Por: Dionicio Mantilla León
Con estupefacción y preocupación nos enteramos por los medios de comunicación que en las próximas elecciones habrán de participar hasta 698 ciudadanos con antecedentes judiciales entre- narcotráfico, homicidio, apropiación ilícita, estafa, violación- y hasta 300, con orden de captura. Estas personas por haber purgado su pena o en todo caso no tener sentencia, la ley no les prohibe participar de un acto eleccionario como candidato.
Una estupefacción y preocupación que aumenta cuando a través de las hojas de vida, entrevistas y debates nos damos cuenta del pésimo grado de preparación en que se encuentran un buen número de candidatos a autoridades de nuestros pueblos. Lo cual se comprueba, por ejemplo, cuando afirman que para acabar con la pobreza económica van a “cambiar el pavimento y remodelar la plaza de armas”, “monitorear a los beneficiarios de los comités de vaso de leche”, “construir 200 baños municipales”, entre otras propuestas increíbles, por decir lo menos.
El escenario así presentado nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Son estos ciudadanos, con antecedentes penales y carencia de una adecuada preparación para atender los problemas comunales, una real garantía para una conducción eficaz y honesta de nuestras comunidades? Obviamente que no. He aquí entonces la gran responsabilidad que le compete al elector este 3 de octubre para elegir a su futura autoridad. Un elector que debe ser consciente del camino que deben recorrer los candidatos para ser dignos de recibir el honroso encargo de representarlo, y, para elegirlos correctamente, deberá evaluar las fortalezas y debilidades personales de dicho personaje.
Una estupefacción y preocupación que aumenta cuando a través de las hojas de vida, entrevistas y debates nos damos cuenta del pésimo grado de preparación en que se encuentran un buen número de candidatos a autoridades de nuestros pueblos. Lo cual se comprueba, por ejemplo, cuando afirman que para acabar con la pobreza económica van a “cambiar el pavimento y remodelar la plaza de armas”, “monitorear a los beneficiarios de los comités de vaso de leche”, “construir 200 baños municipales”, entre otras propuestas increíbles, por decir lo menos.
El escenario así presentado nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Son estos ciudadanos, con antecedentes penales y carencia de una adecuada preparación para atender los problemas comunales, una real garantía para una conducción eficaz y honesta de nuestras comunidades? Obviamente que no. He aquí entonces la gran responsabilidad que le compete al elector este 3 de octubre para elegir a su futura autoridad. Un elector que debe ser consciente del camino que deben recorrer los candidatos para ser dignos de recibir el honroso encargo de representarlo, y, para elegirlos correctamente, deberá evaluar las fortalezas y debilidades personales de dicho personaje.
DEBE ESTAR BIEN PREPARADO.-
El candidato, que ame realmente a su pueblo, si tiene antecedentes delictivos, sencillamente debe renunciar a la peregrina intención de postular. Y, en caso de no poseerlos, abocarse a la tarea de prepararse, mínimamente, en gestión pública; asimismo, dedicarse a investigar en detalle la realidad del distrito, provincia o región que habrá de gobernar recorriendo su territorio y dialogando sinceramente con sus comuneros sin ofrecerles dádivas que hieran su dignidad y tampoco haciendo ofertas inviables y demagógicas.
Sobre esta base, buscar los elementos profesionales y técnicos más idóneos con los cuales constituir un equipo de trabajo por sectores con el que deberá elaborar un “Plan de Gobierno de Acción Inmediata y Mediata”, que sea una real alternativa a la problemática de su comunidad. Jamás plantear alternativas de solución que no podrán cumplir o que sean una ofensa a la sensatez.
Si es un candidato a la reelección hacerse una sincera autocrítica de lo ejecutado durante su gobierno edil o regional anterior y plantear medidas correctivas que superen los errores cometidos o cubran las omisiones observadas. Además, seleccionar mejor su plana de candidatos a regidores así como su equipo de técnicos y funcionarios que deben ser los más idóneos y no por pago de favores políticos; así mismo, dedicarse a tiempo completo a la labor gubernativa dejando a un lado las tareas profesionales, y, hacer un seguimiento de su Plan de Trabajo. Asimismo, observar un trato alturado con la comunidad y con sus adversarios políticos contagiándoles su dinamismo en la ejecución de obras e infundiéndoles esperanza en el futuro.
Concluimos: Quien no se encuentre apto para gobernar un pueblo no debe postular y si ya lo está haciendo, el elector, que es el máximo Juez de esta jornada democrática tiene la enorme responsabilidad de no confiarle su voto y buscar al más idóneo. Así de simple.