Acusación directa. El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder busca demostrar que el mandatario Pedro Castillo autorizó el financiamiento de obras públicas en beneficio de sus paisanos y amigos que aportaron a la segunda vuelta. Han sido detenidos Salatiel Marrufo y Abel Cabrera, pero escapó Segundo Sánchez.
Por: Ángel Páez, Abel Cárdenas.
Como parte de la investigación que se le sigue al jefe del Estado Pedro Castillo por crimen organizado y otros delitos de corrupción de funcionarios, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ejecutó un mandato judicial que le autorizó detener a tres financistas de la campaña presidencial y a otros tres exfuncionarios de Palacio de Gobierno.
En el primer grupo se encuentran el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara y los empresarios Abel Cabrera Fernández y Segundo Sánchez Sánchez.
Estos personajes, junto con el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero —quien ya se encuentra en prisión—, eran parte del grupo de ‘Los Chiclayanos’, también conocidos como el Buró Político del presidente por sus paisanos y amigos del mandatario Castillo.
La orden de detención del juez Víctor Zúñiga Urday también alcanzó a Auner Vásquez Cabrera, exjefe del Gabinete Técnico del presidente Castillo, al exasesor presidencial Biberto Castillo León y el exasesor técnico de Palacio de Gobierno Eder Vitón Burga.
Los tres fueron arrestados bajo la presunción de haber entorpecido la investigación de la Fiscalía con el expreso propósito de proteger y encubrir al presidente Pedro Castillo.
En la misma resolución, el magistrado Víctor Zúñiga dispuso el allanamiento de la celda donde se encuentra el alcalde de Anguía y amigo del jefe del Estado, Nenil Medina Guerrero, debido a que continuaría en contacto con sus cómplices.
El juez Zúñiga dio luz verde a la intervención de las viviendas del exsecretario de la Presidencia Beder Camacho Gadea, del asesor de inteligencia presidencia, Henry Shimabukuru Guevara, del exasesor presidencial David Pérez Curi y de los sobrinos del mandatario, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
Las autoridades señalan que estas personas estarían involucradas en el esfuerzo de amedrentar testigos, poner a buen recaudo a los investigados y de financiar sus actividades para evitar la captura.
Todos los identificados
Las 13 personas mencionadas son parte de una organización criminal liderada por el presidente Castillo y cumplen funciones determinadas. De este modo, se dividían de la siguiente manera:
a) Los financistas: Segundo Sánchez, Abel Cabrera y Nenil Medina.
b) Los operadores: Beder Camacho, Biberto Castillo, Eder Vitón, Henry Shimabukuro y David Pérez Curi.
c) Los coordinadores: Fray Vásquez y Gian Marco Castillo.
Conforme la investigación fiscal, los mencionados participaron en distintos momentos y etapas de los hechos delictivos identificados por las autoridades:
1. Financiamiento de la campaña presidencial de Pedro Castillo por parte de paisanos y amigos a cambio de la repartición de obras públicas.
2. El copamiento de entidades públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Juan Silva Villegas) y del Ministerio de Vivienda y Construcción (Geiner Alvarado López), con funcionarios que ejecutarían el plan de entrega de obras públicas a los implicados.
3. Concertación para la distribución de proyectos de obras de infraestructura mediante el direccionamiento de contrataciones, mediante funcionarios nombrados por la organización criminal, como Geiner Alvarado y Salatiel Marrufo. El presidente Castillo y Alvarado suscribieron el Decreto de Urgencia 102-2021, que autorizó el financiamiento de obras públicas escogidas por los miembros de su entorno.
4. Captación del grupo de congresistas de Acción Popular conocido como ‘Los Niños’, para que voten contra la vacancia presidencial a cambio de la asignación de obras públicas.
5. Despliegue de una red de funcionarios de Palacio de Gobierno para entorpecer, bombardear, destruir la investigación fiscal, ocultar evidencias, amedrentar testigos y desaparecer evidencias. Todas estas etapas se diseñaron y ejecutaron con conocimiento y autorización del presidente Pedro Castillo, según la investigación fiscal.
La pista del dinero
El juez Víctor Zúñiga Urday dispuso la captura de los financistas de Pedro Castillo —Segundo Sánchez, Abel Cabrera y Salatiel Marrufo—, luego de que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder acreditara que el jefe del Estado y los detenidos montaron una organización criminal para recuperar el dinero invertido en segunda vuelta.
Como parte del acuerdo delictivo, el grupo de inversionistas, también conocido como ‘Los Chiclayanos’, o Buró Político del presidente, lograron que el mandatario Castillo designe a Geiner Alvarado López, íntimo amigo de Salatiel Marrufo y Abel Cabrera, como ministro de Vivienda, y del mismo Marrufo, como jefe de asesores del mismo despacho.
De los tres casos que contienen la denuncia constitucional contra el presidente Castillo, que ha presentado ante el Congreso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el más grave es la repartija de obras públicas a quienes financiaron su campaña electoral. Aquí Castillo interviene con su puño y letra.
La investigación del equipo especial apunta a demostrar que el presidente Castillo emitió el Decreto de Urgencia 102-2021, el 29 de octubre del 2021, para autorizar un conjunto de obras públicas del Ministerio de Vivienda, entre las que se encontraban una veintena digitadas por sus financistas, también conocidos como ‘Los Chiclayanos’ o Buró Político del presidente.
Los alcaldes coludidos, como Nenil Medina, luego adjudicaban las obras a empresarios corruptos que pagaban un soborno de 10% sobre el total de la obra.
Los financistas del presidente Castillo estaban desesperados por recuperar el dinero que invirtieron.
El 20 de agosto del 2021, a instancias de Geiner Alvarado y de Salatiel Marrufo, la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, fue conducida a un departamento en Surquillo, donde la esperaba la crema y nata de ‘Los Chiclayanos’: el alcalde Nenil Medina y los empresarios Segundo Sánchez Sánchez —el dueño de la casa del jirón Sarratea— y Abel Cabrera Fernández, quienes, además, actuaban como “asesores” en la sombra del presidente Castillo.
Elizabeth Añaños declaró ante las autoridades que Salatiel Marrufo la presionaba para que incluyera en el programa Perú en Marcha un listado de 20 proyectos de obras públicas de interés de ‘Los Chiclayanos’ por un monto cercano a los 70 millones de soles. Añaños renunció al Ministerio de Vivienda; sin embargo, el plan criminal continuó en marcha.
El 29 de octubre del 2021, el presidente Castillo y el ministro Geiner Alvarado suscribieron el Decreto de Urgencia 102-2021 autorizando el financiamiento de obras públicas, entre las que se encontraban las 20 que ‘Los Chiclayanos’ exigían como compensación por el apoyo económico a la campaña electoral del jefe del Estado.
Los conspiradores
Los proyectos fueron adjudicados a empresas que eran parte de la red criminal. Uno de los empresarios favorecidos, Hugo Espino Lucana, confesó que el alcalde de Anguía, Nenil Medina, le indicó que la coima a cambio de la adjudicación de un proyecto de infraestructura pública era del 10% respecto al monto total. Efectivamente, Espino desembolsó el dinero a Medina.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señala que el jefe del Estado Pedro Castillo, al emitir el Decreto de Urgencia 102-2021, estaba en pleno conocimiento de que la norma beneficiaría a los empresarios que financiaron la campaña de la segunda vuelta.
Además, Castillo autorizó a varios miembros de su entorno en Palacio de Gobierno, como Beder Camacho Gadea, Henry Shimabukuro Guevara, Auner Vásquez Cabrera, Biberto Castillo León, Eder Vitón Burga y David Pérez Curi, a efectuar acciones de encubrimiento, entorpecimiento y encubrimiento, con la finalidad de hacer zozobrar la investigación fiscal (ver notas aparte).
En la misma línea, el jefe del Estado se ganó la confianza de un grupo de congresistas de Acción Popular —conocido como ‘Los Niños’—, a quienes les pidió su apoyo contra los intentos de vacancia.
Los legisladores acciopopulistas solicitaron a cambio al presidente Pedro Castillo la asignación de millonarias obras públicas, así como el nombramiento de funcionarios en el Poder Ejecutivo, como contraprestación por asegurar sus votos a favor del jefe del Estado.
Los congresistas ya tenían acordada la ejecución de las obras públicas con empresas constructoras chinas y sus socios peruanos.
¿Quién es el prófugo Segundo Sánchez?
Aportó S/500.000 a la campaña de Pedro Castillo y no lo declaró a la ONPE.
Dueño de la vivienda en el jirón Sarratea, donde el presidente Castillo sostenía reuniones clandestinas con empresarios.
Cubría los gastos de los sobrinos del presidente, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, quienes cumplían función de operadores del jefe de Estado.
Participó en la reunión clandestina del 20 de agosto del 2021, con la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños, junto con otros miembros de ‘Los Chiclayanos’ para digitar obras públicas del proyecto Perú en Marcha.
La Fiscalía estima que usó testaferros para obtener contrataciones con el Estado durante el Gobierno de Castillo.
Datos
Cómplices. La Fiscalía ha documentado que los implicados eran frecuentes visitantes de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, así como en la casa de Sarratea, donde los empresarios interesados se presentaban para negociar las obras públicas.
La clave
Acusación. La tesis fiscal indica que los congresistas de Acción Popular ejercieron influencia en el Gobierno, tanto con el presidente Pedro Castillo como con el exministro Juan Silva, para que ciertas empresas obtengan proyectos de obras públicas.
La red criminal
Resolución del juez Víctor Zúñiga que ordena detenciones y allanamiento a miembros del entorno personal de Pedro Castillo.
Decisión suprema
El vocal supremo Juan Carlos Checkley dispuso el allanamiento judicial de las viviendas de los congresistas acciopopulistas conocidos como ‘Los Niños’.
(LA REPÚBLICA)