"GASTARON A MANOS LLENAS Y NO RINDIERON CUENTAS"
Fujimoristas boicotearon sesión para impedir aprobación del informe sobre colegios emblemáticos y salvar a sus socios apristas. Megacomisión se reúne hoy a terminar el trabajo.
La Megacomisión del Congreso que investiga los presuntos actos de corrupción del segundo gobierno aprista acordó ayer agregar a los nombres del expresidente Alan García y su exministro de Educación José Antonio Chang los de Yehude Simon. expremier y Pedro Sánchez, extitular de energía y Minas, como presuntos responsables de infracción constitucional.
La acusación se basa en que no existió un fundamento técnico ni legal para la dación del cuestionado decreto de urgencia 004-2009 que exoneró de licitación el proceso de remodelación de los colegios emblemáticos y que permitió una serie de actos ilícitos. Es decir que no hubo ninguna situación de emergencia que lo amerite.
Fuentes congresales refirieron que el legislador Pedro Spadaro, con la aparente intención de impedir que prospere el pedido de una acusación constitucional contra García y Chang, objetó ese segundo punto de las recomendaciones del informe sobre los colegios emblemáticos.
Pero se topó con la negativa del presidente de la comisión, Sergio Tejada, y de sus colegas de la bancada oficialista Juan Pari y Cristóbal Llatas, así como de Yonhy Lescano (Alianza Parlamentaria), mientras que fue apoyado por su correligionario Carlos Tubino y el representante de Alianza por el Gran Cambio, Enrique Wong.
Entonces se sometió al voto el pedido de que este punto sea modificado y la mayoría decidió que se incluya también a Simon y a Sánchez, quienes rubricaron el decreto 004. Sánchez lo hizo como encargado del Ministerio de Economía y Finanzas.
CONTROVERSIA
Precisamente, ese punto fue el que provocó mayor controversia entre los integrantes de la comisión, pues había quienes afirmaban que el decreto de urgencia 004-2009 es sin lugar a dudas inconstitucional, por lo que debía aprobarse recomendar acusar constitucionalmente a los exfuncionarios del gobierno anterior, mientras que otros como los parlamentarios Fujimoristas y Wong se opusieron.
En diálogo con LA PRIMERA, Wong admitió haberse opuesto por considerar que el decreto sí es constitucional.
SIN SUSTENTO
Según el documento elaborado por el equipo técnico, “este decreto fue emitido sin cumplir con las disposiciones legales y constitucionales, específicamente sin la observancia de lo dispuesto por el inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú.
Refiere que el decreto permitió la ejecución de 77 obras a nivel nacional mediante contratación directa para la elaboración de expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes, ejecución de obras hasta por el monto de S/. 1,251’203,350.70, dinero correspondiente a las arcas del Estado, que de manera imperante debió ser utilizado justificada y adecuadamente.
El artículo 118 sobre las atribuciones del Presidente de la República en su inciso 19 señala que debe dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiera el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso.
Hace un mes, luego que se filtrara a la prensa el entonces borrador del informe que recomendaba investigar a García y sus exministros por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir, prevista y penada en el Art. 317º del Código Penal, delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de colusión previsto y penado en el Art. 384º del Código Penal, los apristas provocaron tremenda batahola, sin que el documento haya sido aprobado.
BOICOT FUJIMORISTA
Las mismas fuentes indicaron que durante la sesión de ayer, que se inició a las 11:30 de la mañana y entró en receso pasadas las dos de la tarde, los parlamentarios Fujimoristas y el representante de APGC recurrieron a diferentes maniobras para dilatar el debate e impedir la aprobación del informe sobre los colegios emblemáticos.
Con este objetivo, en algunos casos se centraban en puntos intrascendentes y por un buen espacio de tiempo que hizo imposible poder evaluar las 20 conclusiones que conforman el documento.
Según las fuentes consultadas, Wong planteó que el debate del documento sea postergado para la próxima semana, aduciendo una falta de documentos y una redacción indebida, pero se dio con la negativa de los congresistas nacionalistas y de Lescano, lo que reconoció luego el propio Wong.
NERVIOSISMO
Este comportamiento explicaría de alguna manera la inasistencia a la sesión de los congresistas apristas Mauricio Mulder y Javier Velásquez, quienes el miércoles y luego de intentar desacreditar el peritaje técnico al Melitón Carvajal, advirtieron que estarían presentes en el debate del informe.
Ambos, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron ocultar su nerviosismo ante la inminente aprobación del informe, pues no solo incurrieron en contradicciones, sino que Velásquez arremetió contra este diario acusándolo de ser el vocero de la Megacomisión por informar la verdad de los hechos.
OCHO PUNTOS
Tras la sesión de ayer, el titular de la Megacomisión informó que solo se habían logrado debatir ocho de las 20 conclusiones. Al respecto, este diario conoció que de estas ocho fueron aprobadas tres por las razones antes expuestas.
Tejada sostuvo que a pedido de algunos de los miembros, el equipo técnico de la Megacomisión se reunió ayer en horas de la tarde con los asesores de los congresistas para modificar algunos temas referidos a la redacción del documento, razón por la cual el debate fue postergado para hoy a partir de las 2:00 de la tarde.
Otro punto que generó discrepancias fue la conclusión que da cuenta que exfuncionarios y exservidores del Ministerio de Educación como el exjefe de la Oficina Nacional de Infraestructura (Oinfe) Pedro Morales Gonzales, habría favorecido a determinadas empresas que no cumplían con la Ley de Contrataciones del Estado y carecerían de la experiencia necesaria, situación que alcanzaría al exministro de Educación, José Antonio Chang, quien además habría incurrido en el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento ilícito porque siendo ministro continuó beneficiándose de la Universidad privada San Martín de Porres.
Vilma Escalante
Redacción ( la primera)