EDITORIAL
Es positivo que el presidente regional César Acuña Peralta haya anunciado la resolución del contrato que el Gobierno Regional firmó con una empresa encargada de ejecutar obras en Virú
Es positivo que el presidente regional César Acuña Peralta haya anunciado la resolución del contrato que el Gobierno Regional firmó con una empresa encargada de ejecutar obras en Virú. Iniciativas como éstas serán siempre bienvenidas.
Aunque la revisión de esos contratos corresponda hacerla al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), es bueno que la máxima autoridad regional se anticipe a los hechos.
Alentamos, entonces, que esta actitud se mantenga. El Estado, a través de sus gobernantes regionales y locales, es el principal llamado a poner orden en sus asuntos. Lo mismo debe ocurrir en organismos tales como la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y en los municipios distritales, cargados de compromisos contractuales.
Pero este celo, que no aguardamos inicial, debe convertirse en una práctica asaz habitual y permanente.
Hasta ahora no hemos visto, pese a reclamarlo, que ninguna autoridad local o regional se encargue de informar a la ciudadanía sobre estos asuntos. Por una cuestión de transparencia, pero también de decencia y de gobernabilidad, hay que salir al frente, anticiparse a las críticas y sospechas, y realizar un buen manejo de crisis y de conflictos.
Se supone que en las próximas semanas, luego de las inspectorías y auditorías acometidas por las diversas administraciones públicas en la región, habrá un panorama más claro para saber en qué estado dejaron las finanzas los antecesores de las actuales autoridades.
El propio presidente regional Acuña ha saludado que el alcalde provincial Elidio Espinoza realice estas acciones de control para conocer a qué horizonte se enfrenta. A sabiendas de que hay muchos pasivos por los que él mismo deber responder a la opinión pública, así como su sucesora en el cargo Gloria Montenegro.
Así, siguiendo con la consecuencia que debe imprimir a sus actos, el ingeniero Acuña debe inmediatamente responder por el proceso de exoneración que se dio en el año 2013 (es decir, cuando él estaba al frente de la MPT) para la adquisición de vehículos destinados a la seguridad ciudadana.
Con sorpresa hemos apreciado cómo muchas unidades móviles se encontraban inoperativas, causando perjuicio económico pero también afectando los niveles de seguridad de la población, al no contarse con esos recursos para los fines a que fueron comprometidos.
De igual modo, corresponde que las ex autoridades y funcionarios regionales, empezando por el ingeniero José Murgia Zannier, aumenten los niveles de coordinación con sus sucesores, a fin de que se esclarezcan asuntos pendientes. Hay que desterrar la idea de que quien culmina una gestión y da paso a nuevas autoridades deja deudas que perjudican a éstas.
Esto no siempre es necesariamente así, porque las entidades públicas asumen constantemente compromisos, consiguen empréstitos y amplían líneas de crédito, entre otras acciones. Solo que es mejor actuar en consecuencia. Sobre todo si pasa uno de una a otra institución y va a adoptar una actitud de control que debió mantenerse.(la industria)