Comisión de constitución. Grupo parlamentario mantiene encarpetadas dos iniciativas de reforma del sistema de justicia, pero sí aprobó con celeridad dictamen sobre una ley que reduce las penas para el delito de lavado de activos, favoreciendo a los investigados Keiko Fujimori y Alan García.
Redacción: Wilber Huacasi
“Nunca, nunca hemos demorado una ley del Ejecutivo. Nunca”. La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, intentó desmentir de este modo en RPP que su bancada haya demorado en atender las iniciativas legislativas tramitadas por el gobierno de Martín Vizcarra.
Lo cierto es que Fuerza Popular ha mantenido una clara vocación obstruccionista en cuanto a las propuestas del Ejecutivo y, al contrario, durante su gestión en la Comisión de Constitución priorizaron otras iniciativas, como la ley que reduce las penas para el delito de lavado de activos, buscando favorecer a los investigados Keiko Fujimori y Alan García.
Referéndun a la fuerza
Apenas Vizcarra anunció en su mensaje del 28 de julio los cuatro proyectos de reforma constitucional vía referéndum, desde la tienda de Fuerza Popular surgieron comentarios en contra.
El 23 de agosto, Keiko Fujimori sostuvo en un video que el presidente había lanzado “un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista”.
Surgieron otras voces que le hicieron coro. “No nos podemos comprometer a que el referéndum se haga el 2018, no aceptamos que nos den plazos”, comentó Úrsula Letona.
La misma Rosa Bartra declaró el 11 de setiembre en Canal N: “Pensar en reformas del sistema político que recién van a operar después del 2021 ¿es prioritario?”. Por lo demás, conocida es su actitud en las sesiones de la comisión, donde fue necesaria la presión pública y de legisladores de otras bancadas para garantizar el desarrollo del referéndum en el 2018.
El boicot al referéndum también quedó demostrado en la maniobra efectuada en esta comisión, cuando, el 3 de octubre, camuflaron modificaciones al mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, en el proyecto de reforma sobre la bicameralidad. Fue por esta razón que fracasó esta modificación.
Lenta reforma judicial
Por otro lado, el 2 de agosto del 2018, el presidente Vizcarra presentó un paquete de siete proyectos de ley para impulsar una serie de reformas en el sistema de justicia.
Pese a la insistencia pública del mandatario, en la Comisión de Constitución optaron por encarpetar dichas iniciativas, a diferencia de la Comisión de Justicia, que aprobó los dictámenes entre octubre y diciembre del 2018.
El 3 de enero de este año, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, protestó en Twitter y recordó que desde agosto del año pasado no se aprobaban los dictámenes en el grupo de trabajo presidido por Bartra.
Recién al día siguiente, el 4 de enero, luego de más de cinco meses, la comisión de Bartra aprobó cuatro dictámenes del Ejecutivo. Estos son: el proyecto que fortalece la transparencia en el Poder Judicial y otros organismos vinculados con el sistema de justicia; el proyecto que crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción y lavado de activos; la iniciativa para la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, y una modificación sobre el proceso contencioso administrativo.
Sin embargo, esta misma comisión aún mantiene encarpetadas desde agosto otras dos iniciativas de Vizcarra sobre la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.
"Justicaciones"
En recientes declaraciones en RPP, la parlamentaria Rosa Bartra comentó que los dictámenes no se podían avalar antes del referéndum.
“Estos proyectos tenían que esperar la aprobación, por lo menos, en el referéndum, de la Junta Nacional de Justicia, porque están directamente relacionados”, expresó.
Sin embargo, tal comentario es desmentido por el accionar de otros miembros de su misma bancada.
El 30 de octubre del 2018, mucho antes del desarrollo del referéndum, la Comisión de Justicia, que preside Alberto Oliva, aprobó un dictamen sustitutorio para los proyectos de ley 3160 y 3161 de Vizcarra, sobre la Autoridad de Integridad y Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Esto contempla la creación de la Superintendencia Nacional de Integridad y Control del Sistema de Justicia.
Este dictamen pasó con los votos de los fujimoristas Tamar Arimborgo, Úrsula Letona e incluso el extitular de la Comisión de Constitución Miguel Ángel Torres, sin el pretexto del referéndum.
La comisión de la fujimorista Rosa Bartra, en cambio, no emite hasta hoy los dictámenes de ambos proyectos.
El 9 de octubre, los fujimoristas Héctor Becerril, Karina Beteta, Juan Carlos Gonzales, Milagros Takayama y Octavio Salazar también aprobaron con sus votos los proyectos 3162 y 3163 de Vizcarra, en la Comisión de Justicia.
El 6 de noviembre, Torres y Luis Galarreta también respaldaron el dictamen del proyecto 3166. Luego, el 4 de diciembre, Tamar Arimborgo, Beteta y Torres hicieron lo propio con el proyecto 3165 del Ejecutivo. Todo, antes del referéndum del 9 de diciembre y sin pretexto alguno.
Prioridades naranjas
Rosa Bartra, en cambio, mintió y mostró una postura distinta sobre el referéndum cuando tuvieron que aprobar con prepotencia y sin un adecuado debate un dictamen para favorecer a los investigados por el delito de lavado de activos Keiko Fujimori y Alan García.
En la sesión del 27 de noviembre del 2018, sin cumplir con el plazo de las 24 horas de anticipación para la entrega de los borradores de dictamen, Bartra, con el apoyo del aprista Javier Velásquez Quesquén, impuso el texto que regula el financiamiento ilícito de los partidos. Para presionar, la legisladora dijo que era necesario hacerlo previamente al referéndum.
El 5 de diciembre, con votos de Fuerza Popular, el Apra y siete de Peruanos por el Kambio, este dictamen se aprobó en el Pleno. Distintos penalistas han alertado de que la norma favorece a los políticos investigados por lavado.
Datos
- La otra obstrucción. No solo en la Comisión de Constitución Fuerza Popular y el Apra han operado a favor de la obstrucción. También lo hicieron en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde ambas bancadas votaron en forma reiterada para blindar al ahora exfiscal de la Nación Gonzalo Chávarry.
- Dos blindajes. Primero fue en octubre, cuando en la subcomisión los fujimoristas y Javier Velásquez Quesquén votaron contra la destitución e inhabilitación de Chávarry. Luego, en noviembre, cuando Fuerza Popular y Velásquez Quesquén votaron contra la priorización de las denuncias constitucionales que pesaban sobre Chávarry.
- Alerta de TRANSPARENCIA. Si bien este lunes por fin la subcomisión atenderá las cinco denuncias contra el exfiscal de la Nación, el secretario de Transparencia, Gerardo Távara, llamó a la ciudadanía a estar vigilantes, a fin de evitar cualquier nuevo intento de dilación o protección.(la república)