Anticorrupción. Fiscales, con apoyo de policías y peritos, levantaron información de los expedientes de licitación de obras públicas desde el mes de agosto hasta la fecha.
Por: César Romero
La fiscal Mónica Silva, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Casos de Corrupción, dispuso que peritos y personal policial se acerquen a las oficinas de Provías Nacional, dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para revisar y recoger información de los expedientes de la buena pro, adjudicación y contratos.
La diligencia se realizó desde las 11.00 a. m. hasta las 10.00 p. m. del lunes 28 de febrero. En especial, los fiscales estuvieron interesados en conocer los nombres y cargos de los funcionarios que integraron los comités de selección y adjudicación de la buena pro, en los procesos que se han hecho públicos.
Tras las licitaciones
La identidad de los funcionarios de Provías Nacional todavía no es conocida. Los fiscales también solicitaron información sobre el registro de visitas y verificación de las cámaras de seguridad, en la época en que se convocó la buena pro hasta que se adjudicaron y firmaron los contratos.
De acuerdo con la declaración que Karelim López ofreció a la fiscal de lavado de activos Luz Taquire, en el MTC operaba una mafia que integran el presidente de la República, Pedro Castillo, el ahora exministro Juan Francisco Silva Villegas, el empresario Zamir Villaverde García, los sobrinos del presidente Fray Vásquez Castillo, Rousbelt (Rudbel) Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez, y cinco congresistas.
Este grupo habría direccionado hasta siete licitaciones de obras públicas a favor del empresario Alejandro Aguilar Quispe, quien sería el verdadero propietario de la empresa INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC.
La empresa de Aguilar participó en las licitaciones en consorcio con las empresas chinas Railway Tunnel Group Sucursal del Perú, China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú, China Railway Tunnel Group, China Railway N° 10 Engineering Group Co, Ltd Sucursal del Perú y Grupo Constructor & Consultor Asociados SAC.
La Fiscalía solicitó a Provías que exhibiera y entregara información sobre todas las licitaciones en las que habían participado estas empresas y se identificara a todos los funcionarios que participaron en los procesos.
Se estima que estas empresas lograron adjudicarse contratos por 1.000 millones de soles para obras de gestión, mejoramiento y conservación de diversas redes viales, a nivel nacional.
Conflicto
Esta investigación se realiza independiente a la corroboración de la declaración de Karelim López en su proceso de colaboración eficaz que deberá realizar la fiscal Taquire y la investigación del probable delito de lavado de activos que López Arredondo cree haber cometido al recibir un pago del grupo empresarial Pasapera.
Así, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, es probable que se vuelva a repetir la contienda de competencia entre las fiscalías de delitos de corrupción y las de lavado de activos, que se produjo en el proceso al expresidente Martín Vizcarra.
En el caso Vizcarra, y ahora se repite, luego de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara diversas investigaciones contra el referido expresidente, tres procesados por el equipo Lava Jato recordaron que le habían pagado sobornos, se acogieron al proceso de colaboración eficaz y el fiscal Germán Juárez solicitó asumir la jurisdicción de todos los casos.
Lo mismo podría repetirse ahora, con el adicional de que la aspirante a colaboradora eficaz niega haber cometido los actos ilícitos, su intervención en los contratos del puente Tarata, la compraventa de biodiésel por parte de Petroperú y sus contactos ilícitos con Bruno Pacheco, por los cuales es investigada en las fiscalías anticorrupción.
Para diversas fuentes, esta eventual contienda de competencia sería el motivo por el que Karelim López incluyó en su declaración, y la fiscal Taquire recogió en el acta, las referencias al fiscal superior coordinador anticorrupción Omar Tello y a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Los hechos que López señaló sobre ambos no tienen relevancia para su proceso de colaboración eficaz, pues dependen de la declaración de terceros. Karelim López dice que se reunió con el primo Tello, quien supuestamente le dijo que el fiscal la apoyaría.
En el caso de Ávalos es peor. López dice que Rousbelt (Rudbel) Oblitas le dijo que el presidente le había dicho que hablaría con la fiscal de la Nación. Hablar con la doctora Zoraida Ávalos no es delito.
“Incluir en el acta ese hecho imposible de probar solo tiene la finalidad descalificar a Omar Tello y a la fiscal de la Nación ante una probable contienda de competencia entre los fiscales, para presionarlos a resolver a favor de las fiscalías de lavado de activos”, precisan las fuentes.
Eso es lo mismo que pasó en el caso de Vizcarra. El fiscal supremo Pablo Sánchez resolvió a favor del fiscal Germán Juárez Atoche de las fiscalías del sistema de lavado de activos, que asumieron los casos de corrupción que ya estaban avanzados.
Al cabo de 14 meses, los procesos a Vizcarra por casos de corrupción y lavado de activos siguen en investigación, pese a que se aseguraba que ya tenían todas las pruebas.
Los dichos de López
A partir de lo que ha trascendido de su colaboración y las declaraciones de su abogado, César Nakazaki, ahora se sabe que las declaraciones de Karelim López se dividen en dos partes.
Una primera parte de presuntos hechos ilícitos que ella dice haber conocido directamente a partir de sus contactos con Bruno Pacheco y su visita a la casa del jirón Sarratea. Una segunda parte de hechos que habría conocido por que se los contaron el exsecretario de presidencia y uno de los sobrinos del presidente Castillo.
Aunque la fiscal recogió todos los hechos en el acta respectiva, los únicos que tienen relevancia para su colaboración eficaz son los que ella puede atestiguar directamente. La norma procesal no permite un colaborador de oídas, es decir de lo que escuchó, pues no hay forma de que dé fe de la veracidad de esos eventos.
La única forma de que esos otros hechos adquieran trascendencia jurídica es que Bruno Pacheco y el sobrino del presidente se acojan a colaboración eficaz, pero los beneficios procesales serían para ellos, no para López.
Es por esto que, de acuerdo con la declaración de Nakazaki en Canal N y RPP, la fiscal Luz Taquire había informado a las fiscalías anticorrupción sobre las declaraciones de López Arredondo.
Aunque en la Fiscalía hay una discrepancia sobre la oportunidad en la que se compartió esa información. Nakazaki ha declarado que Taquire compartió la información entre el 18 y 24 de febrero. Al compartirse la información, dice el abogado, se filtró la colaboración y amenazaron a Karelim.
Sin embargo, en la Fiscalía Anticorrupción señalan que recién se enteraron el sábado 26 de febrero, cuando la información llega a los medios de comunicación.
La versión de los fiscales anticorrupción es la que más se acerca a los procedimientos. Un fiscal no comparte la información de un colaborador, sino hasta después que este termina de declarar. Es decir después del 24 de febrero.
Al terminar la declaración, la fiscal debe disgregar la información que va a someter a corroboración, dentro de sus atribuciones, en este caso lavado de activos. Al no tener jurisdicción para investigar casos de corrupción debe comunicarlo al fiscal competente o pedir que se amplíen sus facultades.
Lavado
En este punto, la fiscal también debe precisar cuál es el hecho de lavado que va a investigar y dará punto de partida a la colaboración eficaz. Según Nakazaki, López cree haber cometido un delito. Eso no sirve para una declaración eficaz.
La ley de colaboración eficaz es para las personas que reconocen haber cometido un delito del cual se arrepienten y entonces ayudan a sancionar a todos los responsables. La Fiscalía debe tener cuidado al precisar todos esos datos, ya que puede generarse una nulidad de todas las pruebas que se recojan a futuro, generando impunidad.
Bruno Pacheco declara sobre sus ahorros
El exsecretario de presidencia Bruno Pacheco acudió ayer a declarar al despacho de la Fiscalía de la Nación en la investigación que se le sigue sobre desbalance patrimonial.
Pacheco insistió en que el dinero hallado en efectivo y en sus cuentas bancarias tiene procedencia lícita, aunque cambió su versión. Si bien inicialmente dijo que los 20.000 dólares en efectivo eran de su sueldo, ahora dice que son ahorros familiares que le prestó su familia para contratar un abogado.
Según trascendió, el exsecretario de presidencia solo sonrió cuando al ingresar al despacho fiscal, uno de los funcionarios le preguntó si venía a acogerse al procedimiento de colaboración eficaz, siguiendo los pasos de Karelim López.
Respaldo
Memorial. Más de 100 fiscales del sistema anticorrupción firmaron un comunicado de respaldo a favor del fiscal superior coordinador Omar Tello y rechazaron que exista una injerencia en su labor investigativa. Consideran que lo que se busca es desestabilizar el sistema. (LA REPÚBLICA)
