lunes, 23 de enero de 2023

Dina Boluarte quiso renunciar tras primeros fallecidos, pero Otárola la convenció de quedarse

Fuentes cercanas al entorno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, señalaron que quiso renunciar en 2 ocasiones tras las primeras muertes que se registraron durante las protestas de diciembre de 2022.

Dina Boluarte asumió la presidencia el último 7 de diciembre de 2022. Foto: John Reyes/La República

La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, intentó renunciar al cargo que hoy ocupa en dos oportunidades. Así se dio a conocer en una nota publicada de este domingo en La República. Ello ocurrió luego de que se registraran las primeras muertes que se dieron durante las manifestaciones en diciembre del 2022, en las que se pedía su salida del Ejecutivo, así como el adelanto de elecciones generales.

De acuerdo a fuentes cercanas a la jefa de Estado, la iniciativa de Boluarte Zegarra fue impedida por el presidente de Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda. El premier la habría convencido de que no deje la presidencia al alegar que serían procesados si lo hacía.

Entre las promesas que realizó el jefe de gabinete a Dina Boluarte se encontraba que conseguiría el respaldo de las bancadas de la derecha, así como de las Fuerzas Armadas.

Dina Boluarte descartó renunciar y afirmó que su Gobierno está “firme”

El 19 de enero, mientras se desarrollaba el paro nacional contra el Gobierno de Dina Boluarte, la mandataria volvió a reiterar que no renunciará a la presidencia y afirmó que su gabinete ministerial “está más unido que nunca”.

“La situación está controlada porque sabemos que estos señores no van a cesar en su proceso de quebrar el Estado de derecho (...) desmentir las noticias falsas que han estado invadiendo en todas las redes. El Gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca“, sostuvo en su mensaje acompañada de algunos de sus ministros de Estado.

En ese mismo pronunciamiento, la gobernante aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía abrirán carpetas fiscales contra “aquellas personas que han generado actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado”.

(LA REPÚBLICA)