sábado, 19 de julio de 2014

Así no es, señores de la municipalidad

Nos resulta inverosímil creer que haya un impedimento de orden administrativo o legal para proceder con el cierre de los bares que funcionan en La Hermelinda.

Bares han sido centros de asesinatos.| Foto. Archivo
Bares han sido centros de asesinatos.| Foto. Archivo

Nos resulta inverosímil creer que haya un impedimento de orden administrativo o legal para proceder con el cierre de los bares que funcionan en La Hermelinda.

Nos resulta inverosímil creer que haya un impedimento de orden administrativo o legal para proceder con el cierre de los bares que funcionan irregularmente en el ámbito del mercado La Hermelinda. Las declaraciones que ha efectuado el gerente de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Eduardo Azabache Alvarado, nos dejan estupefactos.

Según este funcionario, esos negocios no pueden clausurarse porque no hay saneamiento legal del mercado. Esgrime Azabache Alvarado que, mientras los documentos de ese centro de abastos no estén formalizados, las autoridades
ediles no podrán acceder a cerrar los bares.

Podemos entender entonces que todo el mercado La Hermelinda es un punto de informalidad. Pero, ¿no hay acaso un acta fundacional de ese mercado, responsables que aparezcan en los papeles, no es acaso una persona jurídica y sus comerciantes –no todos, por supuesto– no tributan a la MPT por la actividad económica que desarrollan?

En todas partes del Perú los negocios que funcionan ilegalmente o que tienen actividades al margen de la ley, son cerrados por las autoridades. Hemos apreciado a través de los medios de comunicación en numerosas oportunidades cómo funcionarios ediles, con apoyo de la fuerza policial, clausuran y hasta colocan ladrillos y cemento en las entradas de los locales que disponen cerrar.

Lo que no puede ocurrir es que la MPT se quede cruzada de brazos lamentándose de la presunta imposibilidad de actuar contra el crimen y que se lave las manos de una forma cobarde y pusilánime.

Las autoridades ediles no tienen toda la capacidad ni es función de ellas combatir el crimen. Pero sí pueden contribuir con las fuerzas del orden a hacerlo.

Además, tienen una responsabilidad enorme con sus vecinos, que quieren ver que actúen para frenar el delito en una ciudad que ya no da más, saturada de ver cómo los que perpetran esos crímenes siguen operando campantes y con total impunidad.

Mientras que ciudadanos honestos son víctimas cotidianas de diversos crímenes porque un perverso sistema les retacea la justicia que ellos buscan y no encuentran.(la industria)