Poco avance. Jefe policial admite que se dio información no corroborada al ministro del Interior sobre detención de 7 personas. Instalarán una base policial y alcalde pide presencia de las FF. AA. en la provincia.
Los asesinatos de los 9 trabajadores de la mina Poderosa, ubicada en la provincia liberteña de Pataz, siguen impunes.
A seis días de ocurrido el hecho, el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía, general Víctor Zanabria, reconoció que no hay personas detenidas implicadas en la masacre. También admitió que se dio información no corroborada al ministro del Interior, Víctor Torres, quien informó que se habían detenidos a 7 sospechosos del atentado.
Además, el Poder Judicial había anunciado una audiencia para el 5 de diciembre con la finalidad de evaluar la prisión preventiva de los detenidos, pese a que la Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz informó que las personas señaladas como detenidas por el ministro fueron intervenidas en una barbería por tenencia ilegal de armas y no por el homicidio múltiple.
No integraban banda
Todo se inició a las 7.00 de la noche del 2 de diciembre cuando el comisario de Chagual, teniente Luis Oscco Ayala, dio cuenta al coronel Francisco Vargas Andonaire, jefe de la III Macro región Policial La Libertad, sobre la intervención de personas con armas de fuego, dos de ellas de nacionalidad venezolana.
Los señalaron incluso como miembros de la banda ‘La Gota Norteña’ y comunicaron el hecho al fiscal adjunto provincial de Pataz, Lionel Altamirano, iniciando así una cadena de informes inexactos.
Ayer, sin referirse a la información inexacta que dio en Pataz, el ministro del Interior, Víctor Torres, dijo que se instalará en esa localidad una base de la Policía, la cual estará conformada por personal de diversas unidades que aumentarán la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.
Rondas hacen operativos
Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, dijo a este diario que la intervención “demostró una incapacidad de la Policía” y que la masacre se tiene que investigar a fondo.
“De los siete detenidos, cuatro están con prisión preventiva y tres han sido puestos en libertad. Ahora hay otros 11 sospechosos, pero ninguno por la matanza en la mina”, indicó.
Asimismo, dijo que están tomando medidas radicales para proteger a la población. Aseguró que tiene el apoyo de las rondas campesinas y que exigirán la identificación de los ciudadanos. “Toda persona que no acredite alguna actividad laboral será expulsada”, indicó.
Para el burgomaestre esta iniciativa puede ser realizada por el Ejército y solicitó al Ejecutivo la presencia de las fuerzas armadas para disuadir a las bandas que operan en la zona.
“Queremos que el Gobierno envié personal del Ejército a la zona minera, así como a policías calificados para enfrentar este tipo de criminalidad. Tienen que hacer un ‘barrido’. Mientras, las rondas se encargarán del control de las personas. Los que no demuestren por qué están aquí, serán retirados”.
“Criminales tienen que ser castigados”
“No vamos a descansar hasta encontrar justicia. Estas muertes no pueden quedar impunes, los asesinos tienen que ser castigados con todo el peso de la ley”, dijeron los familiares de José Valdivia Rafael (26) y Javier Gonzales Aguilar (23), dos de los trabajadores asesinados en el socavón de la mina Poderosa.
De igual forma se expresaron los deudos de Efraín José Esteban Cantalicio (25) otra de las víctimas del ataque ocurrido hace una semana.
En tanto, el Colegio de Ingenieros del Perú rindió un homenaje póstumo y calificó “Mártires de la minería” a las nueve víctimas de Pataz.