Por: Dionicio Mantilla León
“No hay fraude. No vamos a ganar. Pero, igual, vamos a apelar”. “Pero, porqué y contra qué”. “No sé. Ese es el encargo que hemos recibido. ¿Acaso no tenemos derecho a apelar?”. “Si, pero existiendo un motivo razonable y sustentado legalmente. ¿No saben que eso entorpece el proceso electoral y le hace daño al país?” “No sé, ese no es mi tema”. Este diálogo que pareciera sostenido entre dos dementes y hablando sobre temas sin sentido y carentes de lógica se produjo hace muy poco entre el periodista Jaime Chincha de RPP y el abogado Julio César Castiglioni, Jefe del equipo de asesores legales de Fuerza Popular, que viene impulsando “contra viento y marea” la cruzada de la candidata presidencial Keiko Fujimori de boicotear el proceso electoral desconociendo los resultados de las elecciones presidenciales y, consecuentemente, negándose a aceptar su derrota en la lid por llegar a la máxima magistratura de la nación.
Una derrota que se suma a una retahíla
de fracasos en su afán de llegar a ser Presidenta de la República. Atrás queda,
por ejemplo, su derrota frente a Ollanta Humala en el 2011 y luego frente a PPK
en el 2016, eventos electorales en los que también asumiendo el rol de una
persona caprichosa, anti demócrata y antipática se resistió a desconocer su fracaso dedicándose
a torpedear la labor gubernativa de sus contendientes presidenciales, sin
embargo, una actitud que se ha convertido, hoy, en una obsesión absurda y una
mayúscula falta de respeto a la Democracia, una actitud censurable que lesiona los
principios democráticos en donde lo básico es saber reconocer, hidalgamente,
los resultados electorales emitidos por el JNE que no le favorecen y ubican al
Profesor Pedro Castillo Terrones, como el nuevo Presidente de la República.
Las descabelladas y desequilibrantes
respuestas dadas por el principal asesor legal de Keiko Fujimori no hace más
que abonar a este escenario de incertidumbre que reina en nuestro país y traba
innecesariamente la culminación del proceso electoral con la proclamación presidencial y luego las acciones
de transferencia de mandos y sectores gubernativos propiciando así un escenario
de caos. A la señora Keiko Fujimori no le interesa para nada destruir la
esencia de la Democracia peruana de respeto a la voluntad de las mayorías y el
fortalecimiento del Estado de Derecho. Y así se presentaba ella como la
abanderada y defensora de la Democracia descubriendo ahora, con esta actitud,
su verdadero ADN antidemocrático y tiránico de como hubiera sido su gobierno si
por casualidad hubiese ganado las elecciones. ¡Gracias a Dios que eso no
ocurrió!
A este condenable hecho se unen los
actos violentos que vienen promoviendo sus grupos violentistas “La Resistencia”
y los “Combatientes” integrados por bandos de desquiciados actos violentos que
se produjeran el miércoles 14 en las cercanías del JNE y el Palacio de Gobierno
a los gritos de: “¡Sagasti. a sí como con marcha te pusieron, con marchas te
sacaremos!”. Grupo “La Resistencia” gestado y promovido hace algunos años por dos
ex congresistas una de ellas muy conocida. Grupos que agredieron salvajemente a
los ministros de Salud y de Vivienda, así como a periodistas de La República y
los canales de TV: ATV, Latina y Canal N. Violencia incentivada por la líder de
Fuerza Popular. Keiko Fujimori, en sus mítines al declarar que no reconocerá
los resultados electorales.
Pero, tal como es fácil suponer, la
verdadera causal de su empeño en promover este torbellino político es crear la
escenografía necesaria para evadir a la acusación fiscal que ha pedido 30 años
de prisión para ella por una serie de presuntos delitos entre ellos lavado de
activos. Un torbellino de violencia con escala impredecible como parte de una
estrategia que conllevaría a eventuales detenciones de sus instigadores
argumento suficiente para pedir asilo y así evadir a la justicia con el argumento
de persecución política teniendo su mirada, para el asilo, el país de sus
ancestros, el Japón, o España, lugar en donde reside su amigo y apoyador, Mario
Vargas Llosa, el mismo que, llevado de su egolatría, pretende decidir por quien
votar y por quien no hacerlo en el Perú.
Mientras tanto, el JNE había anunciado que de todas maneras la proclamación del nuevo
Presidente tendría lugar el 20 de este mes; sin embargo, en el colmo de la
desfachatez y afán boicoteador su equipo de abogados cuyo Jefe, Julio César
Castiglioni ha declarado que ha recibido
órdenes para hacerlo han presentado nuevamente otra apelación ante el JNE de
las actas de 5 regiones poniendo en grave peligro la proclamación,
juramentación y, finalmente, la asunción del nuevo gobierno que debe ser el 28
de Julio fecha señalada por la Constitución Política en su artículo 116.
Desde nuestro modesto punto de
vista creo que este accionar boicoteador y atentatorio contra la Democracia y
la gobernabilidad del país debe ser detenida, siempre dentro del marco
normativo de la Ley, pues una persona no puede boicotear lo que manda la
Constitución Política (art.116) y detener la normal marcha de nuestra nación convirtiendo
este hecho en un despreciable presente para el gran acontecimiento histórico
del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional.