miércoles, 30 de septiembre de 2020

La Libertad registra más de 1.300 casos de violencia a menores de edad

 Cifra se da en lo que va del año. Defensoría del Pueblo instó actuar rápido a las instituciones competentes.

La data regional representa un 8,37% de los 15.932 casos a nivel nacional. Foto: Difusión

Un total de 1.334 casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes se registraron en la región La Libertad en lo que va del año, así lo indica el reporte del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Ante este panorama, la oficina regional de la Defensoría del Pueblo demandó a la Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio de Salud, el MIMP y a los juzgados de familia, la inmediata implementación de acciones preventivas para la debida protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ante los hechos de violencia ocurridos, en su mayoría, dentro de sus hogares en tiempos de la COVID-19.

En dos informes realizados por el órgano defensor (n.° 007-2020-DP y n.° 021-2020-DP) también se advirtieron dificultades en la atención de los casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes durante el estado de emergencia. Dentro de los principales problemas advertidos se identificó que la Policía Nacional no informa oportunamente los casos a la Defensa Pública o al Centro Emergencia Mujer correspondiente, para el apoyo legal a las víctimas.

Asimismo, hay demora en la Policía Nacional para remitir los actuados al Juzgado de Familia correspondiente y, en el Poder Judicial se registran retrasos para emitir las medidas de protección en favor de la víctima.

Frente a ello, la oficina defensorial requirió a la Policía garantizar que las comisarías cumplan con su obligación de remitir inmediatamente la denuncia al Juzgado de Familia, para que dicten las medidas de protección pertinentes, bajo responsabilidad funcional.

Por otro lado, se instó al Poder Judicial garantizar que los juzgados de familia, o los que tengan competencia, cumplan con dictar las medidas de protección correspondientes en el plazo de 24 horas desde que toman conocimiento del caso.

(LA REPÚBLICA)