Ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández dice que nueva ley promulgada por el Gobierno de Alan García favorece a la corrupción y debería ser derogada. “Es una ley tramposa”, asegura.
El ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández calificó ayer como “una puerta abierta a la corrupción y al tráfico de influencias” a la Ley Nro. 29703 que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública, la misma que recientemente fue promulgada por el Gobierno de Alan García Pérez.
“Es una ley ´tramposa´ porque han cambiado el artículo 384 del Código Penal con lo cual cualquier funcionario puede cometer un delito, pero mientras tanto no haya un perjuicio económico al Estado no podrá ser sancionado. Eso es una puerta abierta no solo para el tráfico de influencias, sino para la asociación ilícita para delinquir y en especial para la corrupción”, dice el letrado.
Montoya Hernández explicó que con esta nueva ley, los funcionarios del Estado podrán hacer tráfico de influencias con terceras personas interesadas en contratar con el Estado, y no serían sancionados porque usualmente este delito no se puede demostrar con documentos.
“Cualquier funcionario puede cometer un delito con la confianza que el Estado le otorga al momento de designarlo en un cargo, pero lamentablemente, no podrá ser sancionado con esta nueva norma. Esta situación emporará la corrupción en el Estado”, agrega el ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad.
Esa línea Montoya Hernández dijo que inmediatamente, esa ley debe ser derogada, ya que únicamente, favorecerá a los actos de corrupción que se cometan en el Estado.
En tanto, el consejero delegado del Consejo Regional de La Libertad, Ebert Jiménez Urteaga sostuvo que la normal debe ser derogada, ya que perjudica al Estado, puesto que, la corrupción emporará al no sancionar a los funcionarios que cometan delitos.
“Yo creo está mal. Si no se perjudica al Estado económicamente, pero siempre queda un daño moral y ético”, sostuvo Jiménez Urteaga.
El ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad, Manuel Montoya Hernández calificó ayer como “una puerta abierta a la corrupción y al tráfico de influencias” a la Ley Nro. 29703 que modifica el Código Penal respecto a los delitos contra la administración pública, la misma que recientemente fue promulgada por el Gobierno de Alan García Pérez.
“Es una ley ´tramposa´ porque han cambiado el artículo 384 del Código Penal con lo cual cualquier funcionario puede cometer un delito, pero mientras tanto no haya un perjuicio económico al Estado no podrá ser sancionado. Eso es una puerta abierta no solo para el tráfico de influencias, sino para la asociación ilícita para delinquir y en especial para la corrupción”, dice el letrado.
Montoya Hernández explicó que con esta nueva ley, los funcionarios del Estado podrán hacer tráfico de influencias con terceras personas interesadas en contratar con el Estado, y no serían sancionados porque usualmente este delito no se puede demostrar con documentos.
“Cualquier funcionario puede cometer un delito con la confianza que el Estado le otorga al momento de designarlo en un cargo, pero lamentablemente, no podrá ser sancionado con esta nueva norma. Esta situación emporará la corrupción en el Estado”, agrega el ex decano del Colegio de Abogados de La Libertad.
Esa línea Montoya Hernández dijo que inmediatamente, esa ley debe ser derogada, ya que únicamente, favorecerá a los actos de corrupción que se cometan en el Estado.
En tanto, el consejero delegado del Consejo Regional de La Libertad, Ebert Jiménez Urteaga sostuvo que la normal debe ser derogada, ya que perjudica al Estado, puesto que, la corrupción emporará al no sancionar a los funcionarios que cometan delitos.
“Yo creo está mal. Si no se perjudica al Estado económicamente, pero siempre queda un daño moral y ético”, sostuvo Jiménez Urteaga.
DETALLE
Con esta ley, los funcionarios de todos los organismos del Estado podrán hacer uso de sus influencias para beneficiar a terceras personas en contratas, licitaciones y compras, y no podrán ser sancionados.
Con esta ley, los funcionarios de todos los organismos del Estado podrán hacer uso de sus influencias para beneficiar a terceras personas en contratas, licitaciones y compras, y no podrán ser sancionados.
Victor Jara Redactor (la primera)