Acusador acusado. El principal promotor de la vacancia presidencial tiene una cita pendiente con la justicia para responder por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito cuando laboró en la Contraloría General de la República. Hoy no puede ser detenido ni llevado a juicio por la inmunidad parlamentaria, que lo protege hasta julio del 2021.
Por: César Romero y Wilder Pari
De no haber sido electo parlamentario por Arequipa, lo más probable es que en este momento el congresista Edgar Alarcón se encontraría en una cárcel pública y no promoviendo la vacancia del presidente Martín Vizcarra.
El Ministerio Público le atribuye graves delitos de colusión, peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito durante su paso como servidor de la Contraloría General de la República y contralor general.
Múltiples delitos
Los cargos en su contra, según ha podido conocer La República, suman seis expedientes distintos. Es probable que la cifra sea mayor. En dos de esos procesos, la fiscal Zoila Sueno ha formulado acusación penal ante el Poder Judicial por delitos de peculado doloso y colusión agravada, por lo que está pendiente el inicio del juicio público.
Los hechos están referidos a presuntos actos de corrupción que habría cometido en los años en que laboró como gerente central de Operaciones, gerente de Auditoría Especializada y vicecontralor de la Contraloría General de la República.
En otros tres casos, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó denuncia constitucional ante el Congreso, por delitos de peculado doloso, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito. Actos ilícitos que habría cometido, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.
Se le atribuye peculado doloso por la presunta apropiación de caudales públicos por 81.121,73 soles, a favor de terceras personas, quienes simularon ser proveedores de la Contraloría, entregando recibos de honorarios por servicios ficticios o simulados.
La denuncia por tráfico de influencias está referida a un pedido y pago de 30 mil soles por parte del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel para reunirse con Alarcón, en la Contraloría, para levantar el embargo de las cuentas municipales.
Mientras que se le atribuye enriquecimiento ilícito al detectarse que entre junio del 2016 y julio del 2017 realizó gastos que exceden sus ingresos hasta por 201.337,24 soles y registra depósitos bancarios no justificados por otros 275.644,90 soles.
La Fiscalía de la Nación requiere que el pleno del Congreso le levante la inmunidad parlamentaria para presentar la respectiva acusación penal ante el Poder Judicial y llevarlo a juicio. Parte de los hechos consignados en las denuncias son los mismos por los que fue destituido como contralor por el Congreso.
Si el Congreso no accede al pedido de la doctora Ávalos, se deberá esperar que concluya su mandato parlamentario y, un mes después, proceder a procesarlo penalmente.
Un sexto caso penal por enriquecimiento ilícito se encuentra en el despacho del fiscal Reynaldo Abia, por sospechas de incremento patrimonial indebido de hasta 2.871.186,01 de soles, antes de ser contralor.
Alarcón podría ser sentenciado a 17 años de pena privativa de la libertad por los delitos cometidos cuando trabajó en la Contraloría General de la República. Foto: La República.
Hasta 17 años de cárcel
La primera acusación penal presentada por la fiscal Zoila Sueno, en marzo del 2019, está referida a tres hechos ilícitos que habría cometido como gerente de la Contraloría, al interior de la institución, y aprovechándose de su cargo, en la municipalidad de La Molina.
La Fiscalía señala que la máxima pena que puede recibir por los tres delitos que se le atribuyen es de 17 años de pena privativa de la libertad. Son 4 años por un hecho de peculado doloso, 4 años más por el segundo peculado doloso y 9 años por un acto de colusión.
Además, debe imponérsele 12 años y 8 meses de inhabilitación, esto es, prohibición para obtener cargo público, ya sea por contrato o por elección. Es decir que, si es condenado, Alarcón ya no volvería a ser elegido congresista.
En el primer acto de peculado doloso, la fiscal Sueno argumenta que en el 2010, en su calidad de gerente general de la Contraloría, Alarcón autorizó que se celebraran Convenios de Término de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso, con trabajadores de la institución, violando las normas del manejo del presupuesto público.
A los trabajadores que se acogían al convenio se les pagaba como si se tratara de un despido intempestivo y varios de ellos, un día después o antes de cobrar, ya estaban trabajando para otras entidades del Estado.
Esta modalidad de convenio siguió vigente hasta el 2016 con conocimiento de Alarcón, quien, a pesar de que ya no era el gerente y no autorizaba los pagos, sí los promovía. En teoría, los convenios habrían tenido el objetivo de reducir la carga laboral de la Contraloría, pero en realidad lo que realizaron era la sustracción indebida de fondos del Estado.
Además, que estos hechos se realizaron en la Contraloría, institución que justamente tiene por función el control del manejo de los fondos públicos en el Estado. Entre los beneficiarios de este convenio, estuvo Marcela Mejía Franco, madre de tres hijos de Alarcón.
Beneficios personales
En el segundo delito de peculado, se atribuye a Alarcón que en el año 2010 se aprobó una liquidación de tiempo de servicios, incluyendo vacaciones truncas por 12 años, como gerente general encargado, por 426.359,87 soles. Luego, al día siguiente se volvió a contratar en el mismo puesto de gerente general. El 2017, cuando fue destituido como contralor, Alarcón se volvió a liquidar con un pago de S/ 40.863,01.
El delito de colusión está referido a la madre de sus hijos. Luego de ser liquidada en la Contraloría, donde se desempeñó como técnica administrativa, Mejía fue contratada en la municipalidad de La Molina, como auditora del Órgano de Control Institucional. Para ella, y para el alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, la Fiscalía pide 9 años de prisión.
En febrero, la fiscal Sueno presentó una segunda acusación contra Alarcón, en la que pide otros seis años de prisión por peculado, por el uso de la caja chica de la Contraloría para cubrir sus gastos personales.
Un título de contador cuestionado por la UNSA
Edgar Alarcón es arequipeño. En el último proceso electoral fue el congresista más votado en Arequipa. Postuló por Unión por el Perú (UPP) en alianza con el etnocacerismo.
Antes de llegar al Congreso tuvo un paso fugaz como asesor del gobernador Elmer Cáceres. Nunca se entendieron y Alarcón no duró un mes en el cargo.
El 2008, Alarcón compró por subasta dos terrenos en Camaná, cuando era gerente general de la Contraloría y tenía impedimento para participar en remates. En diciembre del 2016 vendió los terrenos.
El 2017 se cuestionó la legalidad de su título de contador. Se graduó en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) en el 2000, mediante un informe y acreditación de tres años de experiencia profesional. Pero solo demostró dos años y 3 meses. El Consejo Universitario de la UNSA determinó que el título profesional que obtuvo fue fraudulento.
Denuncias constitucionales
Las denuncias que la fiscal de la Nación presentó contra Edgar Alarcón ante el Congreso se sustentan en abundante prueba documental.
Los puede denunciar por sedición
Enfoque por Rosa María Palacios - Abogada y periodista
Muchos preguntan qué puede hacer el presidente Martín Vizcarra ante una moción de vacancia. Primero, una defensa jurídica. Sobre sedición, el artículo 347 del Código Penal señala: El que sin desconocer al gobierno legalmente constituido se alce en armas (alzarse en armas es hacer un acto de fuerza) para impedir que la autoridad ejerza sus funciones o evitar el cumplimento de las leyes o resoluciones, o impedir las elecciones generales parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años.
El presidente podría denunciar a los congresistas por sedición y pedir una investigación para que la conspiración se devele. Ese es el camino penal.
Segundo, hay también un camino constitucional, como una acción de amparo en defensa de la Presidencia de la República.
Tercero, una demanda competencial que puede interponerse con una cautelar.
Pero hay un camino adicional: puede solicitar una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Da vergüenza que estemos discutiendo asuntos banales como las actividades de Richard Swing cuando tenemos 30 mil muertos oficiales y la peor crisis económica de la historia del Perú.
Es un Congreso de irresponsables, no distinguen el bien común de los intereses particulares como de los señores Edgar Alarcón, Manuel Merino y todos los que acompañan en este ejercicio patético de abuso de poder. (LA REPÚBLICA)