La Fiscalía requirió vehículos de alta gama por “la investidura que ostentan los fiscales supremos”. Se desembolsó más de un millón de soles.
En medio de un contexto de recelo y fiscalización a entidades públicas por cuestionados gastos, la Fiscalía de la Nación adquirió seis vehículos del año marca Audi por más de un millón de soles. Los automóviles serán de uso exclusivo de la Junta de Fiscales Supremos, máxima instancia del Ministerio Público conformada por Patricia Benavides (presidenta y fiscal de la Nación), Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Delia Espinoza (representante ante el JNE) y Juan Villena.
La licitación responde a que, entre septiembre y diciembre de 2021, se dieron de baja 37 vehículos del distrito fiscal de Lima Centro bajo la causal de mantenimiento o reparación onerosa. Entre estos vehículos, se encontraban cuatro asignados a las Fiscalías Supremas, uno a la Gerencia General del Ministerio Público y uno a la Oficina de Coordinación y Enlace de la Fiscalías Antidrogas.
“Considerando la investidura que ostentan los fiscales supremos que integran la Junta de Fiscales Supremos, se recomienda que los vehículos a adquirir sean de categoría gama media-alta”, se lee en las bases de la convocatoria de la adjudicación simplificada 001-2023-MP-FN.
Según dichas bases, la adquisición de autos de gama media-alta ayudará a “mejorar la calidad del acceso a la justicia de la ciudadanía”.
La contratación
Solo se presentaría una oferta, la de la empresa Euroshop S. A.: seis autos Audi A4 Corporate 35 TFSI S Tronic MY 2023 por un precio de 1.028.160 soles, monto que sobrepasaba el dinero que planeó destinar de su presupuesto el Ministerio Público en 26.580 soles.
Por ello, de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, se suspendió el otorgamiento de la buena pro hasta que se certifique la ampliación del presupuesto previsto para la adquisición, así como la aprobación de la titular de la entidad, es decir, la fiscal de la Nación Patricia Benavides.
Sin embargo, Benavides Vargas delegó estas facultades a la gerente general del Ministerio Público, Edermina del Carmen Barrantes Pérez, quien fue involucrada en el presunto cobro irregular de indemnizaciones por parte de exfuncionarios de EsSalud.
El contrato sería suscrito el jueves 23 de febrero. Blanca Rojas Jaramillo, Gerente Central de la Oficina Central de Logística, firmó en representación del Ministerio Público. (CORREO)