cual no podía pronunciarse.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló a este diario que la responsabilidad de las contrataciones recae en las otras áreas, pese a que él firmó las designaciones de ambos funcionarios.
“Las evaluaciones las realizan órganos especializados de la Defensoría y están debidamente sustentadas. Si otra entidad opina lo contrario, sería necesario tener el documento para opinar y en lo particular no tengo esa información”, escribió.
Mientras tanto, César Acuña volvió a ausentarse de su cargo de gobernador regional. Ahora sumará 113 días —entre licencias y vacaciones— sin verlo al frente de la región La Libertad. (PERÚ 21)