El general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza afirma que la presidenta Boluarte le informó que había 16 organizaciones diferentes detrás de las protestas, que no había relación entre ellas, tampoco una sola dirigencia, y que recomendó una solución política.
El último jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) del gobierno de Pedro Castillo, el general EP (r) Wilson Barrantes Mendoza, continuó en el cargo cuando asumió la presidencia Dina Boluarte y sostuvo una reunión de trabajo con ella sobre la dimensión de la protesta en diferentes localidades del país. Barrantes reveló a La República que advirtió a Boluarte que las manifestaciones crecerían y que sería un grave error considerar que el terrorismo era el incitador y organizador de las movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional.
Según Barrantes, el encuentro se produjo el jueves 8 de diciembre de 2022, a solicitud de la presidenta Boluarte, Barrantes continuó en el cargo hasta el 18 de diciembre y fue reemplazado por el coronel EP (r) Juan Carlos Liendo O’Connor.
“Le hicimos saber (a la presidenta Boluarte) que lo que hemos vivido era la primera fase de todo este proceso de desorden político. Hemos vivido una primera fase y con ello no hemos ingresado al paraíso. (Que íbamos a) ingresar a un campo político movido porque ya teníamos información de que se estaba manejando una plataforma de cuatro puntos: el cierre del Congreso, la asamblea constituyente, la convocatoria de elecciones y la renuncia de la señora presidenta. Además, había una cosa más, que era la libertad de Castillo”, relató el exjefe de la DINI.
“Era una plataforma aislada, que venía de diferentes puntos a nivel nacional, que no estaba articulada, que no tenía una unidad de los actores que estaban involucrados”, añadió Barrantes.
Narró que en una reunión del Consejo de Inteligencia Nacional (COIN), máxima instancia colegiada del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), encargado de orientar las actividades de inteligencia y contrainteligencia, y es de carácter deliberativo y resolutivo, se notificó de que había 16 organizaciones que alentaban a las marchas de protesta y que carecían de vínculo entre ellas. Tampoco se identificó a un partido o a un líder como aglutinador de las manifestaciones antigubernamentales. Negó que el aparato de fachada senderista, el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), dirigiera las protestas.
“No, para nada. Nosotros convocamos al COIN, que lo componen todos los directores de inteligencia de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Cancillería. Todos expusieron la situación. Por ejemplo, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (DIRIN) identificó alrededor de 16 grupos que estaban a cargo de todos estos movimientos aislados. No había ninguna relación entre uno y otro grupo. No había ni una sola organización, ni un líder, ni nada. Sí había líderes regionales individualizados”, precisó el general Barrantes.
“(Decir que es) una ‘insurgencia terrorista’ es una estupidez. Ese término no existe en la doctrina militar. Habla alguien que tiene el reconocimiento de haber participado como experto en doctrina en más de 26 procesos penales. Además, soy graduado en desarrollo y seguridad estratégica, el máximo nivel de la doctrina estratégica del Estado”, afirmó Barrantes.
“(Hablar de la infiltración extranjera) es parte de la distracción que se quiere poner. Para mí es una distracción para confundir a la población, haciendo notar que tiene un componente externo. Todo lo que estamos viviendo es interno”, apuntó.
Fuego con fuego
Antes de la ola de manifestaciones antigubernamentales con registro de víctimas a causa de armas de fuego en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco, el exjefe de la DINI aconsejó a la jefa de Estado enfrentar políticamente la situación. Pero no lo escuchó. Se prefirió el estado de emergencia, el toque de queda. La represión indiscriminada.
“Le expliqué sobre el escenario político que se presentaba. Le dije que íbamos a vivir procesos de alteración de orden político. Pero que veíamos solo eso, no íbamos a vivir protestas de orden económico, de orden sociológico. Simplemente de orden político y ha sido así. Poco a poco hemos visto algunos actores, que han pagado la movilidad para desplazar, que corresponde a gente que viene del corredor minero hasta tal sitio. Alguien paga y vienen 40 o 50 camionetas. No necesariamente del Vraem. Hay varios corredores. Vienen del sur. En el peor momento, hemos visto cerca de 40.000 elementos que han venido a protestar. Es un número bastante pequeño, o sea, no era significativo, pero era exacerbado en algún momento porque teníamos la protesta”, explicó el exjefe de la DINI.
Barrantes estaba en desacuerdo con declarar el estado de emergencia y el toque de queda, y que cuando el Gobierno de Boluarte lo decidió el lunes 12 de diciembre, no se tomó en cuenta la información de la DINI.
“Para haber llegado (a la declaración de estado de emergencia) debieron convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. La DINI se encarga de exponer la situación real ante el consejo. Pero eso no ha ocurrido. (En lugar de eso), más bien nos enteramos de que había llamado al jefe del Dircote (general PNP Óscar Arriola), al ministro del Interior (general PNP retirado César Cervantes) y al director de Inteligencia del Comando Conjunto (general EP Rubén Castañeda Layseca), y entre ellos resolvieron.
“¿A ellos no les correspondía (recomendar el estado de emergencia)?”, interrogamos.
“No les correspondía si fuera Consejo de Seguridad de Defensa Nacional. Al día siguiente (martes 13 de diciembre), le digo al presidente del Consejo de Ministros, (Pedro Angulo Arana): ‘Doctor, esto tiene un grave riesgo porque el soldado tiene dos alternativas. Si yo le digo al soldado que todos (los manifestantes) son terroristas, que el que levanta una piedra es enemigo, no verá a ese hombre que protesta por alguna razón política. Eso va a traer consecuencias porque el soldado dispara, porque tiene que ser binario: cero o uno, amigo o enemigo. No hay más’. (...) Me pareció extremo y exagerado que se tomara la medida (de estado de emergencia). No participamos en ese evento (donde se decidió el estado de emergencia), si no lo hubiéramos dicho. (...)”, relató el exjefe de la DINI.
El terruqueo mata
“Al día siguiente (15 de diciembre) vinieron los muertos, 60 heridos y siete muertos. Me voy a su oficina y ya encontré a otro presidente del Consejo de Ministros. Angulo estaba abatido y me dijo: ‘Bueno, lamentablemente, uno recién comienza a conocer a la gente’, y no sé cuánto”. El 18 de diciembre, Boluarte destituyó a Barrantes.
“¿Le sorprendió la designación del señor Liendo?”, le indicamos.
“Sí, porque permanentemente él había cuestionado a la propia presidenta, haciéndola ver como terrorista y al partido Perú Libre como terrorista. A los miembros de Perú Libre, Guido Bellido y otros, como terroristas. Entonces qué locura es eso. Hemos pasado de un nivel del terruqueo a un nivel del fascismo. Lo que hemos visto es una conducta fascista del Estado. Y yo lamento esto porque quienes van a pagar las consecuencias, no son los políticos, sino los uniformados, porque esta es una situación que ya no lo controlan ellos.
“¿Por qué le sorprendió el nombramiento de Liendo, si constantemente salía en los medios dando comentarios como analista de inteligencia?”, preguntamos.
“Sus análisis estaban fuera de lugar. Me da la impresión de que es un alucinado, que imagina cosas de que son de la época del 70, 80 o 90 y porque nosotros estábamos más al contacto con este tema. Todo lo que se ha dicho que el Perú vivía una suerte de marea terrorista es falso. Acá están las consecuencias”, manifestó Barrantes.
“Como es de conocimiento público, Liendo fue ayudante del jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), del general (Julio) Salazar Monroe. Conocía a Vladimiro Montesinos. Ha trabajado en esos niveles. O sea, es parte de la cultura fujimorista, del terruqueo. Tengo la impresión de que (si la presidenta Boluate) hubiera sido más serena y hubiera aguantado la presión (...), hubiera descubierto muchas cosas de lo que nosotros hoy en día estamos mirando. La plataforma (de los manifestantes) no está vinculada a ningún movimiento, ni siquiera a un partido político. No hay ningún partido político que esté detrás de esto.
Supuestamente en desacuerdo con Liendo por considerar las protestas como una “insurgencia terrorista”, y por señalar que los responsables de los manifestantes muertos eran los “terroristas”, la presidenta Boluarte lo sustituyó por el general PNP (r) Roger Arista Perea. Sin embargo, la jefa de Estado, luego de la confirmación de los 18 fallecidos en la protesta de Juliaca, insistió en que el terrorismo azuzaba a las movilizaciones contra su Gobierno.
Continuará.
(LA REPÚBLICA)