Gobierno de Dina Boluarte dispuso un protocolo para el trabajo periodístico de cobertura en conflictos sociales que buscaría controlar la labor de la prensa. Defensoría del Pueblo advierte que este no garantiza las libertades de expresión e información.
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el cual expresó su preocupación por el “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, elaborado por el Gobierno de Dina Boluarte y que tendría como finalidad controlar el trabajo periodístico en protestas. La entidad advirtió que este documento no garantiza las libertades de expresión e información que todo país democrático requiere para garantizar la correcta labor de la prensa.
“Advertimos que el proyecto de protocolo de seguridad de periodistas en su versión actual no asegura una labor periodística libre de violencia ni garantiza el goce efectivo de las libertades de expresión e información”, publicaron.
En este sentido, la Defensoría señala que dieron alcances al Ejecutivo para este protocolo, pero no habrían sido tomados en cuenta por el Gobierno de Boluarte: “En enero, emitimos al Ejecutivo nuestras observaciones a la propuesta del protocolo de seguridad de periodistas, pero advertimos que estas no han sido acogidas dada su importancia para materializar el deber del Estado de proteger a las/los periodistas sin distinción alguna”.
Por ello, se advierte que este protocolo, en lugar de buscar controlar el trabajo periodístico, debería tener como finalidad proteger a los periodistas de escenas de violencia o ataques por partes de las fuerzas del orden.
“Consideramos que dicho protocolo debe prever acciones inmediatas que la autoridad a cargo de un operativo debe disponer, ya sea para proteger a periodistas de riesgos inminentes de violencia o frente a agresiones de los miembros de las fuerzas del orden”, agregaron.
IPYS muestra su preocupación
Al respecto, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó de "peligroso" para la libertad de expresión este protocolo, que busca supervisar y regular el trabajo periodístico durante las protestas que se registran en el marco de la crisis política, la cual ha dejado más de 60 personas muertas en contextos de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.
"El 1 de marzo de 2023, el Gobierno publicó en el diario oficial El Peruano el proyecto denominado “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en el contexto de alteración al orden público”, cuyo contenido IPYS considera "peligroso para la libertad de expresión, porque implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas", informó en un comunicado IPYS. (LA REPÚBLICA)