Fiscal Ibáñez confirma que lo citó como testigo en juicio que fue abierto por orden de la CIDH.
Ayer se inició el proceso penal contra 35 exoficiales y exsuboficiales de la Marina de Guerra por la matanza en el penal El Frontón ocurrida hace 30 años, en el que murieron 133 presos acusados por terrorismo tras un motín, y por el que será citado el último presidente aprista Alan García, según anunció la fiscal Luz Ibáñez, quien viene investigando el caso.
“García ya está citado como testigo en mi acusación y tendrá que explicar los hechos. Se debe tener en cuenta que hay una cadena de mando, por lo que en el dictamen fiscal hemos dejado en claro que falta considerar quiénes estuvieron por encima de los militares ese día (18 de junio de 1986), controlando lo que pasó en el penal. Son los mandos políticos que también deben responder”, dijo la fiscal Ibáñez.
En el año 86, durante el primer gobierno de García (1985-1990) el penal El Frontón fue sacudido por un motín de presos por terrorismo. Frente a ello García ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar el control y rescatar a los custodios tomados como rehenes, lo que terminó en un baño de sangre en el que murieron acusados por terrorismo, algunos de ellos sentenciados y otros sin tener una acusación formal pendiente.
La fiscal Luz Ibáñez dijo en su acusación, que al día siguiente, cuando la Marina de Guerra ya tenía el control del Penal se produjeron las ejecuciones extrajudiciales. En la audiencia explicó que se van a juzgar los homicidios calificados que se cometieron con los presos que se habían rendido.
“Algunos detenidos fueron puestos en el suelo y ejecutados. A otros se les dijo que corrieran hacia el mar y se les disparó por la espalda. También se han registrado muertos con disparos en la nuca y otro grupo fue llevado a los baños y fueron ultimados con bala, cuchillo y bayoneta”, manifestó.
El exmarino Carlos Eduardo Castillo Vega, uno de los 29 exsuboficiales imputados por la Fiscalía, confesó las ejecuciones extrajudiciales. “¡Disparen, disparen!, escuché al teniente Román (Luis Enrique). Daba la orden: Disparen, disparen, disparen. No se respetó la bandera blanca que los reos sacaban”, declaró.
Ante el Ministerio Público, dijo que el capitán de Fragata, Héctor Lazo Galliani, fue el encargado de uno de los pelotones enviados para controlar el motín y aseguró que otro grupo de infantes que tenía la orden expresa para ejecutar a los reos rendidos estaba a cargo del capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona.
La fiscal Ibáñez dijo en la diligencia judicial que los amotinados “salieron con las manos en alto, portando una bandera blanca, se habían rendido y las Fuerzas Armadas tenían la obligación de respetar sus vidas”.
Ibáñez pidió entre 30 y 25 años de cárcel para seis exoficiales de la Marina y 29 exsuboficiales que participaron en estos hechos que constituyen una violación a los derechos humanos y una grave violación al derecho internacional “por haber rematado a personas vencidas y en detención”.
La defensa de los deudos a cargo del abogado Carlos Rivera solicitó extender la acusación al exmandatario García y los altos jefes militares de entonces como presuntos responsables políticos de la matanza. “Esperamos que después de tantos años se empiece a hacer justicia y se sancione no solo a los ejecutores, sino también a quienes ordenaron las ejecuciones. Es hora que se castigue también a los responsables políticos para que este tipo de violaciones de derechos humanos no vuelve a suceder”, dijo el jurista.
PIDE ARCHIVO
La procuradora de la Marina de Guerra, Nelly Agreda, pidió que se archive el caso porque esa arma considera que cumplió una orden del expresidente García y también se registraron muertes de efectivos militares durante el enfrentamiento. Asimismo, rechazó las imputaciones del delito de homicidio calificado, manifestando que fue un amotinamiento de los internos en el que la Marina intervino para restablecer el orden.
Por su parte, el abogado Alfredo Crespo (quien también es abogado de Abimael Guzmán, fundador de Sendero Luminoso) pidió que se incluya al expresidente García y su gabinete en el juicio y planteó que se califiquen los hechos como un genocidio ordenado por el Estado peruano contra los militantes de Sendero.
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El juicio por la matanza de “El Frontón” fue abierto ante un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de identificación y sanción a los responsables por las ejecuciones extrajudiciales en ese motín, tras revisar el caso de dos de los internos muertos en esa fecha.(diario uno)