Por: Dionicio Mantilla León
Nuevamente los mineros informales o ilegales se encuentran en el “ojo de la tormenta”. Esta vez, con alcances nacionales directa y descaradamente fatídicos, esto es, con pérdidas de vidas humanas, cientos de heridos y millones de pérdidas económicas. Desmanes que provocan como es natural la angustia y el terror de la población la misma que no se explica como la ambición de unos cuantos malos compatriotas logran dinero fácil a costa de la depredación de nuestra ecología, biodiversidad y la contaminación ambiental, esta última, envenenando las aguas de nuestros ríos y, por ende, provocando la muerte rápida o lenta de todo ser vivo.
Los peruanos no nos explicamos porque puede existir personas sin conciencia que no vacilan en lindar con la delincuencia y la criminalidad por cuanto, en el primer caso, al no cumplir, como lo hacemos todos los peruanos, con la normatividad que dispone nuestra Carta Magna de pagar impuestos se convierten sencillamente en ladrones y, en el segundo caso, al destruir todo vestigio de vida con el mal uso de sustancias químicas letales se convierten en asesinos. Situación anómala y delictuosa que el gobierno nacional encabezado por el Presidente Ollanta Humala intenta poner fin a través de 3 normas (D.S. 1100 -1101 -1102) promulgadas el día de ayer, que pondrán freno a esta condenable actitud y a través de una justa formalización lo cual significa el encuadramiento de todos los mineros informales dentro del marco de la Ley que regula la explotación minera.
Algo totalmente justo y sensato que todos los peruanos saludamos y tenemos la obligación de apoyar bajo el criterio de explotación minera sí, pero responsable y dentro del marco de la ley. Empero, pese a esto y rompiendo el esquema del Estado de Derecho de nuestro país miles de mineros artesanales tozuda e incompresiblemente vienen adoptando medidas de fuerza y enfrentándose a las fuerzas policiales.
Lo que linda con el cinismo es los que viene ocurriendo en la región de Madre de Dios en donde vienen depredando la biodiversidad de la reserva natural de Tambopata, territorio que nos pertenece a todos los peruanos. Mineros informales que demencialmente vienen pidiendo al gobierno les permita mantenerse en el mismo lugar de depredación y, peor aún, que se les amplié el corredor de explotación algo que consideramos como un acto de traición a la Patria y por lo tanto debe ser sancionado con todo el rigor que nuestra Constitución Política señala.
A nivel de nuestra región, como es público y notorio, el enclave de la minería informal se ha enraizado en la provincia de Pataz, y , como es conocido también, dichas personas se han enriquecido a costa de la depredación de un vasto territorio contaminando las aguas de sus ríos. Mineros informales que también se han levantado en protesta para detener la dación de la Ley de formalización minera y sin medir las consecuencias y descaradamente se han salido de sus fronteras provinciales llegando a nuestra provincia, tomando el desvío de Otusco con el propósito de impedir el pase vehicular provocando hasta ahora millones de pérdidas económicas y la angustia de la población del ande liberteño. Actitud que rechazamos rotundamente.
Contraria a esta negativa actitud los huamachuquinos que explotan informalmente el cerro El Toro no se han plegado al paro y vienen manifestando su deseo de formalizarse quedando, actitud que saludamos, pero quedándonos, varias preocupantes interrogantes a ser respondidas por dichas personas ¿Y como van a dejar a nuestro querido cerro El Toro y toda su biodiversidad? ¿Cómo están dejando a nuestros ríos Shirancmaca y Coigobamba? ¿Cómo están dejando a nuestros hermanos campesinos que trabajaban como obreros en los socavones? ¿Estos serios atentados contra nuestra ecología y la vida humana van a quedar impunes? ¿Qué dice el Ministerio Público?¿Qué dicen nuestras autoridades locales?
Respuestas que tienen la obligación de darlas no sólo nuestras autoridades sino quienes han amasado cuantiosas fortunas a costa de la destrucción de nuestro cerro, fortunas que les han permitido comprar grandes mansiones en Trujillo, (urbanizaciones: La Rinconada, el Golf, etc) camionetas 4 x 4, autos de lujo y tantas otras gollerías. ¿Y qué dijeron en su momento las últimas autoridades ediles locales y el Ing. Murgia como Presidente del Gobierno Regional que “dejaron hacer y dejaron pasar” argumentando que “nada podían hacer” convirtiéndose así en cómplices de está ilícita actividad que tanto daño ha hecho a nuestra comunidad?
Considero que frente a las irracionales medidas de fuerza que vienen impulsando los mineros informales que con toda desfachatez se atreven a dar treguas pidiendo se deroguen las normas, el Gobierno Nacional no debe dar marcha atrás, poniéndolo mas bien en vigencia para que así, a partir de la fecha, toda persona que practique la minería informal sea considerada como un delincuente y, por ende, ser sancionado con todo el rigor de la Ley.
Este tema continuará…