Editorial
El Congreso aprobó la admisión a debate de la moción de vacancia presidencial impulsada por Unión por el Perú (UPP). La votación superó largamente los 52 votos necesarios para que continúe el proceso de destitución del presidente Martín Vizcarra, pero se apreció que será difícil que se alcancen los 87 votos para retirarlo del poder.
Le decisión se adoptó luego de un debate muy pobre de argumentos políticos, ya no se diga en el campo constitucional. Permitió confirmar, no obstante, que la bancada que lidera la vacancia es UPP, dirigida desde la cárcel por Antauro Humala, ejecutando una estrategia de incremento de tensiones políticas en medio de la crisis como condición para mejorar sus posibilidades electorales. En esa ruta se ha encontrado con la bancada de Podemos, un cuestionado grupo portador de los vicios más nefastos de la política peruana, liderado por Daniel Urresti y la familia Luna.
De estos grupos se esperaba este comportamiento, no así de Acción Popular (AP) y Alianza por el Progreso (APP). En el primer caso, no pudieron arribar a un acuerdo, aunque la mayoría de sus legisladores votaron a favor de la moción upepista. Es importante anotar que, en medio del caos de este partido, emergen tendencias destructivas. En este punto, se anota la procaz intervención de su vocero, un militar retirado cuyos argumentos reverdecieron su relación con el montesinismo en la década fujimorista. En este partido es notorio el papel del presidente del Congreso, operador de la vacancia para beneficio propio, y el silencio o tibieza de sus precandidatos presidenciales.
El comportamiento de APP es igualmente lamentable. Su adhesión a la estrategia de la vacancia devela el escaso compromiso democrático de su bancada y el peligroso pragmatismo de su líder y candidato presidencial. Nos notifican su falta de escrúpulos para cruzar al lado de la inestabilidad y los intereses turbios que alimentan la operación para destituir al presidente.
La puesta en escena pierde consenso en la sociedad, pero revela su esencia, compuesta de grabaciones subrepticias, amenazas, envío de emisarios con ofertas y trámites apresurados para legalizar las supuestas pruebas. Entre la Comisión de Fiscalización y la Presidencia del Congreso se ha instalado una interacción claramente mafiosa.
El debate de la vacancia será el 18 de septiembre. Los ciudadanos no podemos quedarnos con los brazos cruzados ante la progresión de un golpe de Estado parlamentario contra la presidencia, impulsado por una alianza de extremistas y corruptos.