Por: César Lévano
La encuesta de El Comercio publicada ayer muestra por lo menos tres fracasos: del presidente Ollanta Humala, de Nadine Heredia y del director de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres.
Según ese sondeo, Humala perdió cinco puntos en un mes: bajó de 30 a 25 por ciento el índice de su aprobación. Su esposa perdió dos puntos, y ahora está en 25, en empate con el primer mandatario.
Torres tiene su propio fiasco. Dice, sin pestañear, que la ley de empleo juvenil “ha suscitado el rechazo de una serie de colectivos universitarios y ha generado marchas de protestas que, si bien no son multitudinarias (sic), sí están permitiendo galvanizar un sentimiento de oposición al régimen.”
No hay peor encuestador que el que no quiere ver. Para Torres, las decenas de miles de manifestantes en las marchas no constituyeron multitudes. ¿Fueron pequeños grupos? ¿Grupúsculos?
La encuesta de Ipsos se realizó entre el 13 y el 15 de enero. El 15 se produjo la caudalosa marcha tan temida por el régimen y sus valedores de extrema derecha, tan temida que le infiltraron provocadores de vario pelaje. Torres escribe después de ese despliegue de masas. Su reflexión engañosa confirma su vocación oficialista y permite abrigar dudas sobre la rectitud de la encuesta por él dirigida.
Anótese que el sondeo de El Comercio se efectuó después de la larga y monótona entrevista de Humala con Raúl Vargas, que fue transmitida en simultáneo, previa casualidad, por varias televisoras.
(El viernes último, El Comercio reprodujo un texto de Maximiliano Tomas, del derechista diario La Nación de Buenos Aires, texto titulado “Una clase de periodismo” y referido a una gran entrevista realizada por Sylvain Bourmeau. Ahí se lee que ese diálogo: “funciona como ejemplo de que la discusión es más fructífera que la adulación, y que no hay por qué subestimar a los lectores intentando traficar promoción por información.”)
Repetimos: los juicios del director de IPSOS arrojan un velo de dudas sobre toda la encuesta. Sus datos sobre la ley del empleo juvenil afirman, por ejemplo, que el 72 por ciento la desaprueba, pero luego dicen que solo 31 por ciento pide su derogación, mientras 55 por ciento cree que debe ser modificada. Qué casualidad: esta última es la posición de Palacio.
Hay en la consulta un conjunto de preguntas sobre derechos laborales. Un 62 por ciento dice que nunca recibe participación en utilidades. Solo 31 por ciento goza de 48 horas semanales de trabajo. Parece justificarse con eso la falta de derechos para los jóvenes.(diario uno)