Por: Dionicio Mantilla León
“El agua es vida. A 458 años de creado nuestro pueblo carece de este líquido elemento para el consumo humano. Sí, Huamachuco posee un agua contaminada, con restos fecales y restos minerales que afectan nuestra salud y esto es algo que no lo podemos permitir”. Es la voz de un líder huamachuquino, el Profesor Víctor Espinoza Ríos, Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Sánchez Carrión (FEDIP) que se oye enérgica, rotunda, en uno de los ambientes del Centro de Convenciones “Los Conquistadores” de Trujillo durante la audiencia pública del 21 de este mes organizado por la ONG “Transparencia” ante la presencia de 3 congresistas liberteños y el Presidente del Gobierno Regional, Ing. José Murgia.
Una voz a la que se unieran las de los ronderos campesinos y urbanos huamachuquinos, y el Consejero Regional por esa Provincia, Carlos Sandoval de la Cruz, quienes expusieron la grave problemática por la que viene atravesando el pueblo de Huamachuco por la negligencia de las autoridades regionales que permiten la contaminación de las aguas de nuestros ríos por parte de la minería informal asentada en el cerro El Toro y las mineras formales irresponsables que vienen atentando contra nuestras cabeceras de cuencas. “El Gobierno Regional no cumple con sus obligaciones, los Congresistas liberteños no cumplen con su deber de fiscalizar. El 72 %de nuestra provincia esta concesionada por las mineras. Nuestro pueblo no quiere más concesiones mineras. Urge formalizar a los mineros informales del Cerro El Toro. Urge una moratoria minera y el levantamiento de un Diseño Territorial Geoproductivo”, reclamó el joven dirigente del FEDIP.
Reclamo que fue ratificado por el Presidente de la Federación de Rondas Campesinas de La Libertad, Confesor Bermúdez Laiza, quien insistió en la búsqueda de una solución al terrible drama que plantea la minería ilegal existente en el cerro “El Toro” en donde operan 2,500 mineros artesanales y en donde se explota miserablemente a los niños, pulula la prostitución, se viene destruyendo el medio ambiente y se contamina las aguas del Río Shirancmaca a lo que se añade la formación de todo un imperio de la ilegalidad con el negociado de insumos químicos letales.
Grave problema que hace poco se profundizara con la muerte de aproximadamente 50,000 truchas del Centro Piscícola de Carancmaca por los relaves presuntamente procedentes de minera La Arena y Río Alto.
Conforme se agudiza la problemática de la contaminación de las aguas de los ríos del ande liberteño se hace más grande aún la desidia de nuestras autoridades del Gobierno Regional y del Ministerio de Energía y Minas, así como la de los congresistas por nuestra región quienes conocen de ella, pero no hacen nada por aliviarla incurriendo en complicidad punible. Prueba de ello es la indiferencia de parte del Gerente de Energía y Minas Gianmarco Quezada al no asistir, el 27 de este mes, a la mesa de trabajo organizada por las organizaciones sociales de Huamachuco para analizar el problema de la minería ilegal del Cerro El Toro, evento al que tampoco asistió el Defensor del Pueblo William León. ¿Qué se esconde detrás de toda esta aparente lenidad? ¿Si dicho Gerente se siente impotente ante el problema porqué no da un paso al costado? ¿Qué teme el Defensor del Pueblo?¿Por qué no interviene el Poder Judicial? ¿Por qué los mineros artesanales se niegan a la formalización?
El agua es vida y los pueblos liberteños si bien comprenden la importancia de la inversión minera para el desarrollo de nuestra economía regional también entienden que esta debe realizarse respetando las cabeceras de cuenca de sus zonas por ser las fuentes acuíferas no sólo para el consumo humano sino para su desarrollo agrícola y pecuario. Quien no ha tomado conciencia acerca de lo trascendente que significa el agua para la vida y valora egoístamente el frío mineral desobedece el mandato divino de aprovechar con sabiduría los recursos de la naturaleza que ÉL nos brinda, por ende al pueblo le asiste el justo derecho de defender sus recursos. Sin embargo, pareciera que este derecho elemental de los pueblos no es tomado en cuenta por los mineros establecidos en el ande liberteño y tampoco por nuestras autoridades regionales y nacionales. ¿Acaso, con esta terca posición se desea propiciar el “incendio de la pradera”, como ha acontecido en Cajamarca? ¿Si esto ocurriese de quien sería la responsabilidad?
Pueblo de Cajamarca que rechaza el proyecto Conga por significar la desaparición de sus fuentes de agua y la destrucción de su ecología y, para hacerse escuchar, anuncian una gran “Marcha Nacional por el Agua”, a realizarse del 1 al 10 de Febrero, cuya meta es Lima. ¿Por qué es difícil comprender la justeza de la posición de nuestros pueblos andinos?