El excongresista dejó entrever que Alianza para el Progreso y Fuerza Popular estarían detrás de su condena, con la intención de frustrar su postulación al Gobierno Regional de La Libertad
Se defiende
El actual precandidato al Gobierno Regional de La Libertad por el partido político Somos Perú dejó entrever que detrás de su sentencia estarían Alianza para el Progreso (APP), de César Acuña, y Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.
“Yo he anunciado acá en La Libertad que estoy trabajando para poder ser una opción al Gobierno Regional y de la noche a la mañana se le han puesto los pelos de punta a mis adversarios, que justamente son los que manejan los hilos del poder en el Perú”, aseguró en Exitosa Noticias.
Salaverry consideró que es “incómodo” para sus adversarios políticos. “Esta denuncia nace en el Congreso, con mayoría fujimorista. Cuando yo renuncio a Fuerza Popular, a la semana siguiente me ingresan esta denuncia, es una clara venganza”, aseveró.
El exlegislador fue acusado de utilizar de manera irregular S/ 10 mil que le fueron asignados como gastos de representación, entre el 2017 y 2018. Según la denuncia, Salaverry no habría asistido a las actividades programadas en La Libertad ni devolvió el dinero que se le asignó.
Por esto, el Poder Judicial también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 5 años.
Sin embargo, el excongresista anunció que apelará el fallo. También consideró sospechoso que la sala que revisaba su caso haya incorporado a una nueva magistrada a menos de dos meses para que se emita la sentencia.
“Modifican la sala, sacan a un juez y la ponen a esta doctora Norma Carbajal. Ella no ha estado presente en el juicio cuando se han presentado los testigos, no ha estado presente cuando se han presentado los peritos, no ha estado presente cuando se han debatido las pruebas documentales. Ella ha llegado prácticamente a escuchar los alegatos de cierre y para votación”, dijo.
No va
Esta sentencia estaría dejando fuera de la carrera electoral a Daniel Salaverry. El especialista en derecho electoral Tomás Alva precisó que los artículos 34 A de la Constitución Política y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones impiden que personas sentenciadas por delito doloso, así sea en primera instancia, puedan postular.
Agregó que su partido político se expondría a una tacha si es que lo inscribe como candidato y no se resuelve antes su apelación.(CORREO)