Por: Dionicio Mantilla León
La eventual compra por parte del Estado de la refinería de la Pampilla viene generando controversias y un claro afloramiento de posiciones ideológicas marcadas y es que el tema reviste singular importancia habida cuenta del rol que debe tener el Estado en la economía. Como es conocido la petrolera española Repsol es propietaria no sólo de la refinería sino de una envasadora de gas y más de 300 grifos en todo el país y, en la actualidad, viene atravezando por un mal momento debido a un mal manejo empresarial lo que le viene generando, hasta el momento, pérdidas del orden de 600 millones de dólares motivo por el cual ha puesto en oferta sus activos siendo algunos de sus eventuales compradores las AFP , empresas chilenas y el Estado peruano.
En este último caso, la reunión del Presidente Ollanta Humala con el Presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha acentuado el debate sobre la conveniencia o no de la asunción del rol empresarial del Estado. Al respecto, el ex Ministro, Carlos Herrera, y el congresista, Johny Lescano, coinciden en la conveniencia de dicha compra por el Estado, a través de Petroperú. El primero, afirma que “Petroperú es un buen operador siendo un ejemplo su eficiente manejo de la refinería de Talara”, y, el segundo, sostiene que “La Ley sí permite que Petroperú pueda asumir una actividad empresarial”; a ello, el ex presidente de Petroperú, Aurelio Ochoa, agrega que para una mayor garantía de eficacia debe potenciarse esta empresa estatal.
Ahora bien, ante la posibilidad de compra de los activos de Repsol por el Estado los partidos de derecha como la líder del PPC, Lourdes Flores, se vienen rasgando las vestiduras condenando esta eventualidad considerándolo como: “Una barbaridad y un mal manejo de la política económica” amenazando con denunciar constitucionalmente al Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. La falsa tormenta que vienen fabricando los derechistas a ultranza que pretenden llevar el neoliberalismo al extremo no vacilan, a través de sus voceros periodísticos, como Augusto Alvarez Rodrích (La República: 24/04/13) en llenar de epítetos sus columnas de análisis calificando como “mamarracho retrógrado que responde a ideas anquilosadas que ya han probado su fracaso rotundo” ocultando que muchas veces la empresa privada puede fracasar como es el presente caso de Repsol que vende porque ha tenido un mal manejo empresarial intentando convencernos de que es mejor que lo compren las AFP o las empresas chilenas.
El tema del rol del Estado en la economía nacional debe ser visto a la luz de la eficacia y eficiencia en el manejo de las empresas sobre todo de aquellas que tienen que ver con la seguridad nacional como es en este caso los hidrocarburos y de hecho se enmarca dentro de los linderos de una posición ideológica. Para quienes defienden el neoliberalismo y consideran a la inversión privada como la “divina panacea” sin la cual no es posible la existencia de un país, siempre han de tomar la ingerencia del Estado en la conducción de alguna empresa, sea o no estratégica, como un pecado capital sin darle ninguna alternativa como en este caso.
No consideran la posibilidad de que la compra de La pampilla pueda beneficiar a la nación por cuanto permitiría la fijación de precios justos de los combustibles y estaría libre de ventas sospechas al extranjero que dejarían sin crudo a nuestro país tal como ocurrió con el gas de Camisea, tampoco tiene validez para ellos el sentimiento nacionalista herido por la venta de la refinería de La Pampilla en la década de la dictadura de Fujimori, venta que se juntó a las de otras empresas estatales y cuyo monto de más de 9 mil millones de dólares se los llevó al Japón.
El Estado de hecho es un eficaz y eficiente empresario cuando está libre de las garras de la corrupción política para lo cual es preciso encontrar fórmulas que lo eviten, pero jamás se puede juzgar a priori sosteniendo a raja tabla su inoperancia. Un Estado fuerte interviniendo bien en la conducción de las empresas neurálgicas y estratégicas del país junto con una inversión privada que busque incrementar su rentabilidad sin afectar laboralmente a sus trabajadores ni la seguridad e intereses del país es lo más racional y justo, posición ideológica que compartimos la mayoría de peruanos.