Por Nury García Córdova
La ley de consulta previa es una oportunidad para debatir sobre cuestiones de fondo sobre los derechos de los pueblos indígenas y sobre las posibilidades de que nuestro Estado se piense en su condición pluricultural. Son cuestiones que, ademàs, bien podrìan complementar la perspectiva de la inclusión social de nuestro actual gobierno.
La inclusión, como derecho político, implica reconocer la radicalidad que suponen las diferencias, un viraje desde la hegemonía hacia la diversidad , en que ser diferente no signifique ser peligroso y por lo tanto marginado, sino que se pacte una nueva manera de relación social, en que sea posible enunciar todos los nombres de los pueblos.
Que el Estado sea pluricultural requiere, entre otras cosas, que se deje afectar en sus estructuras, que su soberanía sea efectivamente limitada al reconocer la soberanía de los pueblos, su derecho de autodeterminación. Los pueblos indígenas demandan este derecho no con la pretensión de retirarse del Estado, aunque así lo asevere el discurso dominante; se pide inclusión, reconocimiento, ser parte de un Estado, extender su propia libertad.
El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir su propio modelo de desarrollo económico, social y cultural. Se trata de un derecho sustentado en documentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 es otro ejemplo por el cual el Estado soberano cede parte de su soberanía, como expresión necesaria para constituir Nación.
El derecho de autodeterminación presenta también una dimensión económica, por la cual todos los pueblos, para el logro de sus fines pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. La soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales tiene sustento en el derecho internacional. Es una posibilidad para incluir otro modelo de desarrollo, cuyo espíritu de resistencia al extractivismo y depredación de la naturaleza, esboza el horizonte del Buen Vivir de los pueblos del Abya Yala.
El pasado mes de Julio, los pueblos de la América Latina, solicitaron en la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que se dedique un estudio de la relación que existe entre libre determinación de los pueblos, su soberanía sobre los recursos naturales y la efectividad del derecho indígena a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Es un pedido que hacemos nuestro y que debemos asumir como un compromiso ineludible.
La inclusión, como derecho político, implica reconocer la radicalidad que suponen las diferencias, un viraje desde la hegemonía hacia la diversidad , en que ser diferente no signifique ser peligroso y por lo tanto marginado, sino que se pacte una nueva manera de relación social, en que sea posible enunciar todos los nombres de los pueblos.
Que el Estado sea pluricultural requiere, entre otras cosas, que se deje afectar en sus estructuras, que su soberanía sea efectivamente limitada al reconocer la soberanía de los pueblos, su derecho de autodeterminación. Los pueblos indígenas demandan este derecho no con la pretensión de retirarse del Estado, aunque así lo asevere el discurso dominante; se pide inclusión, reconocimiento, ser parte de un Estado, extender su propia libertad.
El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir su propio modelo de desarrollo económico, social y cultural. Se trata de un derecho sustentado en documentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 es otro ejemplo por el cual el Estado soberano cede parte de su soberanía, como expresión necesaria para constituir Nación.
El derecho de autodeterminación presenta también una dimensión económica, por la cual todos los pueblos, para el logro de sus fines pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. La soberanía permanente de los pueblos sobre sus recursos naturales tiene sustento en el derecho internacional. Es una posibilidad para incluir otro modelo de desarrollo, cuyo espíritu de resistencia al extractivismo y depredación de la naturaleza, esboza el horizonte del Buen Vivir de los pueblos del Abya Yala.
El pasado mes de Julio, los pueblos de la América Latina, solicitaron en la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU que se dedique un estudio de la relación que existe entre libre determinación de los pueblos, su soberanía sobre los recursos naturales y la efectividad del derecho indígena a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Es un pedido que hacemos nuestro y que debemos asumir como un compromiso ineludible.