El homicidio del vocalista de Armonía 10 confirma una cruda realidad: el innegable incremento de los asesinatos en el país. Los artistas no son las únicas víctimas, sino también bodegueros, emprendedores, comerciantes y toda la ciudadanía que se ve desprotegida ante el avance de criminales como Erick Moreno Hernández y la inoperancia de las autoridades que hoy están a la deriva.
El asesinato del recordado cantante de Armonía 10, Paul Flores, provocó una ola de indignación ciudadana que motivó la Marcha contra la Inseguridad el pasado viernes en el Centro de Lima.
La movilización congregó a cientos de ciudadanos y figuras del medio artístico que se movilizaron para exigir que el Gobierno tome medidas para frenar los atentados a mano armada que enlutan al país.
La cantante Leslie Shaw participó en la marcha, resguardada por cuatro guardaespaldas y usando un chaleco antibalas.
Llevaba una bandera peruana con los colores negro y blanco como protesta por la muerte de Flores, con quien interpretó “El pendejerete”, una de las canciones más sonadas de 2024.
El impacto por la muerte del ‘Russo’ afectó a la artista, quien rompió a llorar en plena caminata.
Las amenazas de los extorsionadores no son nuevas en el mundo de la música. El líder del Grupo 5, Christian Yaipén, reveló que debe contratar escoltas con armas de largo alcance y hasta francotiradores para poder garantizar su seguridad y la de su equipo en cada presentación.
“Todas las agrupaciones de cumbia van con escoltas, con ametralladoras, con armamento largo, con todo para la defensa de los delincuentes”, dijo.
LA HUELLA DEL ‘MONSTRUO’
El atentado contra el músico llevó la firma de Erick Moreno Hernández (34), alias el ‘Monstruo’ (ver recuadro), el cabecilla de Los Injertos del Cono Norte, la banda criminal que ha sembrado el terror en la capital.
Esta organización criminal se dedica al secuestro, la extorsión y al cobro de cupos, principalmente en Lima Norte.
El mánager de Armonía 10, Agustín Távara, denunció que el delincuente le escribió después de matar a Paul Flores para exigirle una fuerte suma de dinero y una fecha mensual a cambio de no matar a otro de sus músicos.
“Evita que siga matando a tus cantantes y alinéate conmigo: S/70,000 y una fecha por mes. Yo no quiero padrinos porque yo soy el papá de papás. Así que ya sabes, las cosas claras”.
En otro mensaje, el criminal continuó con sus amenazas para presionar a Távara a ceder a la extorsión.
“Yo soy un maldito. Cuando me retan tardo, pero no me olvido, y ustedes me subestimaron y esas son las consecuencias”, advirtió amenazante el delincuente de 34 años.
490 MUERTOS Y SEGUIMOS CONTANDO
El acecho que sufren los artistas por parte de los criminales es el pan de cada día para miles de ciudadanos en el Perú.
Un caso reciente es el de Martín Arteta Díaz, quien no pudo escapar de los extorsionadores. La madrugada del sábado 22 de marzo fue asesinado de cuatro balazos en la puerta de su propia licorería en Comas.
Irónicamente, el emprendedor abrió este negocio porque dos años antes tuvo que cerrar su discoteca en el mismo distrito por culpa de la extorsión.
Como él, son asesinadas a diario decenas de personas en nuestro país. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del año se han producido 490 homicidios a lo largo del territorio nacional.
Lima es por lejos el departamento donde se concentran más muertes violentas. Los datos de Sinadef evidencian que en estos 82 días en la capital hubo 171 asesinatos. En segundo lugar está La Libertad con 53 homicidios y, en tercero, el Callao con 46 víctimas mortales de la violencia.
La ola de violencia no afecta solo a los emprendedores, también hay víctimas colaterales: Yolanda Lavado de la Cruz, una mujer de 28 años que se subió a un colectivo en Ate y fue sorprendida con cuatro impactos de bala que acabarían con su vida el 23 de enero. Los extorsionadores fueron por el chofer, pero terminaron matando a la pasajera.
“Hay dos fenómenos que han impulsado las muertes: el primero son las amenazas y el cumplimiento de estas en el negocio extorsivo, y el segundo, la disputa de zonas de negocios ilícitos entre diversas organizaciones criminales”, explicó el exviceministro del Interior Ricardo Valdés a Perú21. Los colectivos son una de esas economías informales.
El especialista advierte que, además, hay un uso indiscriminado de armas de fuego a las que pueden accederse fácilmente, saltándose el mercado regular.
RESPUESTA INEFICIENTE
Pese a las alarmantes cifras de las muertes producto de la criminalidad, desde el Gobierno han optado por la estrategia de siempre, que no ha traído resultados, y declararon el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días.
Para Valdés, la medida “va a seguir siendo un fracaso simplemente porque fue decretado como un impulso del Ejecutivo ante la muerte de Paul Flores”.
Un factor para tener en cuenta, según el exviceministro, son que los mensajes extorsivos se envían a través de redes sociales y los cupos se pueden pagar a través de transferencias o billeteras digitales, lo que hace “absurdo” decretar el estado de emergencia para controlar la extorsión.
El servicio militar y policial obligatorio, y la ampliación de la pena de muerte, propuestos por Boluarte, tampoco ayudaría a combatir el crimen.
“Las medidas son improductivas y la pena de muerte y el servicio militar son inviables en el corto y mediano plazo, porque habría que cambiar la Constitución y eso tiene un plazo”, explicó el experto.
A LA DERIVA
En la víspera de su censura, el exministro del Interior Juan José Santiváñez intentó culpar a una “campaña de desprestigio” y a una “narrativa de inseguridad extrema” la mala percepción que la ciudadanía tiene de su gestión.
Pero no solo los número los números de Sinadef evidencian el mal manejo de la crisis de inseguridad ciudadana. La última encuesta Ipsos reveló que el 60% de los peruanos considera que este problema empeoró en los 10 meses que él estuvo al frente del Mininter.