Los candidatos de Alianza Para el Progreso (APP), tanto para la comuna distrital de Cochorco (Sánchez Carrión) y la de Florencia de Mora (Trujillo), habrían mentido al no consignar dentro de sus declaraciones juradas, ante el ente electoral, sus pasadas sentencias judiciales.
CASO COCHORCO. Cabe recordar que hace unos días, el postulante a la reelección por Cochorco, Julio César Díaz Carrasco, refirió que la sentencia en su contra por tráfico ilícito de drogas (TID), por el cual fue condenado en 1995 a dos años de prisión suspendida y ratificado en 1997, fue injusta.
En ese sentido, señaló que "la policía me encontró con 120 gramos de PBC (pasta básica de cocaína), pero la compré como objeto de estudio de investigación porque entonces yo estudiaba medicina... No fue por otra índole, nunca la he comercializado". Fue lo que explicó, hace unos días, mediante un comunicado.
EL TESTIMONIO. Sin embargo, tal declaración dista mucho de lo que manifestó, el 26 de octubre de 1990, ante el despacho de la policía que investigó el caso, en la que también estuvieron presentes el representante del Ministerio Público y el abogado defensor del entonces estudiante de medicina y hoy alcalde de Cochorco.
Aquella ocasión, tras la pregunta que se le hiciera a Díaz Carrasco respecto a qué destino daría a la droga que se le incautó, señaló que "la iba vender en bolsitas... a personas desconocidas que merodean por el Concejo Distrital de Florencia de Mora, zona que es frecuentada por personas que se dedican al consumo de droga". Así se lee a la letra en el atestado policial.
"Yo solo - se lee- me he dedicado a esta actividad dolosa un mes antes de mi captura, siendo esta la única vez que adquirí droga la cual me la vendió Adriano Riveros Onofre".
Cabe precisar que el sindicado proveedor, Riveros Onofre, fue condenado a ocho años de prisión por ser reincidente en denuncias por TID.
EL DENUNCIANTE. Como se recuerda, fue el ciudadano Luis Alberto Olivares Cabrera quien presentó la denuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para solicitar la vacancia del burgomaestre reeleccionista por ocultar información al postularse a la alcaldía en el 2010.
El mismo denunciante acusó a Díaz Carraso ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de enriquecimiento ilícito, colusión y peculado por la presunta compra de bienes inmuebles en beneficio de familiares suyos.
CASO MAYOR ORTIZ. Pero también está el caso del mayor PNP en retiro, Marcial Ortiz Sánchez, candidato a la alcaldía distrital de Florencia de Mora, por quien pidieron su exclusión de los próximos comicios ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) debido a que omitió en su declaración jurada que tuvo un sentencia judicial.
Al respecto, Ortiz Sánchez afirmó ayer que se olvidó de consignar tal condena, pero que ello no lo debería perjudicar.
Cabe señalar que dicha sentencia fue dictada el siete de octubre del año 2000, y en ella se señala que tanto Marcial Roberto Ortiz Sánchez y Juan Francisco Luna Azabache (agente policial), fueron condenados por el delito contra la administración de justicia - favorecimiento de fuga, en agravio del Estado- a cuatros años de pena privativa de la libertad, la misma que se suspende condicionalmente por el término de un año, bajo ciertas reglas de conducta que los sentenciados debían de cumplir.
NO SE SALVARÍA. Al respecto, el past decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya, indicó que Ortiz Sánchez debería ser sancionado por el ente electoral "porque al no consignar dicha información de dicho antecedente penal, podría su lista ser considerada improcedente. Y más aún si el delito cometido fue en su condición como autoridad policial", argumentó el letrado.(correo)