Autoridades proponen usar el modelo Bukele para mejorar índices de inseguridad.
El momento político, inestable e impredecible a veces entraña algunos peligros. Se convierte en un espacio en el que se lanzan iniciativas como tablas de salvación, sin filtros. Las autoridades se tornan permeables a experiencias que puedan traerles réditos, aunque esto signifique más pérdida de institucionalidad democrática.
Esa parece ser la situación de quienes promueven salidas para la crisis de seguridad que ha generado un aumento incesante de crímenes en las calles. El presidente del Consejo de Ministros y el titular del Poder Judicial han invocado la figura del actual mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, como un modelo a copiar en su lucha contra la delincuencia.
Las menores cifras de crímenes en El Salvador constituyen un modelo atractivo para el 90% de la población salvadoreña que le ha entregado a Bukele su respaldo a cambio de su seguridad. Pero que sean el primer ministro y el presidente del Poder Judicial peruanos quienes propongan medidas similares preocupa sobremanera.
En primer lugar, porque Bukele para lograr aplicar a rajatabla su política de seguridad ha desconocido a las autoridades elegidas o que por definición son autónomas y ha intervenido las instituciones públicas para lograr homogeneizar, alrededor de su persona, el poder político. Uno de los primeros en caer fue el presidente del Poder Judicial de El Salvador.
En el caso del PCM, debería saber que Bukele ha desconocido las normas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos y ha diseñado un gobierno personalista y dictatorial, que ha hecho tabla rasa de las normas constitucionales y que ahora mueve los resortes legales para garantizar su reelección.
Los reportajes periodísticos muestran los tratos en las cárceles y los reclamos de los familiares de los más de 71.000 capturados por el régimen. Se trata del país con más presos y con la cárcel más grande del mundo. También las organizaciones internacionales que protegen los derechos humanos han emitido informes acerca de las violaciones sistemáticas y masivas que se están produciendo. Detenciones arbitrarias, muertes sospechosas, uso excesivo de las fuerzas policiales y un conjunto de arbitrariedades que se aplican bajo un régimen de excepción permanente han hecho del país centroamericano una nación sin Estado de derecho y con pocas garantías democráticas, pero con altísimas cifras de popularidad presidenciales.
Las autoridades peruanas que quisieran copiar a Bukele para mejorar sus alicaídas encuestas tendrían que analizar primero que la pérdida de derechos no es una forma democrática de obtener paz y seguridad.