Fueron denunciados por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de rehusamiento o demora de actos funcionales en agravio del Estado, pues no cumplieron con su labor de indagar hechos irregulares en los que están involucrados sus colegas. Las pesquisas durarán 120 días
De acuerdo a la denuncia que obra en la carpeta fiscal N°4990-2025, los consejeros comprendidos en la acusación no implementaron las acciones correspondientes para fiscalizar el pago presuntamente indebido que se le venía haciendo al consejero regional por la provincia de Pataz, Luis Rodríguez Ponce.
EL CASO
Sucede que la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel)-Pataz, le había otorgado al consejero, Luis Rodríguez, licencias de forma consecutiva durante los años 2001, 2002 y 2023 por media jornada de trabajo, cuando la norma lo impide, pues solo está permitido salir un día a la semana.
El asunto se tornó aún más grave, pues se suponía que la otra media jornada de trabajo, Luis Rodríguez estaba en aula impartiendo clases; pero se le cuestionó por, supuestamente, no haber asistido a cumplir con su labor. A pesar de ello, cobró la mitad de su sueldo.
De este tema los consejeros regionales fueron notificados debidamente mediante la Carta Múltiple N°0003-2024-PROF.J.AC.O-T, con expediente de documento N°OTD00020240294616, pero no cumplieron con su labor de fiscalización. Esto, según el denunciante, Manuel Ruiz Briones, presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú.
OTRO HECHO
De la misma manera, los consejeros fueron notificado con la Carta Múltiple N°006-2024 PROF.J.A.C.O-T, con expediente de documento N°OTD00020240296172, sobre la presunta infracción al literal “C” del artículo 11 de Ley de Contrataciones del Estado, en el que habrían incurrido los consejeros Luis Rodríguez Ponce y Tania Lorena Carranza, pues sus hermanos habrían contratado con el Estado.
Sin embargo, los consejeros, según la denuncia omitieron cumplir con su labor y función de fiscalización.
Los consejeros comprendidos en la investigación son: Lorena Carranza Blas (Julcán, actual presidenta del Consejo), Verónica Escobal Ordóñez (Trujillo), Ever Cadenillas Coronel (Trujillo, hoy vicegobernador), María Cristina Méndez Visitación(Trujillo), Luis Rodríguez Ponce (Pataz) y Samuel Leiva López (Ascope).
También fueron incluidos Lucía Simón Terrones (Gran Chimú),Irma Avalos Contreras (Otuzco), Indhira Espir Calderón (Sánchez Carrión) y Guissela Crisólogo Polo (Sánchez Carrión).
NO ES SU FUNCIÓN
Correo se contactó con la presidenta del Consejo Lorena Carranza y sobre el particular dijo que la Fiscalía tiene la facultad para iniciar la investigación que considere correspondiente. “Pero, ojo, no es nuestra función fiscalizar a cada consejero. Hay entidades que sí tienen que hacerlo. Nosotros vemos el tema de las gerencias regionales y el uso de los recursos del Estado. Sin embargo, soy respetuosa del ciudadano que ha denunciado y la decisión que tome la Fiscalía”, acotó.(Correo).