Por: César Lévano
Justa y oportuna es la decisión del Consejo Nacional de la Magistratura de suspender por seis meses al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien tiene pendientes cuatro procesos disciplinarios. Su trayectoria se ha visto mancillada por su sospechosa actuación en el caso de la corrupción y delitos en la región Ancash, en la cual favoreció a César Álvarez, entonces presidente regional.
El fiscal suspendido ha acatado la disposición que lo sanciona, y ha aprovechado para anunciar que Martín Belaunde Lossio está ya ubicado y ha pedido refugio en Bolivia. Esta declaración pone en tela de juicio la rectitud de esa conducta: ¿por qué hizo la revelación poniendo en peligro la captura del acusado?
Sea como fuere, la suspensión no solo es justa por los graves cargos que se incriminan a un fiscal enredado en el tejido de la corrupción que corroe al Poder Judicial. También puede ser oportuna para el propio Ramos Heredia, a fin de que pueda responder “debidamente las investigaciones”, como ha observado el Instituto de Defensa Legal (IDL).
El IDL señala con acierto que la decisión sobre Ramos Heredia era indispensable para que los fiscales que investigan los casos de “La Centralita” y la “Red Orellana” trabajen libres de interferencias y presiones.
Nuestro diario, en demostración reiterada de su independencia, ha denunciado desde hace tiempo a la mafia encabezada por César Álvarez en Ancash. Asimismo ha condenado una y otra vez los pasos delictivos de la mafia del poder allí instalado.
Respecto a publicaciones regionales, particularmente en Chimbote, hemos deslindado oportuna y reiteradamente con rigor y energía, señalando que nada nos unía con esos periódicos, ni en lo periodístico, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo ético. En más de un caso, hemos padecido procesos judiciales por informaciones maliciosas publicadas en esos órganos. En todos los procesos ha quedado demostrado que esos voceros nada tienen que ver con este diario, que sostenemos contra viento y marea.
Tampoco nos agrada hacer leña del árbol caído. Creemos que el fiscal sancionado debe responder a una investigación grave y múltiple. Su caso involucra aspectos de moral pública. Por eso mismo debe procederse con él, y con todos los involucrados, sin abuso procesal o mediático. La severidad deberá aplicarse en la investigación judicial y congresal, así como en las penas, si éstas corresponden.(diario uno)