El abogado de López, César Nakazaki, no contestó las llamadas telefónica que le hizo La República desde el viernes último para verificar dicha información recibida y conocer su opinión. Las fuentes oficiales del Ministerio Público también guardan silenció frente a nuestros pedidos de información.
El aspirante a colaborador eficaz revela la existencia de una presunta organización criminal encabezada por el presidente Pedro Castillo, que se habría infiltrado en Palacio de Gobierno, en diversos ministerios y el Congreso de la República.
El objetivo de dicha organización, asegura, sería obtener dinero con las licitaciones de obras públicas, con los nombramientos en las Direcciones de Salud a nivel nacional, los ascensos en los institutos armados y los reclamos tributarios ante la Sunat.
El dinero recaudado, según el colaborador, sería utilizado para pagar las deudas que el presidente Castillo habría contraído en la campaña electoral. “Tengo que pagar a los empresarios que han financiado mi campaña”, le habría dicho el presidente.
Además, señala que la organización habría logrado obtener el apoyo legal y la protección del fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las fiscalias anticorrupción, y de la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera. De esta manera, la Fiscalía no investigaría sus actividades y se les protegería ante cualquier denuncia.
Los principales integrantes de la organización, según el colaborador, serían el dueño de la casa del jirón Sarratea, Segundo Alejandro Sánchez Sánchez; los sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, Rousbelt Oblitas Paredes y Gian Castillo Gómez; el ex secretario general de la Presidencia Bruno Pacheco Castillo; el titular del MTC, Juan Francisco Silva Villegas; el empresario y especialista de seguridad, Zamir Villaverde García y por lo menos cinco congresistas de Acción Popular, a los que se descr iben como ‘Los Niños’.
Entre los congresistas de AP a los que el presidente se referiría como “Los Niños”, la colaboradora identifica a Raúl Felipe Doroteo Carbajo, parlamentario por Ica, y el médico Juan Carlos Mori Celis, representante por la región Loreto. La fiscalía dice que los cinco congresistas de Acción Popular obedecen todo lo que les dice el presidente y a cambio de beneficiarían de millonarios contratos con el MTC, a través de la empresa INIP Ingenieria Integración de Proyectos SAC y otras relacionadas con inversionistas chinos.
La declaración también compromete al premier, Aníbal Torres, y al exministro de Defensa Walter Ayala, aunque no es claro si también están vinculados como integrantes de la presunta organización ilícita. Sobre el actual premier y ex ministro de justicia, Aníbal Torres el colaborador dice que le ofreció a Bruno Pacheco buscarle asilo político en otro país en tanto se calmarán las cosas y que le ofreció sacar al procurador Daniel Soria.
Sobre el exministro de defensa Walter Ayala, el colaborador asegura que recomendó la salida de Bruno Pacheco por los chats con el jefe de la SUNAT. El 20 y 23 de noviembre, el ministro Ayala se reunió con el sobrino del presidente, Rousbelt Oblitas y Bruno Pacheco, en un edificio ubicado en el distrito de Miraflores, con la finalidad de definir los ascensos en las Fuerzas Armadas.
La organización, relata, habría empezado a actuar en la casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en el distrito de Breña, y luego se habría trasladado a Palacio de Gobierno. Así, asegura que fue testigo presencial de reuniones, acuerdos ilícitos y discusiones que ocurrieron y siguen ocurriendo en la casa del jirón Sarratea y Palacio de Gobierno desde julio del 2021 hasta el momento actual.
Precisa que participó en dos reuniones en la casa de Sarratea y que, en aquellas, Castillo ordenó y acordó con Segundo Sánchez y Bruno Pacheco “negociar” las licitaciones de obras públicas y arreglar las deudas tributarias con el distribuidor mayorista de equipos informáticos Grupo Deltrón.
En esas reuniones, el presidente Castillo les habría dicho que debía cumplir con las deudas que había contraído con diversos empresarios que financiaron su campaña electoral.
Sobre la campaña, en otra parte de la declaración, el colaborador dice que Bruno Pacheco le contó que el presidente había reconocido que Los Dinámicos del Centro aportaron dinero a su campaña. La lista de empresarios beneficiados es bastante amplia e incluye a traficantes de terrenos y de insumos químicos, que frecuentemente se desvían a la minería ilegal.
Sobre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, refiere que el ministro Juan Silva ha estructurado una red para arreglar las licitaciones de obras públicas en Provías Nacional, siguiendo con el modelo del Club de la Construcción, es decir, recibir un porcentaje del costo de las obras licitadas.
Con respecto al Minsa, señala que existe una red que cobra hasta 150.000 soles para nombrar a los directores regionales de Salud.
El colaborador también indica que, tras el hallazgo de los 20.000 dólares en su oficina, hubo una fuerte discusión entre Pachecho y el presidente Castillo. El presidente le pidió a Bruno Pacheco que renuncie, pero este se negó. Al final lo convenció ofreciéndole ser asesor externo y posteriormente recibir un contrato en el exterior.
Igualmente, el colaborador refiere que el 28 de noviembre, participó en una reunión con Rousbelt Oblitas Paredes y un primo del fiscal Omar Tello en un restaurante en Lince cerca de la conocida cadena de comidas Siete Sopas. En esa reunión, el primo del fiscal les dijo que no se preocuparan porque había hablado con Omar Tello y que todo estaba “bajo control”.
Igualmente, cuenta que en dicha reunión, Bruno Pacheco y Rousbelt Oblitas le dijeron que el presidente Castillo se iba a reunir con la “number one” de la Fiscalía, en referencia a la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, y que no se preocupe, que no iban a investigar a su tío y que el caso moriría en cinco años. Recién, el 21 de diciembre, el presidente Castillo fue caminando desde Palacio de Gobierno a la sede de la Fiscalía de la Nación y fue recibido por la doctora Ávalos, en un hecho público. (LA REPÚBLICA)
