Según Hildebrandt en sus Trece, la PNP sostiene que la hipótesis de un asesinato pasional pierde fuerza, ya que el enamorado de Vidal no podría haber organizado tal ataque.
La investigación sobre el asesinato de Andrea Vidal abre camino a una hipótesis que probablemente tenga más sentido: trabajadores vinculados al Congreso estarían implicados en la muerte de la exasesora de Jorge Torres Saravia. De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus Trece, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha accedido a su celular personal, por lo que en los próximos días podrían surgir más personajes políticos vinculados a este caso.
Fuentes de la División de Homicidios han indicado que la hipótesis de un asesinato pasional pierde fuerza, ya que el enamorado de Vidal, Rodrigo Falcón, no tendría la capacidad de organizar un ataque que involucró al menos a seis sicarios y varios vehículos. “Es un sospechoso más, pero tampoco descartamos la participación de personas vinculadas al Congreso”, afirmó un agente involucrado en la investigación al semanario.
La fiscal Claudia Montero Soto, encargada de esclarecer el caso, aún no ha incluido a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, en el expediente, aunque su situación podría cambiar en los próximos días. El desbloqueo del celular de Vidal es considerado crucial, ya que las fotografías y otros datos almacenados podrían llevar a medidas más drásticas en la investigación.
“Con solo acceder a la galería personal de ese equipo y ver las fotos que ahí se guardaban, bastará para evaluar medidas más drásticas, en este caso”, se lee.
Asimismo, H13 asegura que el Ministerio Público ha confirmado la presencia de la camioneta de Jorge Torres Saravia, estacionada en la cuadra dos de la calle Deán Valdivia (San Isidro). Esto confirmaría su vinculación con en este departamento, donde se habrían realizado fiestas privadas y que ya había negado antes.
Trabajadores de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso fueron interrogados por la Fiscalía
El semanario expone también que, los trabajadores del Congreso vinculados a la Oficina Legal y Constitucional han sido interrogados, y se ha abierto una investigación sobre el congresista Alejandro Soto Reyes por presuntos delitos de negociación incompatible. Se indaga si las trabajadoras de Torres ofrecieron servicios sexuales a Soto y otros congresistas a cambio de beneficios laborales.
Durante los interrogatorios, los funcionarios del Congreso se mostraron sorprendidos al ver que la Fiscalía indagaba sobre dos trabajadoras ajenas a la Oficina Legal y Constitucional, lo que sugiere que la lista de servidoras públicas bajo la lupa podría ser más extensa de lo que se pensaba.
Un documento clave en la investigación es la adenda del contrato de Isabel Cajo Salvador, conocida como la "chica OnlyFans" del Congreso. Este documento, firmado el 10 de junio de 2024, fue crucial para su traslado a la Oficina Legal y Constitucional, un movimiento que muchos consideran innecesario.(LA REPÚBLICA)