El objetivo del Apra y el fujimorismo, vinculados a aquellas universidades privadas y públicas que se oponen a la nueva Ley Universitaria, está claro: Jaime Saavedra debe dejar el Ministerio de Educación.
Confabulan. Vicepresidente Martín Vizcarra y ex congresista Daniel Mora consideran que posible citación del Congreso se debe a un boicot a la nueva Ley Universitaria. Hay varios parlamentarios que mantienen vínculos con universidades privadas y públicas.
El ministro de Educación, Jaime Saavedra, está a un paso de ser interpelado en el Congreso de la República por los inconvenientes en la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. ¿Pero es esta la razón para exigir su salida del cargo?
El ex congresista Daniel Mora tiene otra hipótesis. En comunicación con La República, afirmó que un grupo de legisladores estaría interesado en boicotear la nueva Ley Universitaria, aprobada a mediados del 2014.
Mora fue uno de los promotores de esta norma en su entonces condición de presidente de la Comisión de Educación del Congreso. Señaló que en esta legislatura se han sumado al Parlamento personajes que en su momento se opusieron a la polémica ley.
“Saavedra fue uno de los ministros que apoyaron la Ley Universitaria y tiene una gran aceptación en el país. Lo que buscan es desprestigiarlo para que caiga su popularidad y posteriormente se tumben la Ley Universitaria”, consideró el ex legislador.
Lo cierto es que hasta el momento los representantes de dos bancadas parlamentarias ya pidieron la cabeza del titular de Educación sin haber escuchado sus descargos sobre el caso de los Juegos Panamericanos.
Los voceros de Fuerza Popular Luis Galarreta y Lourdes Alcorta calificaron de ineficiente a Saavedra y aseguraron que la interpelación se “dará de todas maneras”, mientras el aprista Mulder exigió la renuncia del funcionario, lo que, para algunos, resulta exagerado.
Es en este escenario en el que la hipótesis de Daniel Mora empieza a cobrar fuerza. Si uno revisa las Hojas de Vida de los padres de la patria podrá identificar los vínculos que algunos mantienen con las casas de estudios superiores. ¿Es entonces la Ley Universitaria el verdadero motivo detrás del pedido de interpelación al ministro Saavedra?
Grupos de intereses:
El fujimorismo, fuerza mayoritaria en el Congreso, es el principal promotor de la salida del cargo del titular de Educación. Sus filas alberga a congresistas que se opusieron públicamente a la citada norma.
Uno de ellos es Lucio Ávila Rojas, ex rector de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno. El ex congresista Daniel Mora recuerda que Ávila se opuso a la promulgación de la Ley Universitaria.
“El señor Ávila no quiso que entre en vigencia la Ley Universitaria porque ello implicaba que se fiscalicen los recursos económicos de las universidades y su ejecución. Con esta norma se eliminaron las gollerías”, relata Mora.
Aunque parezca irónico, por su postura, la mayoría fujimorista impuso a Ávila como titular de la Comisión de Educación.
Su colega de bancada Guillermo Bocángel Weyder también estuvo detrás de ese cargo. ¿Por qué? Este legislador igualmente se desempeñó como rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco y estuvo en contra de la fiscalización de los recursos.
Además de los ex rectores están los congresistas cuyas familias son dueños de universidades privadas. Estos son Miguel Ángel Elías Ávalos, cuyo hermano es presidente fundador de la Universidad San Juan Bautista; Osías Ramírez, quien tiene como tío al rector de la Universidad Alas Peruanas; y Richard Acuña, hijo del fundador de la Universidad César Vallejo.
Aparte de ellos, se ha podido identificar a 20 legisladores que se desempeñaron como docentes en distintas universidades privadas y públicas.
LOS INTERESES DEL APRA
Dejando de lado las entrevistas grabadas y acompañadas con cerveza y frituras para los invitados, el espacio Chicharrón de Prensa publicó una nota en la que explica por qué el Apra y el fujimorismo buscan la salida de Saavedra del Minedu. Y que los problemas con los Juegos Panamericanos son solo una excusa.
En dicha nota, recuerda que el Apra mantiene control en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), que hasta la fecha no ha aplicado del todo la Ley Universitaria; y que tiene vínculo con la privada Universidad de San Martín de Porres (USMP), cuyo rector es José Antonio Chang, ministro de Educación durante cuatro años en el segundo gobierno de García.
Allí, menciona que esta última casa de estudios:
“hace montones de plata y que emplea a varios compañeros del partido de la estrella como docentes de pregrado, maestría e incluso doctorado”.
Menciona que “no es extraño” que las autoridades de la UNFV y la USMP “estén en contra de que la Ley se cumpla” y de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) “la haga cumplir”.
También explica que en dichas universidades, la gran mayoría de docentes trabajan por horas (menos del 25%), y por ello no existe una conexión con los estudiantes, lo cual no permite un contrapeso con sus autoridades, como ocurre en la UNFV.
Por ello, sostiene que “bajarse al ministro que impulsó, apoyó y apoya la Ley Universitaria es poner esa norma en entredicho, es debilitarla”.
“Ese es el objetivo final: bajarse al ministro para bajarse a Ley y reemplazarla con algo parecido a la Ley Cotillo y quitarle los dientes a la Sunedu para que no pueda fiscalizar cómo se estafa a los alumnos, para convertirla en un aparato inútil o un club de cómplices como lo fue su antecesora, la Asamblea Nacional de Rectores”.
Ministro al Congreso:
Sobre este escenario, el ministro de Educación se mostró presto a ser interpelado por el Congreso para explicar sobre los retrasos en los Juegos Panamericanos. Este lunes asistirá a la Comisión de Educación junto con el premier Fernando Zavala.
“Saavedra es un profesional competente y es un buen ministro. Hay que evaluarlo por los resultados en educación y estoy seguro de que tiene argumentos y respuestas para sacar adelante este sector”, manifestó Vizcarra.
En ese sentido, coincidió con el ex legislador Daniel Mora al señalar que el verdadero motivo de la interpelación sería la nueva Ley Universitaria.
“Podría ser una venganza por la Ley Universitaria, porque él ha chocado con muchos intereses económicos y no seamos ingenuos para decir que la sanción por la ineficiencia de los Juegos Panamericanos sería su salida del cargo”, refirió. (La Mula, La República).