La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la inhabilitación por 10 años contra 4 fiscales supremos (Espinoza, Villena, Sánchez, Ávalos) por presunta infracción constitucional y otros delitos. La medida pasará a Comisión Permanente, elevando la tensión entre poderes.
La medida fue aprobada en la subcomisión en el marco de una denuncia que acusa a los magistrados de la Fiscalía de haber incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, e infracción constitucional.
La aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es solo el primer paso. El informe final, que recomienda la sanción de inhabilitación, deberá ser elevado a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación y luego al Pleno para el debate y votación final.
Aunque el detalle exacto de las infracciones imputadas variará para cada caso, estas denuncias forman parte de un contexto de tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público. Delia Espinoza enfrentó recientemente una denuncia constitucional planteada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien solicitó su inhabilitación por 10 años. En el caso de Zoraida Ávalos, esta se suma a otros procesos previos que ya resultaron en su inhabilitación.
La inclusión de Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez evidencia la amplitud del proceso sancionador que busca remover a algunos de los más altos representantes de la Fiscalía.
Tensiones entre Ministerio Público y Congreso
Esta aprobación se produce en medio de una serie de investigaciones, suspensiones y reinstauraciones de fiscales en los cargos más importantes del Ministerio Público, incluyendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez). Las decisiones tomadas en el Congreso, sumada esta reciente aprobación de la SAC, reafirmarían los cuestionamientos sobre el uso de la figura de la inhabilitación como herramienta para influir en la independencia del sistema de justicia.
La situación de Delia Espinoza es particularmente compleja, ya que, además de esta denuncia, existe una reciente decisión del Poder Judicial que ordenó su restitución como fiscal de la Nación, una medida que no ha sido acatada por la JNJ.
El futuro de los fiscales supremos y las repercusiones políticas de esta decisión quedan a la espera de la votación final en el Pleno del Congreso.(La República).