PARA APLICARLES UNA DIÁLISIS
Jueza advirtió que pasarían 5 años como mínimo en El Milagro. Familiares lloraron desconsolados
Su ambición les costó caro. Simón Edgardo Dávalos Arriaga y Enrique Alejandro Granados Muñoz —auditores de EsSalud que la noche del último lunes cayeron in fraganti, exigiendo una coima de mil nuevos soles para incluir a una persona en la lista de dializados del hospital Víctor Lazarte Echagaray— purgarán nueve meses de prisión preventiva en el penal El Milagro por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado, representado por la Red Asistencial de EsSalud La Libertad.
El dictamen judicial estuvo a cargo de la titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, quien inició la audiencia a las 12.30 del día y la culminó a las 3 de la tarde.
Durante los argumentos de acusación esgrimidos por el representante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Jorge Linares Rebaza, se responsabilizó a Simón Dávalos por mentir respecto a la dirección de su verdadero domicilio, ya que primero dijo que vivía en la calle Las Chiras (urbanización California) y, luego, en la avenida Moche.
Las pruebas los hunden
Otro segundo punto cuestionado durante el debate fue que el contrato de arrendamiento venció el 15 de enero de 2011, lo cual no garantizaba la calidad de arraigo procesal del investigado, es decir, para la jueza, Dávalos Arriaga podría fugar durante el lapso que dure el proceso de investigación judicial.
En cuanto a Granados Muñoz, la jueza halló graves y fundados elementos de convicción que respaldaban el pedido de prisión preventiva formulada por el fiscal como, por ejemplo, el vencimiento de su contrato de alquiler de vivienda con fecha 28 de febrero del presente año, la dirección que figuraba en su DNI es del distrito Los Olivos (Lima) y riesgo de no renovación de su contrato en ESalud (modalidad CAS).
Además, sus tres hijas son mayores de 26 años de edad (es decir, no tiene obligación de mantenerlas); su salario mensual en el Seguro Social alcanza los S/. 4 mil; posesión de tarjetas de créditos en diversos bancos; y, lo más extraño, es que su esposa contaba con ahorros de U$S 29 mil en una entidad financiera local, lo cual hizo sospechar a la Justicia que ésta podría ayudar a que su cónyuge huya, proporcionándole dinero para tal fin.
Es así que por más que los abogados de los auditores de EsSalud trataron de lucir, cual ases bajo las mangas, sus mejores argumentos de defensa en favor de sus patrocinados, la jueza Cecilia León empezó a pronunciar las conclusiones a las que había llegado, luego de dos horas y media de análisis y debate.
Carlos Flores Balarezo | Redacción La Industria