Escribe: César Lévano
El Congreso ha empezado a discutir un proyecto de reforma del Código Penal, proyecto que puede ser calificado de alarmante y peligroso. La propuesta revela la carencia de juristas –no de abogados– que padece hoy el Poder Legislativo. Una de las enormidades del proyecto consiste en que pena con cadena perpetua el sicariato y solo con 35 años de prisión el genocidio.
De acuerdo a eso, un sicario que mate a un hombre podría morir en la cárcel, pero alguien que extermina a 300 personas de un grupo social a lo más pasaría 35 años tras las rejas.
Como se sabe, la palabra genocidio se creó en 1944 para calificar el plan nazi de exterminar judíos y gitanos. En el derecho humanitario actual, esa figura se refiere a la eliminación sistemática y deliberada de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos.
Esa misma inspiración represiva se advierte en el proyecto de reducir la pena contra la tortura, a la que se castiga con pena menor a la del delito de lesiones leves.
La línea regresiva se expresa también en la propuesta de reducir la condena a la intercepción ilegal de las comunicaciones. Se castigaba con prisión de 6 a 10 años de prisión; quieren reducirla de 4 a 6 años.
En momentos en que Keiko Fujimori defiende la minería ilegal, disfrazada de pequeña minería pero que igual contamina, daña y destruye el medio ambiente, se explica por qué la Comisión parlamentaria que preside el fujimorista Juan Carlos Eguren elimina el objetivo de “agravada” cuando se trata de usurpación. El delito se configura respecto de las áreas naturales protegidas por el Estado.
El texto del Legislativo muestra también la huella del clericalismo reaccionario, opuesto a la orientación del Papa Francisco. Esto se ve en el área de la violencia familiar y sexual, incluida en la idea de prohibir el aborto hasta en caso de violación.
Otros aspectos de defensa de la mujer son omitidos o atenuados en el proyecto que ha ingresado en el debate legislativo.
En una etapa en que se ve agravada la delincuencia y se acentúa la inseguridad ciudadana, preocupa el desinterés del proyecto legislativo sobre estos temas. El discutible y discutido texto se coloca en la línea que Alan García introdujo en el Perú: impunidad para el delito, con la ayuda de adictos en la Policía y la Justicia.
Esa línea que permite que “dirigentes sindicales” que no dirigen nada, y con abundante prontuario se presenten como limpios y certificados.(diario uno)