Exviceministro de Justicia de Alberto Fujimori, señalado como operador de Montesinos, integra tribunal que ve apelaciones en casos de corrupción en la Contraloría.
El Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República (TSRA) cuenta con una Segunda Sala cuyos vocales titulares son los encargados de resolver, en última instancia, los procesos sancionadores para funcionarios y personal de la administración pública; es decir, los casos de lucha contra la corrupción.
Esto es noticia ya conocida porque la juramentación de los magistrados ocurrió la primera semana de setiembre de este año, durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski y nada de extraño tendría si no fuera porque uno de sus miembros ha sido un alto funcionario y nada menos que viceministro de Justicia del régimen de Alberto Fujimori y que ha sido señalado como operador entonces de Vladimiro Montesinos en el Poder Judicial.
En efecto, la Segunda Sala del TSRA está integrada por los destacados juristas César José Gonzales Hunt, Yván Fidel Montoya Vivanco, César Enrique Aguilar Surichaqui, Gustavo Nilo Rivera Ferreyros y Luis Alfonso García-Corrochano Moyano, este último personaje cercano al gobierno de Alberto Fujimori, quien actualmente cumple 25 años de prisión.
LUCHA ANTICORRUPCIÓN
Luego de tomarles el juramento de estilo, el Contralor General Edgar Alarcón Tejada anunció con bombos y platillos que este es un hito trascendental en el camino iniciado el 6 de abril de 2011, fecha en que entró en vigencia la facultad sancionadora de la Contraloría, para coadyuvar en la lucha por desterrar el flagelo de la corrupción e impunidad en el país.
Según la nota de prensa que en su oportunidad, 6 de setiembre de 2016, emitió la Contraloría, los destacados juristas a quienes el titular de la Contraloría juramentó, fueron designados luego de un riguroso proceso de selección.
Agrega el documento que “la potestad sancionadora es una herramienta para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional por la comisión de faltas graves y muy graves identificadas en los informes de control”.
Sin embargo, algunos abogados se han preguntado si en ese riguroso proceso de selección se ha tenido en cuenta los antecedentes de Luis García-Corrochano Moyano, a quien la revista Caretas calificó de “uno de los artífices -entusiasta, tesonero, indoblegable- del retiro de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” (Ver Caretas 1598, del 16 de diciembre de 1999).
ACADEMIA DIPLOMÁTICA
Según el portal Cronología política del Perú, que cita al Diario La Razón del 11 de octubre de 2013, García-Corrochano fue cuestionado también porque a pesar de su participación durante el gobierno de Fujimori, se mantuvo en la academia diplomática de la Cancillería, según denunciaron entonces varios de sus miembros, gracias a la protección de la entonces canciller Eda Rivas.
Recordaron que “García-Corrochano es coautor -junto con el exministro de Defensa, Fabián Novak- de un tratado de derecho internacional en cuyo segundo tomo (pág. 185) asume como verdadera la posición chilena en torno a la delimitación terrestre y marítima entre Perú y Chile. Incluso fue citado en la sustentación de los argumentos mapochinos ante los magistrados del Tribunal Internacional de La Haya, en el contencioso del Mar de Grau”.
Según el mismo portal, “Otra situación que pone en entredicho su idoneidad para cumplir alguna labor en la academia diplomática es, según indica, su participación cuando fue viceministro de Justicia durante el último gobierno de Alberto Fujimori para apartar al Perú de la jurisdicción del Pacto de San José y, por lo tanto, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Precisamente, en Chile expuso sobre el sistema interamericano, que se prestó a esta jugada distractiva, planificada al parecer por el entonces asesor Vladimiro Montesinos”, denunció el portal Cronología política del Perú.
Hay más. El jurista Fernán Altuve señaló en su momento que “Se pone como secretario de la comisión consultiva de la Cancillería a un señor (García-Corrochano) que no es diplomático, que no es embajador, que no es funcionario de carrera, porque ha escrito un libro con el señor Novak, quien es el que hizo la pavorosa negociación del año 99 con Chile y fue condecorado por este país. ¿Qué es esto?”.
LOBBIES Y LOBOS
Pero el nombre de Luis Alfonso García-Corrochano Moyano también parece estar ligado a un caso de lobbies para desvirtuar violaciones a Derechos Humanos, en el que se acusaba a Alberto Fujimori de haber desembolsado un millón de dólares -1.5 millones de dólares estadounidenses, según Anel Townsend- para tal fin.
En el caso de la Comisión Especial de Alto Nivel (CEAN), conformada entre diciembre de 1999 y finales del 2000 para visitar diversos países de la región, con la consigna de defender el gobierno de Fujimori en torno a su posición frente a las denuncias de violaciones de derechos humanos que se ventilaban en la Corte de San José, la inversión fue de 555 mil dólares aproximadamente.
La CEAN, estaba presidida por el entonces ministro de Justicia Alberto Belaunde, e integrada por la abogada Milagros Maraví, entre otros personajes, como es el caso de Rolando Eyzaguirre Maccan y Luis García-Corrochano, que no prestaban servicios ad honorem a favor del Estado peruano como entonces se dijo, sino que cobraron jugosos sueldos.
Se hablaba de que Milagros Maraví habría cobrado entre 1999 y 2000 (12 meses) 276 mil dólares. Mientras que Rolando Eyzaguirre y Luis García recibieron por su participación (posterior a la de Maraví) otros 276 mil entre ambos. (Ver La República, edición del 9 de junio de 2002).
El diario UNO se comunicó con el jurista Yván Montoya, quien es miembro del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, para conocer su opinión acerca de la presencia de Luis Alfonso García-Corrochano Moyano como vocal de la Segunda Sala del TSRA, pero Montoya se excusó de pronunciarse señalando que él no era la persona más indicada para ello.
ADEMÁS
Los fujimoristas siguen copando puestos claves. Amén de tener una amplia mayoría en el Parlamento, donde dominan las principales comisiones, también han colocado a su candidato en la Defensoría del Pueblo, a lo que se suma su presencia en el tribunal de la Contraloría.(diario uno)