1. Contexto socioeconómico del Perú
1.1. Horizonte macroeconómico.
De acuerdo con la investigación realizada por el CIUP es más probable que nuestra
economía siga creciendo de manera sostenida hasta el año 2024.
Estas proyecciones se basan en la historia económica del Perú y en tres factores
principales que contribuyen a su capacidad de crecimiento en el periodo actual, aún
frente a un escenario externo volátil:
El aumento en la productividad en el sector terciario (comercio, transporte,
gobierno y servicios no especificados) gracias a la modernización de los
servicios y la mejora de la infraestructura.
La reducción del ratio de dependencia como consecuencia del descenso
que ha registrado la tasa de crecimiento de la población por la migración y la
caída de la fecundidad.
La expansión de las industrias exportadoras, especialmente de la minería y
la agroindustria. Al ser la minería una parte esencial de las mismas, el sector
desempeña un papel fundamental en este pronóstico.
En este marco, el gobierno actual, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual
2014 – 2016, se ha trazado los siguientes desafíos: (i) crecer de entre 6,0% – 6,3 %
aprovechando el dinamismo de la demanda interna para compensar la debilidad del
sector externo; (ii) lograr un crecimiento anual del PBI de entre el 6,0% al 6,5%,
ascendiendo de US$ 285 miles de millones (cinco veces más que en el 2000) y del
PBI per cápita a US% 9 miles de millones corrientes a US% 14 miles de millones en
Paridad de Poder de Compra (ppc); y, (iii) lograr un crecimiento de los ingresos
fiscales de 7.7% real anual en promedio.
1.2. Horizonte social: Superar la pobreza multifuncional
Para intentar superar la pobreza y exclusión en el Perú es necesario que se
implementen dos estrategias: por un lado, considerar la pobreza y la exclusión
como multidimensionales y no solo como monetarias; y, por otro lado, realizar
reformas que garanticen una gestión más eficiente de los recursos públicos y
privados. Así, en primer lugar, debemos medir la pobreza y la exclusión no
solamente desde el lado monetario, sino también observando las privaciones
diversas de las personas y de los hogares, incluyendo su acceso a determinados servicios o su carencia de ellos. Para esto se propone medir la pobreza en base a
un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) generado a partir de nueve
componentes, que se relacionan con la salud, la educación y las condiciones de la
vivienda. Así, una persona se considera pobre multidimensional si tiene privaciones
de los siguientes servicios: en el área de la educación: escolaridad familiar y
matrícula infantil; en el área de la salud: asistencia a centro de salud y déficit
calórico; y en el área de condiciones de calidad de la vivienda: acceso a
electricidad, agua y desagüe, además de piso de la vivienda y combustible de
cocina.
Para el Estado, un pobre “multidimensional” no siempre es visto como un pobre al
momento de determinar quiénes deberían ser atendidos con mayor urgencia y
quiénes no deberían serlo. Por ejemplo, muchas decisiones de política social aún
se realizan sobre la base de enfoques tradicionales de medición de la pobreza
basados en niveles de ingreso o pobreza monetaria. Tales decisiones a menudo
generan un mal uso del dinero público, pues no se llega a beneficiar a quienes
realmente lo necesitan debido a las diversas privaciones que tienen. Y cuando
estas no son atendidas, se reduce la capacidad de las familias con tales privaciones
para poder escapar de la pobreza de manera más definitiva. Cuando se extiende
este análisis según el ámbito, resalta más la limitación del enfoque monetario al
identificar a los pobres ubicados en el ámbito rural de las tres regiones naturales.
Por ejemplo, para el Estado, en la selva rural tan solo el 46% de la población es
pobre; sin embargo, según el enfoque multidimensional, esta proporción asciende a
82%. A la luz del escenario macroeconómico y social, es evidente que necesitamos
cambiar la visión predominante sobre de la lucha contra la pobreza. Esto significa
no solo cambiar la visión del gobierno, sino también la que tienen los empresarios
preocupados por la inclusión social y el desarrollo de las regiones y comunidades
donde operan. No debemos olvidar que el objetivo fundamental debe ser la
reducción de la pobreza y no solo el alivio de la misma, ello implica fomentar el
capital humano –educar mejor a todos– y crear la infraestructura y los servicios
básicos que todos necesitan.
Considerando este escenario, los lineamientos de política económica del actual
gobierno son cuatro: (i) mayor inclusión social: reducción de la pobreza,
disminución de la inequidad, acceso a igualdad de oportunidades, mayor eficiencia y eficacia del Estado en zonas rurales, y crecimiento con estabilidad; (ii) Mejorar la
productividad y competitividad de nuestra economía; (iii) incrementar los ingresos
fiscales permanentes; y, (iv) mejorar el gasto público a través del presupuesto por
resultados.
1.3. Horizonte educativo: La educación que necesitamos
Abundante literatura académica internacional establece que una educación de
calidad es un requisito indispensable para lograr el desarrollo económico en esta
“era del conocimiento”. Asimismo, tener acceso a una buena educación es un paso
indispensable para salir de la pobreza y la exclusión social. Lamentablemente, los
tres niveles de educación en el Perú están lejos de ofrecer una educación de
calidad para todos. En el caso de la primaria, solo el 12.8% de los niños alcanzaron
el rendimiento satisfactorio en matemáticas al finalizar el segundo grado en 2012 y
30.9% aprobaron las preguntas de comprensión lectora, según datos del Ministerio
de Educación.
En cuanto a la educación secundaria, solo 26% de los jóvenes alcanzaron un nivel
satisfactorio en matemáticas y 35% en comprensión lectora lo lograron, según las
pruebas internacionales de aprendizaje PISA, aplicadas a los jóvenes de quince
años de edad. Por otra parte, en el caso del nivel superior, un 47% de los
profesionales universitarios están subempleados actualmente, desempeñándose en
ocupaciones que no necesitan formación profesional.
La inversión en educación y los cambios para mejorarla requieren de objetivos
claros y de persistencia en el tiempo para que rindan sus frutos. Afortunadamente,
existe un consenso nacional en los objetivos deseables para la educación peruana,
que están resumidos en el Proyecto Educativo Nacional (PEN). Los objetivos
estratégicos planteados por el PEN, que fuera elaborado por un conjunto plural de
especialistas, validado por organismos representativos de la sociedad civil y
adoptado como política de Estado en 2007, son: (i) Oportunidades y resultados
educativos de igual calidad para todos; (ii) Estudiantes e instituciones que logran
aprendizajes pertinentes y de calidad; (iii) Maestros bien preparados que ejercen
profesionalmente la docencia; (iv) Una gestión descentralizada y democrática, que
logra resultados y es financiada con equidad; (v) Una educación superior de calidad
que se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional;
y, (vi) Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su
comunidad.
Todas las reformas que se propongan en educación necesitan de mayores recursos
económicos. En el Perú históricamente se ha invertido alrededor del 3% del PBI en
educación, cifra significativamente inferior al promedio de 4.5% del PBI en los
países de América Latina y al 6% del PBI que invierten los países de la OECD. El
debate por aumentar el volumen de recursos en el sector tiene ya mucho tiempo y,
de hecho, el Acuerdo Nacional, firmado por todos los partidos políticos y
organizaciones de la sociedad civil contempla el compromiso del Estado peruano de
aumentar los recursos a la educación a un ritmo de 0.25% del PBI cada año hasta
alcanzar el 6% del PBI en el mediano plazo.
(continuaremos9
Beto Mendoza
Consejero Regional por la provincia de Sánchez Carrión.