Conflictividad. Comunidades aimaras de Puno se declararon en paro indefinido contra Dina Boluarte y el Congreso. El Ejecutivo conformará una comisión multisectorial para analizar posibles apoyos económicos a familiares de los 28 fallecidos.
Por: Wilber Huacasi
Organizaciones sociales consultadas de Ayacucho, Huancavelica y Andahuaylas (Apurímac) informaron que se encuentran en reuniones para tomar una decisión sobre la posibilidad de retomar las movilizaciones y protestas en rechazo al Congreso de la República y a la presidenta Dina Boluarte, desde los primeros días de enero.
En tanto, desde el Ejecutivo anunciaron para este martes la instalación de una comisión multisectorial para analizar la opción de otorgar reparaciones económicas o un apoyo solidario a las familiares de los fallecidos en el contexto de las protestas y la represión estatal.
Reuniones claves
Hoy a las seis de la tarde se reunirán las organizaciones sociales de Huancavelica para analizar la coyuntura y la decisión adoptada en el Congreso sobre mantenerse en sus cargos hasta julio del 2024. En función a los puntos de vista de los representantes, se tomará una decisión.
En Ayacucho ya hubo un acuerdo previo para reiniciar las marchas y protestas el 4 de enero del 2023. Sin embargo, según informaron, la decisión tendrá que ser ratificada en una próxima asamblea. En esta región, varios dirigentes han optado por mantener sus identidades bajo reserva, ante la eventualidad de posibles represalias judiciales o militares.
En Andahuaylas hay también un acuerdo preliminar de reiniciar las protestas el 3 de enero próximo.
En Huancavelica, Ayacucho y Andahuaylas, la represión policial y militar que cobró vidas humanas es una variable que analizan las organizaciones.
Por otro lado, algunas organizaciones sociales de Arequipa se mantienen en reuniones de coordinación, a fin de definir el eventual reinicio de las protestas desde la próxima semana.
En tanto, en el norte, en La Libertad, organizaciones y artistas convocaron para hoy a un plantón, en rechazo a los actos de represión policial y militar que ocasionaron la muerte de jóvenes y adolescentes.
Paro en Ilave
En Ilave (Puno), las comunidades aimaras acatan un paro indefinido y las vías principales ayer estuvieron bloqueadas, según pudo constatar ayer La República. Los manifestantes no descartaron recibir año nuevo en plena paralización.
En las movilizaciones se constató una mayor presencia de mujeres. Varias expresaron su rechazo a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso. Un sector anunció viajar a Lima para apoyar las protestas y en las arengas insistieron en que las muertes de las represiones no deben quedar impunes.
En tanto, en La Convención (Cusco), el comité de lucha expresó su respaldo a un paro indefinido, en protesta contra Dina Boluarte y la exigencia de nuevas elecciones generales.
Apoyo solidario
Desde el Poder Ejecutivo hubo un anuncio para hoy, para la instalación de una comisión multisectorial encargada de analizar la situación de los 28 fallecidos (22 por represión y 6 por bloqueos o accidentes en el contexto de los paros) y la asignación de un apoyo económico.
“El Gobierno brindará un apoyo solidario económico para los familiares de los fallecidos durante las protestas. Esta medida va de la mano con una debida investigación y determinación de responsabilidad”, informó ayer el ministro de Justicia, José Tello, en TV Perú.
El sábado pasado, Tello detalló en RPP que la comisión multisectorial tendrá participación de distintos actores, incluyendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. De hecho desde esta organización no hubo confirmación de la convocatoria hasta anoche.
El ministro Tello dijo que para la comisión también se convocará a dos representantes de las familias de las víctimas.
Consultado sobre el tema, Jack Diburga, abogado de los familiares de las diez víctimas de la represión de Ayacucho, manifestó que ningún apoyo económico implicará la suspensión del proceso fiscal, a través del cual se busca justicia y sanción penal para los responsables.
Gobierno formula nueva invitación a la CIDH
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó ayer que el Gobierno peruano cursó una nueva invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para culminar sus labores de investigación.
Una delegación de la secretaría técnica de la CIDH llegó al Perú entre los días 20 y 22 de diciembre, e incluso viajaron a algunas regiones para conocer detalles sobre hechos que configurarían violación a los derechos humanos, como producto de la represión.
En la comunicación difundida ayer por la Cancillería, hicieron énfasis en que las autoridades peruanas seguirán prestando plena colaboración a la CIDH.
Esta misma instancia supranacional informó en días previos que en enero del 2023 habrá una visita con participación de comisionados.
(LA REPÚBLICA)