Por: Mario Huamán Rivera
Ante la decisión del gobierno de dejar de lado el cumplimiento de sus compromisos electorales, como la construcción del Gasoducto Sur Andino y el desarrollo de la Petroquímica, las organizaciones regionales del sur se reunirán el 29 de setiembre en el Cusco con la finalidad de acordar acciones en conjunto para exigir la ejecución de dichos proyectos.
Cabe mencionar, que la decisión del Ejecutivo se da en momentos en que se ha silenciado la denuncia que hizo Perupetro sobre las ventas irregulares del Gas de Camisea que realiza Repsol perjudicando económicamente a nuestro país, además de las tratativas que vendría haciendo la transnacional con el fin de vender sus intereses a otros grupos económicos, aprovechando la indiferencia de las autoridades peruanas para defender los intereses nacionales.
Participarán en la reunión representantes de los frentes regionales, sindicatos, intelectuales y personalidades de Arequipa, Cusco, Moquegua, Tacna, Puno, etc. Asimismo, concurrirán delegaciones de los diferentes frentes regionales de otras partes del país, además de gremios laborales y colectivos ciudadanos.
Entre las decisiones que se evaluarán en dicha reunión están la convocatoria a movilizaciones, jornadas de lucha, paros y huelgas, si el Presidente, Ollanta Humala, persiste en dejar que las transnacionales continúen explotando impunemente nuestros recursos energéticos enriqueciéndose gracias a la corrupción en el Estado, mientras la mayoría de ciudadanos enfrenta el alza de costo de vida y el deterioro de su calidad de vida por el incremento de los combustibles.
En ese sentido, también se consensuarán propuestas e iniciativas que serán derivadas al mandatario para reimpulsar la masificación del Gas de Camisea para desarrollar y fortalecer la economía nacional y favorecer con energía barata a todas las familias peruanas.
Por otro lado, la delincuencia continúa actuando con impunidad extorsionando a trabajadores y empresarios de la construcción aprovechando la corrupción en el Poder Judicial, como se demostraría en la decisión de la jueza, Lucila Rafael Yanac, de liberar a 11 avezados delincuentes que fueron detenidos en un operativo de la División Policial de Protección de Obras Civiles (DIVPROC), atendiendo la denuncia de un agraviado en Pucusana.
La referida jueza vendría cometiendo estas controversiales decisiones en perjuicio de la ciudadanía desde el 2006 y a pesar de las denuncias de los afectados ante los órganos jurisdiccionales, continúa ejerciendo en el Juzgado de San Juan de Miraflores.
Por estos motivos, demandamos al Presidente del Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura para que se inicie la investigación de oficio a la cuestionada magistrada, cuya decisión ha puesto en peligro a la denunciante y a la ciudadanía en general, además de favorecer el crecimiento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.(la primera)