El economista José de Echave advierte que los acuerdos adoptados en Ayacucho no vulneran ninguna normativa y que las operaciones mineras no se renuevan automáticamente. Además, destaca la voluntad del Ejecutivo para atender demandas ignoradas por décadas.
Por: José Alfredo Madueño
Es evidente que los sectores golpistas buscan con desesperación algún traspié del Gobierno para intentar avivar la vacancia. Ahora, tras el anuncio del acuerdo adoptado en Ayacucho para el cierre progresivo de cuatro operaciones mineras, los voceros del poder económico se suman a la campaña beligerante acusando al Ejecutivo de atentar contra la actividad empresarial. Nada más lejos de la realidad.
El economista e investigador principal de CooperAcción, José de Echave, descartó que se haya vulnerado la normativa legal con el acta firmada en Ayacucho, como se afirma desde los sectores que pegaron el grito en el cielo tras el anuncio de la premier Vásquez. “Es cierto que los planes de cierre pueden ser modificados, pero no son modificados automáticamente ni porque a la empresa se le ocurra. Las autoridades tienen que opinar, evaluar y eventualmente aprobar o desaprobar estas modificaciones”, advirtió.
“La empresa no puede pretender quedarse automáticamente porque de repente descubre nuevas reservas de minerales. Las autoridades evalúan y pueden aprobar o no, las empresas tienen que presentar nuevos estudios de impacto ambiental o una modificación al estudio de impacto ambiental. Y lógicamente si hay antecedentes de impactos ambientales de afectación a fuentes de agua y poblaciones, ese debe ser un factor para que la autoridad decida si es adecuado o no autorizar una ampliación”, dijo.
“En este caso se ha demostrado que las empresas tienen plazos de cierre, que están en proceso, en algunos casos los planes de cierre están en la fase final, y hasta donde tengo entendido nadie ha dicho que se haya presentado una solicitud de ampliación ni han presentado nuevos estudios de impacto ambiental”, agregó.
ESTABILIDAD CONTAMINANTE
En cuanto a la incoherencia en el discurso de quienes sostienen que se ha “afectado la seguridad jurídica” pero omiten el grave impacto que las actividades mineras sin debida fiscalización generan en el medio ambiente y en la salud de la población, indicó que existe una asimetría en el marco legal pues por un lado este resulta muy favorable para los inversionistas, pero al mismo tiempo no controla, regula, fiscaliza, ni sanciona a las mineras y menos protege los ecosistemas ni a las poblaciones que están en la zona de influencia de las operaciones extractivas. “Este conflicto de Ayacucho ya tiene diez años con las mismas demandas por parte de la población y el mismo tipo de actuación por parte de las empresas, y lamentablemente con un Estado que nunca ha intervenido”, indicó.
“Ahora hay una voluntad política para tener presencia del Estado en estos territorios, no olvidemos que en octubre hubo una protesta muy fuerte y una de las exigencias era la presencia de la premier. Ella ha ido , ha escuchado y ha firmado un acta que es el inicio de un conjunto de acciones que se van a desarrollar en la zona, para en primer lugar esclarecer los impactos ambientales en estas provincias y en segundo lugar encontrar soluciones. En este caso hay una mayor voluntad política para solucionar los conflictos de fondo”.
DEBAJO DEL ESTÁNDAR INTERNACIONAL
De Echave también se refirió a los deficientes controles que el Estado peruano ejerce sobre la actividad extractiva, y a los lamentables indicadores respecto a las violaciones de derechos de los defensores ambientales. “Hay varios informes que muestran que la situación en Perú no es muy buena en materia ambiental. No hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo recuerda todos los meses que el Perú se ha convertido en un país donde la mayoría de conflictos socioambientales tiene relación con la minería”. En esa línea, indicó que en comparación con otros países, la legislación peruana en materia ambiental y protección de pueblos indígenas se encuentra muy rezagada.
Y al margen del marco legal, prosiguió, el Estado peruano no ha tenido voluntad política para proteger los derechos de la naturaleza y de las poblaciones en las zonas de influencia. Por tanto, indicó que no solo necesitamos un marco legal exigente de acuerdo a estándares internacionales que permitan las mejores prácticas, sino también un Estado con voluntad política para proteger los derechos de las poblaciones.
“Así como se dice que somos unos de los principales productores de oro y zinc en el mundo, el segundo productor de cobre a nivel mundial, también hay que decir que somos uno de los principales productores de conflictos sociales vinculados a la minería”.
INDIFERENCIA Y NEGACIÓN
Finalmente, uno de los factores predominantes para que campee la impunidad en los diversos casos donde la actividad extractiva ha generado graves impactos a la naturaleza y mortales consecuencias en la población, es la poca visibilidad que tienen estas situaciones frente a la mayoría de la población. Para de Echave, “como esos problemas ocurren en zonas alejadas de los centros de poder político y económico, solamente se visibilizan con los estallidos sociales que se producen cuando durante años están reclamando por sus derechos y no son atendidos”.
“Desde Lima vemos esto como conflictos en zonas muy alejadas, pero los limeños deben saber que en la zona donde se produce el agua para Lima, dentro de Marcapomacocha, en Yauli, Junín, se está instalando un proyecto minero. Entonces, dentro de poco los más de diez millones de personas que vivimos en Lima también vamos a empezar a sufrir los impactos de una actividad que se ubica en zonas que más bien deberían ser protegidas. Nadie dice que no haya minería, pero hay que discutir donde debe haber minería y donde no puede haberla”, dijo.(DIARIO UNO)