Lobby está posicionado en Lima, aunque también vendría del norte, de Trujillo
(Por Guillermo Rebaza).- El Ejecutivo observó la autógrafa de la derogatoria del Decreto Legislativo N° 1198, que pretendía involucrar al sector privado en la administración de los bienes culturales. Con inusual celeridad, el ministerio de Cultura ha propuesto agregar al párrafo final del artículo 6.1 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el siguiente texto: “solicitar opinión previa favorable del Gobierno Regional de la jurisdicción en la que se ubica el inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico, objeto del futuro Convenio de Gestión Cultural”.
Se trata de una nueva embestida de funcionarios del MEF y el ministerio de Cultura, convencidos de las bondades de este intento privatizador. Están desplegando, en paralelo, una intensa movida en busca de revertir la decisión del Congreso que empezó hace unos días con el Primer Encuentro sobre Gestión Cultural de Patrimonio Arqueológico: Experiencias y Retos, y continúa en redes sociales e importantes medios de comunicación del país.
La principal razón del ministerio para optar por este camino es la falta de presupuesto. La ministra lo ha dicho en más de una ocasión. Pero esta es una verdad a medias, porque el año pasado Cultura ha ejecutado más de 63 millones de soles en proyectos de inversión pública, suma aún modesta, ciertamente, pero considerable para ser un ministerio relativamente nuevo. De hecho, ese presupuesto de inversión supera al de varios sectores: Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo e Inclusión Social, Relaciones Exteriores, Poder Judicial, Ministerio Público y el propio Congreso de la República. La Memoria de la Inversión Pública del MEF-2014 (Memoria SNIP), de donde hemos obtenido esta información, agrega que la ejecución en el sector Cultura en 2014 “subió en 41 puntos porcentuales en relación al 2013, alcanzando su récord histórico.” (1)
El problema entonces no es necesariamente la falta de recursos. Hay elementos de fondo que no van a resolverse con dinero, menos si éste es de origen privado. Y lo explico. Si bien la labor de este ministerio se sostiene gracias a un valioso equipo humano, conformado por profesionales y técnicos de primerísimo nivel que desempeñan su labor a lo largo y ancho del país, existe una burocracia dorada, enquistada en Lima y en algunas capitales regionales, que percibe jugosas remuneraciones y no tiene ningún escrúpulo si se trata de ver a nuestro patrimonio como una posibilidad de negocios. Es precisamente esa burocracia de oropel, representada por la ministra y su alta dirección, la que propugna esta política cultural errática y entreguista, fiel reflejo de un régimen que traicionó la voluntad popular.
Pero volvamos al DL N° 1198. Si, como se afirma, se busca poner en valor los monumentos arqueológicos en alianza entre el sector público y privado, hay otros ejes que forman parte indesligable de una gestión integral del patrimonio y esta norma parece no tomar en cuenta: investigación científica, saneamiento físico-legal, medidas a gran escala para proteger el vasto patrimonio, etc. El espíritu de la norma es claramente economicista.
Las razones podrían estar en lo que piensan los dos últimos viceministros. En declaraciones a Perú 21 del pasado 07 de febrero, Luis Jaime Castillo (destituido del cargo en abril de este año) decía “Queremos tener unos veinte Machu Picchu“, lo cual podría interpretarse como la necesidad de contar con unos veinte enclaves arqueológicos de esa categoría que generen dinero como cancha, expresión hoy tan de moda. Por su parte, el señor Juan Pablo de la Puente, actual viceministro de Patrimonio Cultural, ha referido en diversos medios que esta norma busca replicar el ejemplo de la Huaca Pucllana. Recordemos que en la referida huaca miraflorina funciona un restaurante que es visitado casi exclusivamente por peruanos y extranjeros de rebosante billetera.
Si juntamos las perspectivas de ambos personajes, y si esta norma termina por aprobarse, no me cabe ninguna duda que la mayoría de peruanos quedaremos desvinculados de buena parte de nuestro patrimonio cultural, con escasas posibilidades de conocerlo, interpretarlo y finalmente sentirnos poseedores de tan vasto legado.
El año 2014, la UNESCO y el Ministerio de Cultura publicaron los Indicadores de Cultura para el Desarrollo, documento que estudia siete dimensiones claves de la cultura y el desarrollo a través de 22 indicadores centrales. En esta evaluación, el Perú obtuvo la calificación de 0.65/1, es decir 65% de eficiencia en el rubro de sostenibilidad del patrimonio cultural, calificación que refleja un aceptable nivel de atención del Estado a la salvaguarda y sostenibilidad del patrimonio. (2)
Resulta paradójico que, luego de conocerse este estudio, la distinguida –y despistadísima– ministra exclamara a los cuatro vientos que no dispone de suficiente presupuesto para la protección de nuestro patrimonio, y por lo tanto es necesario privatizar su administración.
Personalmente me queda claro que esta norma, en la práctica, busca identificar los bienes patrimoniales con mayor potencialidad, iniciar los procesos de puesta en valor y luego, como la inversión es privada, que se abra el kiosko para que ingrese la plata, pero no precisamente para el Estado. Cuesta creer que una empresa va a invertir en patrimonio con fines altruistas. Algunas habrá, muy pocas, pero para la mayoría la lógica es distinta: negocio, rentabilidad.
El aprovechamiento social y el uso responsable de un bien patrimonial, la perspectiva identitaria, la institucionalidad, etc, serán, entonces, letra muerta.
¿Quiénes están detrás de esta arremetida para sacar contra viento y marea una norma que dejaría a nuestro patrimonio a merced de criterios crematísticos? Sectores empresariales, sin duda, pero en alianza con personajes del sector. Resulta revelador, en tal sentido, que en octubre pasado el señor Ricardo Morales –co director de un importante proyecto arqueológico de Trujillo– señalara en un medio trujillano (vespertino Satélite, del 06.10.2015) que este DL es “un ejemplo a seguir”. No es el único que piensa así. Sabemos de fuentes confiables que hay empresas muy interesadas en esta iniciativa y altos funcionarios que las secundan.
Por cierto, me gustaría saber qué opina doña María Elena Córdova Burga, tres veces coronada funcionaria del Ministerio (actualmente es directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, directora del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan y directora de la Unidad Ejecutora 006 del Ministerio de Cultura), y a la que siempre tuve por ardorosa defensora del patrimonio.
Por último, ¿involucrar a los gobiernos regionales? ¿Cuentan con expertos para pronunciarse en esta materia? En algunos casos seguramente sí, pero con 19 presidentes (de los 25 elegidos en todo el país), hoy gobernadores, sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por graves delitos es difícil creer que esta nueva ´alternativa´ del ministerio sea una propuesta seria. Todo parece indicar que es un engaña muchachos para sacar esta norma a como dé lugar.
El patrimonio cultural pertenece a la nación peruana. El Estado debe buscar fórmulas claras y sensatas para asociarse con el sector privado. Pero en una lógica que involucre primero a la comunidad, luego a la academia y finalmente al capital privado. No al revés.
Citas:
http://mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/informes/Ministerio_MEF_2014_Final_19-08-2015.pdf
http://www.infoartes.pe/wp-content/uploads/2014/12/Resumen Analitico_IUCD_Peru.pdf
(trujilloinforma)