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La ley que reconoce a los Comités de Autodefensa (CAD), promulgada por supuesta insistencia por el Congreso de la República, es inconstitucional ya que no respeta que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del uso de la fuerza legal, señaló, este martes, la exministra de Defensa, Nuria Esparch, en La Mula TV.
En el programa 'Al Filo', Esparch mencionó que la norma establece que los CAD se pueden constituir en cualquier zona del país.
"Ahora, si tenemos 10,000 centros poblados, cada centro poblado podría tener su propio Comité de Autodefensa y pedirle armas al Ministerio de Defensa. Ahora, en el colmo de la irresponsabilidad, han dicho que también pueden ser los privados los que pueden armar a los Comités de Autodefensa", advirtió Esparch.
En entrevista con Javier Torres, la exministra de Defensa explicó que estaríamos ante dos posibles escenarios: en primer lugar, aquel en el que narcotraficantes podrían montar una empresa fachada y poner CAD en todos los pueblos cocaleros del Perú.
"Queramos o no, con mucha pena, un número importante de los campesinos cocaleros están coludidos con el narcotráfico", dijo.
"Tenemos la posibilidad de que un grupo de narcotraficantes arme a los pueblos y el día que se peleen entre pueblos, sería un desastre o, por último, el día que vaya la Policía o las Fuerzas Armadas, para tomar alguna decisión, podrían repelerlos con sus propias armas", señaló.
En segundo lugar, mencionó la exministra de Defensa, podría darse el caso de que una empresa legal como una agroindustrial o una minera, cuando se presente un conflicto o problema, acuda a un CAD creado y armado con sus recursos.
"Imaginemos lo que ha pasado en Las Bambas, donde los trabajadores pedían a los pobladores de la zona que los dejen trabajar. Imaginemos cómo sería la situación si todos los pueblos aledaños estuvieran armados. Sería una matanza", advirtió.
Además, la ley promulgada por el Congreso, establece que las personas integrantes de los CAD contarán con defensa legal pagada con recursos públicos cuando cometiera algún delito como miembro de algún comité.
"¿Qué clase de organización es un CAD? No tienen sitio, se acaban de inventar una cosa nueva, que además los han convertido en casi semifuncionarios públicos porque si le das plata de los impuestos, tienen que rendir cuentas sobre eso y, por tanto, si rinden cuentas, están sujetos a la Contraloría y al ciclo presupuestal", precisó.
Para la exministra, esta ley es inconstitucional porque está atentando contra el monopolio de la fuerza. En ese sentido, recordó que para ejercer legalmente el uso de las armas no solo se necesita entrenamiento especial, sino que se debe cumplir una serie de reglas, que incluso son complejas para las fuerzas estatales.
"Aquí bastaría con un entrenamiento y ya podrían ir a usar las armas para proteger a su poblado. Así no funciona. Es una grandísima iresponsabilidad", señaló.
Ante ello, la exministra de Defensa señaló que el Congreso de la República podría recapacitar y eliminar el peligro por esta ley aprobando otra norma con la que se derogue la ley en cuestión y recupere vigencia el Decreto Legislativo 741, que reconoce el valor de los CAD en la lucha contra el terrorismo.
Lo sacaron del archivo
La exministra de Defensa recordó que las propuestas iniciales fueron presentadas por Alianza Para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) en el año 2020, que el gobierno de Francisco Sagasti rechazó ese proyecto de ley y el Congreso de ese entonces no hizo nada al respecto.
"No estábamos en la misma situación, sino en el proceso inverso, desactivando comités de autodefensa, ya no había ninguna razón para hacer esta nueva norma. Claro que reconocemos el valor de los comités de autodefensa, pero no es necesaria una ley para eso, ese no era el fondo. Se devolvió la norma. El tema es que el Congreso guarda la norma en el archivo y, de repente, de la nada, ha salido esta norma, le han metido diez artículos más donde hacen una mezcolanza de conceptos, donde los comités de autodefensa son potenciales núcleo ejecutor y además miembros del sistema de seguridad ciudadana, pueden recibir donaciones. Hacen un 'arroz con mango' legal", señaló.
Esparch explicó que el texto de la ley señala que se reconsideró una ley del Congreso del 2021 y fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien ha promulgado esta norma sin considerar que el texto no es el mismo.
"Esta norma no se parece a lo que había el año pasado, es otra cosa. Ellos, encima, le agregan artículos, la sacan y la promulgan, con lo cual, con la misma lógica podríamos agarrar una norma rechazada anteriormente por el Ejecutivo en el gobierno de Alejandro Toledo para promulgarla ahora por insistencia. No tiene sentido", dijo.
La exministra de Defensa aclaró que una cosa es el reconocimiento a los CAD por su rol importantísimo en la lucha contra el terrorismo y otra cosa muy diferente es armar una especie de policía de pueblo que administre justicia con mano propia y encima con armas legales.