Al cierre de esta edición, el Congreso tenía todo listo para aprobar medida que permitirá extraer un máximo de 12,900 soles de fondo pensionario privado. El consenso era casi total con la excepción del Partido Morado
El pleno del Congreso tenía encaminada anoche la iniciativa que permitirá que los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) retiren el 25% de sus aportes en medio de la crisis que pasa el país por el COVID-19.
Al cierre de esta edición, la sesión legislativa, que se inició a la una de la tarde, continuaba. Uno a uno se fueron turnando en el hemiciclo los representantes de cada bancada para debatir la polémica norma, que ha sido objetada por el gobierno.
POR MAYORIA. Días atrás, la Junta de Portavoces elaboró un texto sustitutorio respecto a la iniciativa para retirar parte de los fondos de las AFP. El documento tuvo el respaldo de ocho bancadas, cuyos representantes expresaron su total acuerdo con el proyecto.
De acuerdo con el texto, se podrá retirar el 25% de los fondos de las AFP teniendo como tope máximo tres Unidad Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a 12 mil 900 soles. El monto mínimo será de una UIT (4,300 soles).
La forma de entrega del dinero a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se realizará en dos partes. Un 50% a 10 días calendario, tras la presentación del retiro, y el otro 50% a 30 días después del primer desembolso.
Respecto a los casos de afiliados que tengan menos de una UIT, el documento explica que “el retiro será al 100% y en una sola oportunidad”.
Además de ello, la solicitud ante las AFP para el retiro del dinero podrá ser de manera presencial o virtual.
“Los afiliados que deseen acogerse a la presente norma deben solicitarlo en el plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de la Superitendencia de Banca, Seguros y AFP”, indica el texto aprobado.
Asimismo, las entidades deberán determinar las condiciones y el procedimiento operativo para el cumplimiento del proyecto aprobado.
“Que no excederá de quince días calendario de publicada la ley”, precisa el proyecto.Cabe destacar que la iniciativa aprobada puede ser observada por el Poder Ejecutivo, que tiene un plazo de 15 días para dar una opinión.
En caso de que se objete, el Parlamento puede aprobarlo por insistencia.
OTROS PROYECTOS. Además del debate de las AFP, el Congreso aprobó ayer el proyecto que le otorga facultades a la Contraloría General de la República, a fin que pueda el realizar control concurrente de los contratos que se realicen en la emergencia por el coronavirus.
La iniciativa tuvo el respaldo de 59 legisladores, otros 50 votaron en contra y dos se abstuvieron.
La legisladora Martha Chávez se opuso a la aprobación de la norma y planteó una cuestión previa. Alegó que la iniciativa busca modificar la Ley Orgánica de la Contraloría, por lo que requiere de 66 votos como mínimo; es decir, la mitad más uno del total de congresistas.
Sin embargo, su posición no tuvo el respaldo de la mayoría de legisladores.
El excontralor y legislador de UPP, Edgar Alarcón, fue quien presentó el texto sustitutorio que incorpora la propuesta del Ejecutivo, así como las iniciativas de Rosario Paredes (Acción Popular) y Diethell Columbus (Fuerza Popular). Sin embargo, estos dos últimos pidieron retirar sus proyectos de esa propuesta.
“La Contraloría puede intervenir en cualquier momento en las entidades, realizando el control concurrente sin mayor marco normativo que implique más presupuesto, pues se trata de una modalidad contemplada dentro del control simultáneo”, sostuvo Alarcón.
Asimismo, dijo que la entidad que dirige Nelson Shack dispone, hasta el mes de abril, de casi S/500 millones de presupuesto, que contempla más de 20 millones de servicios de control.
“Lo que tiene que hacer la Contraloría es tomar su presupuesto y modificar el plan anual de control”, puntualizó.En el artículo segundo del texto sustitutorio se precisó que el Ejecutivo “asigna los recursos presupuestales adicionales necesarios para aplicar el control simultáneo a los recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
De esta manera, la propuesta del congresista César Combina (Alianza para el Progreso), que inicialmente tuvo un respaldo multipartidario, no fue aprobada, pero será evaluada por una comisión legislativa.
Su iniciativa planteaba que el control concurrente se aplique a todas las contrataciones públicas que superen los S/10 millones, además de contar con un presupuesto de 2% por cada obra auditada.
“¿Por qué nos quedamos en la tibieza del control por unos días? Establezcamos una aplicación general”, alegó Combina durante el debate.
Además de esta iniciativa, el Parlamento debatió el proyecto de ley del congresista Rennán Espinoza (Somos Perú), quien planteó la suspensión de los cobros de peajes a nivel nacional y no solo en Lima Metropolitana.
Durante el debate, el congresista Alberto de Belaunde (Partido Morado) se opuso a la propuesta y dijo que las empresas privadas, que administran los peajes, podrían demandar al Estado por obligarlos a suspender el cobro de peajes.
Entre tanto, Espinoza señaló que esto es una medida excepcional por la situación del coronavirus y debe acatarse.
“La Constitución respalda que la salud es prioridad en estos casos”, añadió.
La iniciativa fue aprobada con 93 votos a favor y 9 abstenciones.(CORREO)