En el Perú somos testigos de cómo la corrupción tomó el poder y se convirtió en un sistema organizado para delinquir. Segundo periodo del gobierno de Alan García que supera al primero en escándalos de corrupción pero sobre todo en el fortalecimiento de una red que maneja los poderes del estado, un estado carente de controles reales donde la perversión del orden legal, la crisis de valores, la inmoralidad y la desesperación de tantos políticos por hacerse millonarios, nos llevan a poner en crisis el sistema democrático y la gobernabilidad.
El gobierno aprista no solo ha demostrado incapacidad para procesar y atender las demandas sociales sino que ha perdido la gran oportunidad de disminuir las brechas de inequidad y exclusión social en momentos en que el Perú lidera el crecimiento económico en América Latina. La carencia de políticas redistributivas, la sobreprotección a las inversiones mineras y el incumplimiento con la clase trabajadora son pecados mortales para un partido político que en más de 80 años nunca presentó un plan de gobierno que nos articulara económica y socialmente todo lo contrario, centró sus energías en el fortalecimiento de políticas neoliberales descuidando sectores claves como educación, salud, agricultura y políticas de seguridad ciudadana y sobretodo de generación de empleo digno.
En el 2006 Alan García encontró 40 conflictos sociales, en el 2010 Defensoría del Pueblo señala que hay 250 conflictos en un país donde no se respetan los acuerdos, donde se prometen obras que nunca se hacen y donde los derechos laborales han sido atropellados con la venia del poder central; un Perú que cada año tiene menos recursos naturales mientras las empresas mineras han ganado más de 20,000 millones de dólares en los últimos cinco años siendo la extrema pobreza una constante en los territorios explotados.
Esta realidad social va acompañada de una crisis institucional donde se crean espacios que permiten a los funcionarios maniobrar discrecionalmente, donde prima siempre el manejo oculto y los negociados sin control. El copamiento aprista en todas las instituciones del país evidencia esta dura realidad, no es el caso de ESSALUD, ni del MINSA, tampoco del Banco de Materiales, o FONAFE,COFOPRI, PETROPERÚ, SEDAPAL el caso es que suceden y no les pasa nada, funcionarios corruptos son retirados y pronto aparecen trabajando en otra institución donde hacen lo mismo¡
Vemos en los medios de comunicación un gran despliegue promocional de la lucha contra la corrupción realizado por la Contraloría, sin embargo el señor Fuad Khoury, Contralor General de la República (primo del cuestionado presidente de Perupetro Daniel Saba) dejo pasar desde un inicio las serias irregularidades de Ángel Vásquez Salier militante aprista y asesor de Fuad, “Prensa Libre” denunció estos hechos y manifestó que Vásquez solicitaba por su cuenta y con todo el poder documentos sobre las investigaciones más delicadas de este gobierno : Petroaudios, los bonos de reconstrucción, la autopista Gambetta o los desbalances patrimoniales de muchos de sus líderes ¿Podríamos así confiar en la contraloría?
Por eso la población está segura que a Fernando Barrios no le pasará nada, como no le pasa nada a Tío George, a los Quezada, a Bendezú, a Garrido Lecca, a Chingue, a don Arana a Quesquén o a don Alva Castro; a los compañeros que crean sus empresas y services para ganar todas las licitaciones de Sedalib o a quienes compran patrulleros chinos, ambulancias; a quienes compran facturas, a quienes se pasean en primera clase por Alas Peruanas, a quienes regalan nuestras tierras, nuestros minerales o a quienes tienen listos los decretos de urgencia para robar al pueblo peruano. ¿Qué resultados puede mostrar contraloría? ¿Qué dice Meche Aráoz a todo esto?
Esperamos que la honestidad, transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y eficiencia formen parte del qué hacer político y la función pública del próximo gobierno. Debemos darle un sentido de urgencia al tema de la corrupción y analizarlo como un problema integral y un fenómeno relacionado al mal funcionamiento del Estado, sus instituciones y sobre todo a la gente que nos gobierna. Es hora de plantear a todo nivel sistemas de control y vigilancia efectivos, dando lugar a la participación ciudadana debidamente organizada. Este gran reto deberá asumirlo el próximo gobierno donde el APRA está totalmente descalificado por el pueblo.(Gloria Montenegro Figueroa) http://conlafeylaverdad.blogspot.com/